¿Cuál debe ser el papel de la oposición en momentos de crispación social como el actual? En principio, no es una disyuntiva fácil. Hay un enojo justificado de la población por la desaceleración económica, el elevado desempleo, el alto costo de vida —agravado por el IVA— y la evidente inutilidad del gobierno para hacerles frente (como bien lo diseccionó Eli Feinzaig en un artículo el lunes pasado). Es válido que la oposición señale las falencias del Ejecutivo y busque canalizar el enfado de la gente. En eso consiste el ejercicio democrático.
Estamos también en una coyuntura muy delicada, en la cual una inédita amalgama de grupos de presión aprovecha el descontento para doblegar por la fuerza la agenda del gobierno e imponer sus intereses sectoriales. Para ello, recurren a actos delictivos —como los bloqueos— generadores de cuantiosas pérdidas para toda la sociedad. Se trata de un ataque directo a la institucionalidad y no debe tolerarse.
Deberíamos hacer nuestro el concepto de una “leal oposición”, desarrollado por las democracias parlamentarias anglosajonas. Sostiene que los partidos que no gobiernan pueden oponerse —ferozmente, incluso— a la agenda del gobierno, pero se mantienen leales a su fuente de autoridad. Bajo este paradigma, resulta inaceptable que los partidos de oposición coadyuven o cohonesten medidas de fuerza como las huelgas en los servicios esenciales o los bloqueos. No se trata de ser una oposición leal al gobierno, sino al Estado de derecho.