El presidente Chaves anunció la venta de algunos activos del Estado. Quedan por afinar algunos detalles para que, al pasar de la idea a la acción, se logre el mayor beneficio posible para el país.
Con la venta, el gobierno pretende bajar la asfixiante deuda pública. Para ello, debe confeccionar un cartel de licitación, abierta a la participación de muchas empresas dispuestas a pagar el máximo precio.
Ahora bien, cualquiera que sea el monto de la venta debe tenerse claro que será una ayuda que no resolverá el problema de la deuda pública. Si luego de la transacción la austeridad fiscal no se mantiene, sería como haber vendido las joyas de la abuela, sin resolver el problema de fondo.
La venta de los activos deberá servir, además, para mejorar el funcionamiento de la economía y, particularmente, del sistema financiero, incluidos los seguros.
La venta del BCR no debe significar mayor concentración del mercado, sino servir para aumentar la competencia. La Comisión de Promoción de la Competencia debe velar, desde el principio, para que así sea. Pero también debe permitirse que todos los bancos privados —no solo el que compre el BCR— manejen cuentas de las entidades públicas y eliminar las cargas parafiscales a la totalidad de los bancos estatales.
En ese caso, aumentaría la eficiencia del sistema financiero, en beneficio de los ahorrantes y deudores, y todavía quedarían el BNCR y el Sistema de Banca para el Desarrollo para cumplir la función “social” de la banca pública.
Por el lado del INS, como la institución quedaría como una mezcla público-privada, hay muchas dudas sobre cómo se hará. ¿Cómo se modificará el gobierno corporativo del INS para que los nuevos socios —los pensionados presentes y futuros— influyan en el funcionamiento de la institución, y así mejorar la relación calidad-precio que reciben los clientes?
¿Qué será de los seguros “públicos” que maneja el INS, como el de riesgos del trabajo y el obligatorio de vehículos? ¿Cómo se valorarán las participaciones que comprarían las operadoras de pensiones? ¿Se prohibirá a las operadores vender sus participaciones en algún momento? Si así fuera, ¿cómo harían las operadoras para obtener liquidez de esas participaciones para pagar las pensiones futuras?
El diablo está en los detalles, y faltan muchos por definir.
