EscucharLa última vez que una campaña electoral estuvo dominada por la religión en Costa Rica fue en 1894, cuando el Partido Unión Católica (PUC), que se proponía derogar las reformas liberales aprobadas unos años antes y restablecer el reino de “Nuestro Señor Jesucristo”, obtuvo entre el 48 % y el 51 % de los votos populares y quedó en una posición favorable para elegir al próximo presidente de la República.
Mediante prácticas fraudulentas, el gobierno de José Joaquín Rodríguez (1890-1894) anuló las votaciones en algunos distritos donde el PUC había obtenido mayoría, lo que motivó una rebelión dirigida por varios sacerdotes y líderes católicos. Tras sofocar las revueltas, las autoridades aseguraron el triunfo de Rafael Iglesias, secretario de Guerra, Gobernación, Policía y Fomento, y yerno de Rodríguez.
Aunque en campañas posteriores estuvieron presentes asuntos religiosos, no fue hasta en el 2018 que, 124 años después de la derrota del PUC por medio del fraude, la religión volvió a dominar una contienda electoral.
PLN. El ascenso de lo religioso en la campaña del 2018 fue resultado de la combinación de tres procesos principales. El primero consistió en que, tras las convención del Partido Liberación Nacional (PLN), efectuada en abril del 2017, el precandidato ganador, Antonio Álvarez Desanti, fracasó en incorporar a los simpatizantes de las otras tendencias, especialmente a quienes apoyaban al expresidente José María Figueres.
Tal vacío pronto llevó a una división del PLN, al parecer aprovechada por el abogado Juan Diego Castro, candidato por el Partido Integración Nacional (PIN). Castro habría captado el respaldo no solo del figuerismo, sino de los líderes y sectores liberacionistas opuestos a Óscar Arias Sánchez, quien apoyó a Álvarez en la convención.
Sin sopesar debidamente que su victoria en esa convención fue resultado más del antifiguerismo que de la fuerza de su tendencia, Álvarez empezó a dilapidar su precario capital político al respaldar a un diputado evangélico, Gonzalo Ramírez, para presidente de la Asamblea Legislativa en mayo del 2017.
Rivales. El segundo proceso fue que dos de los principales rivales del PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el Frente Amplio (FA), escogieron como candidatos presidenciales a personas con un muy limitado capital político: Edgardo Araya y Carlos Alvarado.
Tal escogencia obligó a ambos aspirantes a construir capital político en un contexto muy desfavorable: para Araya, el desafío era responder por el pobre desempeño del FA en la Asamblea Legislativa.
La situación de Alvarado no era mejor: además de enfrentar el desgaste que siempre supone ser el candidato del partido gobernante, tuvo que lidiar con los cuestionamientos sistemáticos que el diputado y fundador del PAC, Ottón Solís, hacía a la administración de Luis Guillermo Solís.
Cemento. Fue en este escenario electoral, en el que existían amplios espacios para que otros aspirantes presidenciales y fuerzas políticas pudieran crecer, que se desencadenó el tercer proceso: el escándalo por la importación de cemento chino, que estalló en setiembre del 2017.
Lejos de limitarse a dañar al gobierno de Solís y al PAC, el llamado escándalo del cemento chino perjudicó también al PLN, al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y al Movimiento Libertario (ML), e impactó con toda su fuerza contra el Poder Judicial.
En lo inmediato, el principal ganador del escándalo fue Castro, que empezó a subir en las encuestas de intención de voto y se perfiló como uno de los dos candidatos que podría clasificarse a una segunda ronda.
Castro procuró consolidar esa ventaja a partir de declaraciones desproporcionadas e imprudentes, que apelaban al desencanto de la ciudadanía con el sistema político, con el gobierno y con los partidos afectados por el caso del cemento chino, sobre todo, el PLN liderado por Álvarez.
Dicha estrategia resultó contraproducente para Castro porque posibilitó que, a partir de esas declaraciones extremas, los medios de comunicación emprendieran una fuerte campaña en su contra, que encontró los ecos debidos en las redes sociales.
Iglesia. Los tres procesos referidos posibilitaron que la Iglesia católica, al percatarse de lo agitadas e inciertas que estaban las aguas electorales, procurara aprovechar la situación para recuperar posiciones perdidas y, con la justificación de defender la vida y la familia, organizara una marcha en diciembre del 2017.
Detrás de esa marcha, a la que se sumaron sectores evangélicos como socios menores, estaba el interés de la Iglesia por traerse abajo el programa de educación sexual, aprobado durante el gobierno de Laura Chinchilla (2010-2014) y uno de los principales logros educativos y culturales del PLN en las últimas décadas.
Aquí fue cuando Álvarez empezó a sentar las bases para la más catastrófica derrota del PLN en toda su historia: en vez de imitar a Óscar Arias, quien en 1986 tuvo el coraje de realizar una campaña electoral a contracorriente, Álvarez optó por no reivindicar ese logro y sumar su voz a la de quienes lo impugnaban.
Recomendación. Luego de que a inicios de enero del 2018 se conoció la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que Costa Rica aprobara el matrimonio igualitario, la campaña electoral adquirió todas las características de una guerra de religión.
Una vez que el fanatismo religioso se apoderó del escenario político, los graves problemas que enfrenta la sociedad costarricense (pobreza, desempleo, déficit fiscal e inseguridad, entre otros) desaparecieron como por arte de magia, y lo único que pareció importar era si las parejas no heterosexuales iban a poder casarse o no.
Impulsado por la extraordinaria caja de resonancia creada por la Iglesia católica, Fabricio Alvarado, candidato del evangélico Partido Restauración Nacional (PRN), empezó a subir en las encuestas; un ascenso favorecido por sus propios rivales electorales.
Enfrentados con el desafío planteado por la recomendación de la Corte, la mayoría de los otros partidos políticos, en lugar de diferenciarse a partir de una posición social y culturalmente progresista, hicieron exactamente todo lo contrario, en un desesperado intento por competir, en el mercado del prejuicio, el miedo y la intolerancia, con los expertos en la comercialización de esos productos.
Para el PUSC y especialmente para el PLN, esa parece haber sido una apuesta fatal, ya que en vez de atraer el apoyo de los votantes progresistas del PAC, del FA y de los indecisos, habrían perdido el respaldo de los sectores progresistas de sus propios partidos, el cual fue captado por Carlos Alvarado.
Nunca antes, en una contienda electoral, un candidato del PLN se había equivocado tanto como lo hizo Álvarez en la presente campaña: cada vez que tuvo que pronunciarse sobre el tema de la familia, el matrimonio y la sexualidad, lo hizo en contra de la tradición culturalmente progresista del liberacionismo histórico.
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Barbarie. Desde inicios del siglo XXI, el PLN se dedicó a negociar con los políticos evangélicos y a impulsar sus carreras legislativas. A su vez, la Iglesia católica procedió de manera similar, al establecer acuerdos con los pastores de esos cultos. Todo esto lo hicieron sobre la base de un supuesto: que los evangélicos serían siempre socios menores y dependientes. Ahora los términos de esas alianzas se han invertido.
Con la religión estratégicamente posicionada para la segunda ronda electoral, Costa Rica es como un camión sobrecargado, que transita a alta velocidad, al borde de un abismo, mientras le empiezan a fallar los frenos.
En 1894 ocurrió una situación parecida, pero el país no se despeñó porque José Joaquín Rodríguez lo evitó, a costa de la democracia. Puesto que no parece razonable esperar que don José Joaquín se levante de su tumba y repita lo que ya hizo, ahora solo Costa Rica puede salvar a Costa Rica.
La elección del primer domingo de abril es de tipo “sarmientino”: no es simplemente para escoger entre dos candidatos o entre dos partidos políticos; es para elegir entre lo mismo que estaba en juego en 1894: la civilización o la barbarie.
El autor es historiador.
