Resulta edificante que del intenso debate desarrollado en las últimas semanas sobre la necesidad de reformar el sistema de pensiones hayan aflorado diversas propuestas. Pero no todas atacan los problemas de fondo y, por ende, no cualquier reforma los resolverá.
Las autoridades de la Caja pregonan estar dispuestas a escuchar todas las propuestas, pero parecen estar casadas con la idea de modificar los parámetros –cotización, edad de retiro y monto de la pensión– sin hacerle reformas profundas al IVM. Flaco favor le harían a las generaciones presentes y futuras.
Para plantear una reforma sensata, es necesario entender la raíz de los problemas y la forma de solucionarlos. El sistema de pensiones de Costa Rica presenta los siguientes defectos:
Dispersión: hay varios regímenes de pensiones con diferentes condiciones (aportes, beneficios y edad de retiro), siendo los principales los del Magisterio, del Poder Judicial y el IVM. Los primeros dos se sostienen gracias a un jugoso aporte estatal, a pesar de que las cotizaciones de los trabajadores son mayores que los del IVM. En ambos campean los pensionados de lujo. El superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, ha afirmado que “nadie que se pensiona del Poder Judicial aportó suficiente para lo que se está llevando”. Esto resulta en odiosas diferencias entre ciudadanos que se suponen iguales ante la ley. Además, ya hemos visto que tanta largueza en el cálculo de las pensiones es insostenible.
Diseño piramidal del IVM: el principal régimen de pensiones de Costa Rica depende para su supervivencia de que cada generación de trabajadores sea suficientemente numerosa para que sus aportes cubran las pensiones de los jubilados, que cada vez son más y viven más tiempo. Sin embargo, con la marcada reducción de la tasa de natalidad y la mayor expectativa de vida, hay cada vez menos trabajadores activos por cada pensionado. En 1970 había 32,4 trabajadores por pensionado; hoy hay apenas 6,7. Nos acercamos peligrosamente al día en que las cotizaciones de los trabajadores serán insuficientes para cubrir los pagos a los pensionados.
Inminente quiebra: diversos estudios actuariales han advertido que, en ausencia de reformas, el IVM se quedará sin dinero dentro de 10 o 15 años; el Poder Judicial bastante antes. El hecho de que los otros regímenes se sostengan gracias a un elevado aporte estatal quiere decir que sin dicho aporte también son insolventes. Entendamos que al decir “aporte estatal” estamos hablando de impuestos que pagan todos los ciudadanos, incluidos los pobres, para financiar las pensiones de lujo. Una versión muy perversa de la pregonada solidaridad.
Inversiones mal administradas: como el pilar básico del sistema de pensiones (el IVM) es un monopolio estatal, alrededor del 90% de los fondos de las pensiones están invertidos en bonos del Estado. El rendimiento anual de las inversiones del IVM es del orden del 4% real, mientras que en el vilipendiado sistema chileno el rendimiento real de los últimos 36 años es del 8,1% anual.
Elevado costo de la seguridad social: al costo de las pensiones hay que agregar el del seguro de salud y otras cargas parafiscales que pesan sobre el empleo. Esto representa para el patrono un 37,4% sobre el salario de sus empleados (sin incluir vacaciones, aguinaldo y cesantía), aparte del 9,34% que se rebaja a los trabajadores. Los elevados costos tienen consecuencias nefastas: promueven la informalidad, atizan el desempleo al encarecer la contratación de personal y matan el incentivo a cotizar para la pensión futura (y para los servicios de salud).
Propuesta. Para evitar la dispersión y eliminar la insolidaria financiación de las pensiones de lujo por parte de las personas más pobres, un nuevo sistema de pensiones deberá cerrar los diferentes regímenes e incorporará a todos los trabajadores nuevos en un solo esquema, en igualdad de condiciones para todos, sin odiosos privilegios para algunos.
El diseño piramidal del IVM es lo que lo está llevando a la quiebra, mientras que para los otros regímenes el detonante son las pensiones de lujo: aquellas cuyos beneficios superan los que corresponden al nivel de cotización de los trabajadores. Por lo tanto, el nuevo sistema de pensiones no podrá tener un diseño piramidal y deberá ligar los beneficios a los aportes que en nombre de cada trabajador hacen el propio obrero y su patrono.
El nuevo sistema de pensiones deberá promover el manejo eficiente de las carteras de inversión, de manera que se potencie el crecimiento económico y aumente la tasa de participación en la fuerza laboral (al tiempo que se disminuye el desempleo), y que los trabajadores puedan disfrutar de pensiones mayores con un mismo monto cotizado. Es decir, sin incrementar los costos de contratación.
No más reparto. El único esquema de pensiones que promueve todos los objetivos planteados es el de cuentas de capitalización individual, en un marco de competencia, como pilar fundamental del sistema.
En él, los aportes obrero-patronales se acumulan en la cuenta personal del trabajador. Tiene la virtud de empoderar al trabajador, permitiéndole escoger la operadora de pensiones de su preferencia y cambiarla cuando crea que un competidor le ofrece mejores rendimientos o servicio.
Los beneficios se ligan directamente a las cotizaciones obrero-patronales, introduciendo el concepto de responsabilidad: la pensión del trabajador dependerá directamente de los aportes que haga durante su vida laboral, reduciendo el incentivo para reportar salarios menores que los reales o para dejar de cotizar por períodos prolongados. Además, se elimina de cuajo las pensiones de lujo, en el sentido de que nadie recibirá una pensión que no corresponde a sus aportes.
Otro aspecto muy importante de la capitalización individual es que garantiza la sostenibilidad del sistema en el tiempo, ya que las pensiones básicas no dependerán de la cantidad de trabajadores por pensionado, ni peligrarán por el envejecimiento relativo de la población. Son los propios aportes obrero-patronales los que garantizan la pensión del trabajador.
La competencia en la administración de las pensiones básicas, y que el trabajador pueda trasladar su cuenta de una entidad a otra (portabilidad), obligará a los operadores de pensiones a procurar los rendimientos más atractivos posibles dentro de los parámetros de seguridad y razonabilidad establecidos, redundando en una pensión mayor para el trabajador que haga religiosamente sus aportes.
En el afán de mejorar los rendimientos, los fondos de pensiones podrían financiar el desarrollo de la infraestructura productiva del país, en vez de estar financiando el gasto corriente. Con ello potenciaremos el crecimiento económico, reduciremos del desempleo y mejoraremos la calidad de vida de las personas.
El sistema de pensiones se complementaría con un pilar secundario, financiado primordialmente con los aportes estatales, para cubrir las pensiones del régimen no contributivo y las pensiones subsidiadas para quienes, habiendo contribuido, no alcancen una pensión digna. Por último, se mantendría el pilar de pensiones voluntarias para quienes deseen complementar su pensión básica con un ahorro adicional.
Considerando que hoy día el patrono aporta un 5,08% al IVM y un 3,25% a las OPC, mientras que el trabajador cotiza un 3,84% al primero y un 1% al segundo, tendríamos un aporte conjunto del 13,17% del salario del trabajador, 30% superior a la cotización tripartita que recibe hoy el IVM. Si lográramos que el sistema emule los rendimientos de las administradoras de pensiones chilenas (de 60% a 100% superiores a los de las OPC y el IVM), los costarricenses podríamos disfrutar de pensiones mucho mejores que las actuales, sin subir los costos de contratación de personal.
Si aspiramos a tener un sistema que garantice las pensiones de los trabajadores y fomente el desarrollo económico, no podemos caer en las soluciones simplistas –ajustes de parámetros sin una cirugía mayor– que únicamente buscan “patear la bola hacia adelante”.
Tampoco debemos dejarnos embaucar por demagógicas e irresponsables propuestas de hacer “regalos” (a expensas del fisco) a cada niño que nazca y otras de similar ralea que ya andan promoviendo algunos políticos de siempre.
El autor es economista.