La última encuesta de opinión pública divulgada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP-UCR, abril 2025) arroja, entre otros hallazgos, uno particularmente relevante y poco comentado, pero que merece especial atención. Indica el estudio que, en los últimos 12 meses, la percepción ciudadana sobre seguridad y educación ha mostrado una tendencia negativa. Específicamente, la mayoría considera que ambos temas, lejos de mejorar, han empeorado. Se trata de un cambio significativo respecto a la medición realizada a finales del 2024, con una diferencia de más de 13 y 10 puntos porcentuales en cada ámbito.
Los resultados en educación no son una sorpresa considerando que, el sistema educativo costarricense experimenta la peor crisis de aprendizajes y gestión de los últimos 40 años y la mayor contracción de inversión total y por habitante en términos reales, en lo que va del siglo, tal y como lo ha documentado el Estado de la Educación. Asimismo, el incremento de la violencia homicida vinculado al crimen organizado (narcotráfico, asaltos y robos), también ha sido ampliamente documentado por el Informe del Estado de la Nación, al señalar un aumento inusitado en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes por encima de 10, indicador considerado grave en la medición internacional. Este, además, adquiere rango de “alarmante” en más de 30 cantones del país, donde se eleva a 20 o más homicidios por cada 100.000 habitantes.
La situación se complica cuando, al mismo tiempo, observamos que el binomio necesidad-presupuesto tanto en educación como en seguridad, se mueve en direcciones opuestas en el actual gobierno, con importantes efectos en la calidad del servicio educativo para la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes, así como, en la protección a la vida de los habitantes, por falta de personal y de recursos en los cuerpos e instancias encargadas de la de seguridad ciudadana.
En este marco, los resultados de la encuesta del CIEP-UCR permiten retomar una discusión de fondo: la relación que existe entre educación y seguridad ciudadana, dos temas estrechamente vinculados el uno del otro, cuyo abordaje es clave para avanzar hacia el diseño de políticas públicas exitosas en los próximos años que atiendan las crecientes preocupaciones de la ciudadanía.
Para ello, lo primero que se requiere es reconocer que ambos temas son dos caras de una misma moneda o, mejor dicho: dos caras del mismo desarrollo, de tal suerte que si a la educación le va mal, a la seguridad ciudadana le va peor. Esto es más claro si recordamos que, históricamente, la sociedad costarricense tuvo entre sus principales aspiraciones vivir en un país capaz de promover un entorno creciente de equidad, mejor distribución de la riqueza y las oportunidades mediante el acceso a servicios universales y de calidad en educación, salud, protección social y cultura. Al mismo tiempo, aspiró a una institucionalidad con capacidad de promover entornos de seguridad libres de amenazas contra la integridad física y patrimonial de las personas, que permitan aprovechar las oportunidades, el desarrollo de las capacidades creativas y participativas de toda la población.
Lamentablemente, el país se ha alejado del cumplimiento de estas aspiraciones entrelazadas, perdiendo con ello visión estratégica sobre cómo hacer frente a los desafíos más urgentes que tenemos como sociedad.
Lo segundo que no se puede soslayar es que, en la base de la inseguridad ciudadana, están importantes problemas de fondo no resueltos como: la falta de oportunidades educativas, la ampliación de las desigualdades y los rezagos acumulados en los territorios que impiden a las personas obtener empleos de calidad e ingresos dignos, lo que las expone a mayores riesgos como la pobreza, el desempleo, la violencia homicida y el crimen organizado.
En tercer lugar, es necesario admitir que, lejos de una visión articulada entre educación y seguridad, lo que en la actualidad prevalece es una visión compartimentada del problema. Esto provoca, en consecuencia, una atención desarticulada, desgastante y poco efectiva del Estado en la que, además, se tienden a confundir las consecuencias de la problemática con las causas. Al final, los resultados no pueden ser peores: población joven excluida del sistema educativo, enrolada por el crimen organizado, alimentando la espiral de violencia, con una esperanza de vida menor a 30 años, viviendo en un ambiente de creciente inseguridad que afecta a toda la ciudadanía y compromete el desarrollo nacional.
Mientras quienes gobiernan o aspiren a gobernar en los próximos años no corrijan su mirada respecto a la estrecha relación entre educación y seguridad ciudadana, seguiremos en un círculo poco virtuoso y efectivo, con soluciones de corto plazo que evaden la raíz de los problemas. Muestra de ello es que la creación de megacárceles se posiciona como la principal solución, en vez de generar más y mejores oportunidades de educación, cultura y empleo para toda la población, especialmente para la más joven.
La buena noticia es que cambiar esa visión es posible. El país cuenta con información suficiente, grupos organizados en la sociedad civil y una institucionalidad con experiencia en atender las necesidades de nuestra niñez y la adolescencia, con un robusto enfoque de derechos. Lo que se requiere es voluntad política, financiamiento y visión estratégica para activar este capital social por parte de quienes gobiernan o aspiran a gobernar.
Fortalecer el binomio educación-seguridad es algo que el país hizo muy bien en el pasado, generando fórmulas y prácticas de desarrollo humano novedosas y ampliamente reconocidas a nivel internacional. La principal diferencia fue tener la claridad de colocar en el centro a las personas y procurarles condiciones reales para que estas pudieran adquirir conocimientos, desarrollar destrezas; tener una vida larga y sana; acceder a empleos de calidad para procurar una vida decorosa y contar con entornos públicos seguros, libres de amenazas a la integridad física y patrimonial.
Volver a andar lo andado con pasos renovados en el nuevo contexto y con una prospectiva clara del futuro que queremos, no es una mala apuesta. Sobre todo hoy, cuando las nuevas generaciones más lo necesitan y demandan.
isabelroman@estadonacion.or.cr
Isabel Román es la coordinadora de Investigación del Informe del Estado de la Educación, PEN-Conare.