El proyecto de ley de extinción de dominio tramitado por los diputados a golpe de tambor bien podría llamarse “Ley de Extinción del Estado de Derecho”, pues, de aprobarse, suspendería garantías constitucionales fundamentales a quienes se vean afectados, tales como el principio de presunción de inocencia, la inviolabilidad de la propiedad privada y el derecho al debido proceso.
El principal promotor es Antonio Álvarez Desanti, pero cuenta con el apoyo entusiasta de la administración Solís y de la mayoría de las fracciones legislativas, que hasta ahora han ignorado las objeciones de expertos constitucionalistas y de la Defensa Pública. El proyecto pretende darle al Estado amplias facultades para decomisarles los bienes a quienes sean sospechosos de participar en una serie de actividades delictivas sin que medie una condena penal.
Bajo esta legislación, toda persona sospechosa es culpable hasta demostrar lo contrario: el peso de la prueba recae sobre el acusado. El artículo 48 incluso señala que la investigación patrimonial tendiente a determinar si hay causa para el decomiso de bienes tiene como propósito “desvirtuar la presunción de buena fe” de los investigados. Es decir, la investigación ya llegó a una conclusión antes de empezar a recabar los hechos.