A las 8:45 de la mañana del jueves 20 de mayo, una veintena de policías antimotines asaltaron la oficina que provisionalmente habíamos instalado en un centro corporativo para producir los programas televisivos Esta semana y Esta noche.
Tres años antes, en diciembre del 2018, la misma policía ocupó militarmente nuestra redacción, incluido el estudio de televisión, hasta consumar la confiscación ilegal del inmueble en febrero de este año.
Igual que en el 2018, la policía llegó sin ningún mandato judicial a ejecutar una orden política de su jefe supremo, el presidente Daniel Ortega, candidato a la tercera reelección presidencial consecutiva, para cerrar un medio de comunicación independiente con la fuerza de las armas. Su misión era capturar a los periodistas de Confidencial que la policía, repitiendo la propaganda partidaria del FSLN, califica de «golpistas» por hacer «periodismo independiente».
Durante la ocupación tuvieron detenido durante siete horas a nuestro camarógrafo Leonel Gutiérrez y lo sometieron a un interrogatorio de espionaje político para criminalizar el ejercicio del periodismo. «¿Dónde está Carlos Fernando Chamorro? ¿Cómo trabajan los periodistas de Confidencial? ¿Dónde están los golpistas? ¿Con quiénes se reúnen en esta oficina?», le preguntaron.
Al final, vaciaron la oficina y se llevaron dos cámaras de televisión, con sus trípodes, luces y micrófonos; el switcher y control máster, dos editoras de televisión, un iPad con su trípode y accesorios, dos computadoras y varias cajas de documentos institucionales y personales, sin entregar un acta de incautación.
Nos dejaron una oficina vacía, completamente saqueada, a la que nadie puede acceder porque está custodiada por tres policías armados, como si la redacción donde se reunían los periodistas para debatir ideas en libertad y redactar noticias, reportajes e investigaciones fuese la escena de un crimen atroz.
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Cerrado, pero no callados. Gracias a la solidaridad de personas que nos facilitaron equipos para sortear la emergencia, el domingo pudimos producir y transmitir el programa Esta semana, mientras el sitio web de Confidencial se mantiene en línea, informando de forma ininterrumpida.
Nos cerraron por segunda vez, pero no nos callaron. Se llevaron todo, pero seguimos demostrando que nunca van a confiscar el periodismo.
Esta es la tercera vez que la dictadura de Daniel Ortega lanza un ataque frontal contra mí para aplastar las libertades de prensa y de expresión. El primer asalto ocurrió hace 13 años, el 11 de octubre del 2008.
Policía y fiscales allanaron la organización no gubernamental Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), que sin ninguna prueba fue acusada de lavado de dinero. Un año antes Esta semana había transmitido el caso de una supuesta extorsión en Tola, que desató una ola de linchamiento en los medios oficiales y una fallida investigación oficial.
Pero, en honor a la verdad, los policías y fiscales que ejecutaron el allanamiento constataron que no existía ninguna relación institucional entre la oenegé Cinco y los medios de comunicación Confidencial y Esta semana, que dirijo, aunque las tres instituciones alquilaban oficinas separadas en el mismo inmueble.
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Se llevaron cinco mil folios de información contable y cuatro computadoras de Cinco, pero no allanaron las redacciones de Confidencial y Esta semana. Fue un zarpazo contra la libertad de asociación y la libertad de expresión, un aviso premonitorio, cuando en Nicaragua aún se estaba implantando la dictadura Ortega Murillo, pero los jueces, fiscales y policías todavía guardaban un mínimo respeto por el debido proceso.
Sin embargo, diez años después, bajo una dictadura consolidada que desmanteló la institucionalidad democrática al amparo del pacto corporativista entre Ortega y los grandes empresarios, el caudillo del FSLN ordenó un nuevo asalto directamente contra Confidencial.
Más acciones. Después de la masacre de abril y la operación limpieza, durante el conflicto en diciembre del 2018, la policía se llevó todos los equipos y documentos de las empresas productoras de Confidencial y Esta semana, y de una tercera empresa de consultoría ambiental, propiedad de mi esposa, y ocupó nuestra redacción de forma permanente hasta confiscarla de forma ilegal.
El primer comisionado Francisco Díaz justificó el asalto policial alegando que la policía había llegado a cerrar la oenegé Cinco, que fue despojada de su personería jurídica, aunque la policía, la Fiscalía y el Ministerio de Gobernación habían reconocido que la oenegé Cinco y la empresa Confidencial son razones sociales distintas y no existía ninguna relación entre ambas.
Dos años y medio después, a menos de seis meses de las elecciones presidenciales, estamos ante una nueva ola represiva del régimen que intenta cerrar todos los espacios de libertad de prensa y de competencia política. Ortega ya canceló la personería jurídica del PRD para eliminar a la Coalición Nacional y hay un proceso de inhibición en curso contra varios precandidatos presidenciales para frenar de antemano la competencia electoral el 7 de noviembre.
Como parte de esta nueva ola represiva, la policía ejecutó un nuevo allanamiento contra Confidencial, para cerrar por segunda vez este medio de comunicación. Nuevamente, no hay una orden judicial u otra justificación que no sea la desesperación de Ortega por aplastar la libertad de prensa, aunque el pretexto que expresaron verbalmente los policías antimotines es que estaban ejecutando una incautación contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, perseguida por presunción de lavado de dinero, aunque saben perfectamente bien que no existe vínculo o relación entre la Fundación y Confidencial.
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Condenamos la criminalización de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, a la que pretenden acusar de delitos penales para despojar de sus derechos políticos a mi hermana Cristiana Chamorro e inhibirla como precandidata presidencial, y rechazamos este nuevo asalto contra la libertad de prensa y de asociación.
Exhortamos a las fuerzas vivas del país —a los ciudadanos autoconvocados, los líderes de la oposición y los precandidatos presidenciales, los servidores públicos (civiles y militares), los grandes empresarios y los gremios del sector privado y a los líderes de la Iglesia católica— a demandar la suspensión del Estado policial para recuperar la libertad de movilización y exigir una reforma electoral para salir de la dictadura.
En Confidencial continuaremos haciendo periodismo para recuperar la libertad, fiscalizando el poder, informando la verdad y promoviendo el debate público. La dictadura que se ha atornillado en el poder por la fuerza no es sostenible a mediano plazo, y más temprano que tarde caerá como resultado de la resistencia cívica con elecciones libres.
Tengo la convicción de que los periodistas vamos a contar la historia de cómo se cambia de forma pacífica una dictadura sangrienta para devolverle al país la esperanza del cambio democrático.
carlosf.chamorro@confidencial.com.ni
El autor es periodista nicaragüense.