Los estudiantes de secundaria de Francia me han llevado a revisar esa percepción, extendida entre los adultos, de que la juventud vive desinteresada de cuanto sucede a su alrededor. Sus movilizaciones demuestran que tienen conciencia de sus necesidades, saben expresar sus demandas y están dispuestos a defender su formación. Veo en esa actitud una señal alentadora de compromiso ciudadano que merece reconocimiento.
Reclaman mejores condiciones educativas: infraestructura adecuada, suficientes docentes, recursos y financiamiento para recibir una enseñanza digna. Me parecen exigencias legítimas. Cuando les pedimos prepararse para asumir las responsabilidades del mañana, debemos garantizarles las condiciones para hacerlo. No podemos exigir esfuerzo y dedicación mientras les ofrecemos aulas deterioradas, carencias de personal o presupuestos insuficientes.
Entiendo que la falta de respuestas satisfactorias haya impulsado a estos jóvenes franceses a salir a las calles. También comprendo que otros sectores se sumaran, llevando sus propias preocupaciones sobre el costo de vida y los servicios públicos. Esa coincidencia expresa un malestar social que las autoridades tienen la obligación de escuchar, sin reducirlo a una molestia pasajera.
Sin embargo, observo con preocupación cómo algunas manifestaciones desembocaron en saqueos, incendios y ataques contra personas, comercios y edificios públicos. El incendio del ayuntamiento de Limoges me resulta doloroso. Destruir un patrimonio colectivo no resuelve ninguna carencia educativa. Tampoco acerca una solución para quienes necesitan mejores escuelas. Por el contrario, añade pérdidas, miedo y sufrimiento a una comunidad.
Considero fundamental destacar la distinción planteada por el presidente Emmanuel Macron. Reconoce el derecho de la ciudadanía a manifestarse, expresar su inconformidad y presentar públicamente sus demandas. Su rechazo se dirige contra la violencia. Según su valoración, sectores ajenos al origen de las reivindicaciones estudiantiles han aprovechado las movilizaciones para provocar enfrentamientos, destrucción y caos. Comparto la necesidad de distinguir ambas conductas y de investigar las responsabilidades correspondientes.
Para mí, defender el derecho a protestar implica también impedir que otros lo conviertan en instrumento de intimidación. Quien marcha pacíficamente por una mejor educación ejerce ciudadanía. Quien incendia, saquea o agrede infringe la ley y perjudica a los propios estudiantes, porque desplaza sus demandas y entrega al debate público imágenes de destrucción donde deberían escucharse propuestas y razones.
Creo, además, que los gobiernos no pueden dar por cumplida su tarea cuando consiguen restablecer el orden. Después de los disturbios, siguen pendientes los problemas que originaron la protesta. Espero de una autoridad democrática firmeza frente al delito, respeto por los derechos y disposición para dialogar. Escuchar oportunamente y ofrecer soluciones concretas también constituye una forma de cuidar la convivencia.
Por eso, me resisto a que el vandalismo borre el significado de la participación juvenil. Estos estudiantes nos recuerdan que la educación importa y que su futuro merece atención. Me parece injusto llamarlos apáticos cuando guardan silencio y descalificarlos cuando deciden hacerse escuchar. Su compromiso merece interlocutores capaces de responder con seriedad.
A los estudiantes franceses que defienden pacíficamente su formación, les expreso mis congratulaciones. A quienes aprovechan esas movilizaciones para destruir, agredir e imponer el miedo, les manifiesto mi mayor censura.
Defiendo una juventud activa y una democracia que escuche; exijo también respeto por la vida, los bienes y la seguridad de todos. Ambas convicciones forman parte de una misma responsabilidad ciudadana que considero indispensable para preservar nuestra convivencia democrática.
jecastillob@gmail.com
Enrique Castillo es catedrático retirado de la UCR, abogado, sociólogo, diplomático, exministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, y escritor.