La mesa de diálogo social sobre pensiones ha resultado ser una tomadura de pelo, un ejercicio en cinismo y un magnífico ejemplo de cantinfleo político. Durante seis meses, logró ahogar el intenso debate sobre el futuro de las pensiones que se dio en el país durante la primera mitad del año, haciendo que hacían mientras se ponían de acuerdo en no hacer nada y dejar las soluciones para alguien con más agallas en un futuro incierto.
Si la descripción anterior fuera la suma de todas las críticas, la situación ya sería grave. Lamentablemente, lo que la mesa de diálogo acordó es aún peor. Pongamos las cosas en contexto y vamos al detalle.
Aportes insuficientes. En diciembre del año pasado, la Escuela de Matemática de la UCR emitió un informe actuarial sobre el Régimen de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja. Los actuarios advirtieron de que el régimen se acerca a paso acelerado a su punto de insolvencia.
Hoy, los aportes que hacen obreros, patronos y Estado al IVM son insuficientes para pagar las pensiones vigentes. Por ello, desde hace cinco años se está usando el retorno de las inversiones del fondo de pensiones para completar el faltante.
En el escenario base del estudio de la UCR, considerado el más probable, estamos a siete años de que los rendimientos de las inversiones sean insuficientes para cubrir el déficit, por lo que en el 2024 el IVM empezaría a comerse su reserva. Y tan solo seis años más tarde, en el 2030, la reserva se agotaría y el régimen no podría seguir pagando las pensiones prometidas a los cotizantes.
Propuestas alternativas. La UCR propuso una serie de medidas –todas dolorosas e impopulares– para darle sostenibilidad al régimen por los próximos 100 años: aumentar la edad de retiro a 67 años, triplicar el aporte tripartito a casi 27 % del salario y disminuir la pensión del 60 % al 40 % del promedio de los últimos 240 salarios del trabajador. Esto las llevaría a niveles que serían de pobreza para una altísima proporción de los pensionados presentes y futuros.
El 19 de marzo de este año, en un artículo publicado en este mismo diario (“Propuesta para la sostenibilidad de las pensiones”), hice una propuesta diferente para la sostenibilidad del sistema de pensiones costarricense, que exige una reforma profunda del régimen, pero en la que no sería necesario subir el aporte tripartito de manera tan exagerada ni la edad de retiro, ni disminuir el monto de la pensión.
Lamentablemente, la mesa de diálogo de la CCSS no tomó ninguno de los dos caminos señalados. Lo que hizo fue lo que popularmente se conoce como patear el tarro. Pasar la papa caliente. Subir el gato al techo.
Más estudios. La mesa de diálogo propone no tocar la edad actual de retiro e “iniciar los estudios necesarios para acogerse al Convenio 128 de la OIT y analizar la conveniencia de hacer ajustes en la edad de retiro”. El artículo 15 del Convenio estipula que, para establecer una edad de retiro superior a los 65 años, es necesario tomar en cuenta “criterios demográficos, económicos y sociales apropiados, justificados por datos estadísticos”. La recomendación, por ende, equivale a contratar un nuevo estudio para justificar el posible aumento de la edad de pensión.
De estudios actuariales está empedrado el camino a la eventual quiebra del IVM. En el 2007 se contrató un análisis a la firma mexicana Nathal, con un costo de $30.000. En el 2009 se le pagó $50.000 a la Organización Internacional del Trabajo para otro estudio. El informe del actuario argentino Eduardo Melinsky tuvo un costo de $125.000 en el 2015. Y a la UCR el año pasado se le pagaron ¢44,5 millones por el más reciente análisis.
Acude a mi mente aquel sabio refrán que sostiene que lo que no cuesta se hace fiesta. No cuesta, por supuesto, a los funcionarios que alegremente contratan los estudios. Porque para los afiliados del IVM la cuenta ya va sumando en exceso de ¢160 millones al tipo de cambio actual, y cada uno de los estudios ha sido luego desechado por las autoridades. Pero esto ni siquiera es lo peor.
Propuesta inmoral. Una de las principales propuestas, en términos de impacto en las finanzas del IVM, sería la de promover un proyecto de ley para autorizar al Gobierno a transferir ¢60.000 millones anuales al IVM (con ajustes por inflación). Estos recursos se le quitarían al Fodesaf.
No existe justificación moral para semejante despropósito; es quitar dinero a las personas más pobres del país —las que reciben subsidios de Asignaciones Familiares— para medio tapar un hueco que ellos no crearon.
También sería necesario modificar la ley para llevar a cabo la propuesta de acelerar el incremento — aprobado en el 2005— de la cotización tripartita. Hoy crece al ritmo del 0,50 % del salario cada cinco años, y pasaría a incrementarse en el mismo monto cada tres años.
Algunas de las propuestas consensuadas tienen sentido, pero su impacto real sería poco significativo. Por ejemplo, se propone trasladar al IVM el aporte patronal del 0,25 % del salario del trabajador, que hoy se destina a capitalizar gratuitamente al Banco Popular, en condiciones de ventaja que no disfruta ningún otro banco estatal ni privado.
Tampoco podían faltar los saludos a la bandera en la propuesta. Incrementar el rendimiento real de las inversiones del IVM de su histórico 4 % a un 4,8 % anual no es algo que se pueda simplemente decretar. Habrá que leer la letra menuda, pero sin un cambio radical en el diseño del régimen, no podemos esperar grandes cambios en este indicador.
La nueva meta de rendimiento, aun así, es mediocre. En el régimen chileno, que incorpora una vigorosa competencia en la provisión de los planes de retiro y la posibilidad de invertir los fondos en obras de infraestructura, el rendimiento promedio de las inversiones en los últimos 36 años ha sido del 8,1 % anual en dólares.
Mucho ruido y pocas nueces. El cinismo se desborda en la propuesta de volver a convocar la mesa de diálogo dentro de cinco años. En vez de abocarse a proponer soluciones, que las hay, la salida fácil parece ser pretender convertir el mecanismo de diálogo en un accesorio permanente de nuestro paisaje previsional.
Fueron 34 las propuestas, pero los cambios son cosméticos. Los propios miembros de la mesa han reconocido que el efecto acumulado de las 34 propuestas es, a lo sumo, posponer el próximo momento crítico del IVM por cinco años.
Veíamos antes que, según las proyecciones actuariales de la UCR, sin reformas el IVM agotaría su reserva dentro de 13 años. Con la chayotera de propuestas de la mesa de diálogo, la reserva se agotaría en 18 años, y eso bajo el supuesto de que todas las recomendaciones sean adoptadas por la Junta Directiva de la Caja y que las leyes necesarias sean aprobadas instantáneamente.
En términos actuariales, cinco años no es nada. Las finanzas del IVM seguirán en estado crítico, pero pareciera que ya a nadie le importa. Muy a la tica, el problema le quedará a alguna administración futura. Y, por supuesto, a las personas jóvenes que ya trabajan, o pronto se incorporarán a la fuerza laboral, que tendrán que cotizar para un régimen al borde de la quiebra, que no les garantiza una pensión al final de sus carreras y al cual quienes hoy ostentan el poder no tienen el menor interés en reformar.
El autor es economista.