Juan Carlos Hidalgo. 7 julio

¿Cuál debe ser el papel de la oposición en momentos de crispación social como el actual? En principio, no es una disyuntiva fácil. Hay un enojo justificado de la población por la desaceleración económica, el elevado desempleo, el alto costo de vida —agravado por el IVA— y la evidente inutilidad del gobierno para hacerles frente (como bien lo diseccionó Eli Feinzaig en un artículo el lunes pasado). Es válido que la oposición señale las falencias del Ejecutivo y busque canalizar el enfado de la gente. En eso consiste el ejercicio democrático.

Estamos también en una coyuntura muy delicada, en la cual una inédita amalgama de grupos de presión aprovecha el descontento para doblegar por la fuerza la agenda del gobierno e imponer sus intereses sectoriales. Para ello, recurren a actos delictivos —como los bloqueos— generadores de cuantiosas pérdidas para toda la sociedad. Se trata de un ataque directo a la institucionalidad y no debe tolerarse.

Deberíamos hacer nuestro el concepto de una “leal oposición”, desarrollado por las democracias parlamentarias anglosajonas. Sostiene que los partidos que no gobiernan pueden oponerse —ferozmente, incluso— a la agenda del gobierno, pero se mantienen leales a su fuente de autoridad. Bajo este paradigma, resulta inaceptable que los partidos de oposición coadyuven o cohonesten medidas de fuerza como las huelgas en los servicios esenciales o los bloqueos. No se trata de ser una oposición leal al gobierno, sino al Estado de derecho.

Una “leal oposición” es una ruta de dos vías. Así como los partidos que no están en el gobierno deben defender la institucionalidad y condenar las embestidas de los grupos de presión, también hay que rechazar de plano las demandas de ciertas voces afines al PAC que pretenden silenciar a la oposición afirmando que toda crítica al Ejecutivo es “desestabilizadora”. Esta es una observación oportuna cuando estamos ante un oficialismo que, a través del chantaje emocional, ha perfeccionado la máxima de que “el que no está conmigo está en mi contra”.

No por ser la que algunos consideran la democracia más antigua de América Latina podemos dar por sentada la fortaleza de nuestras instituciones. En su defensa, necesitamos una oposición que esté a la altura.

El autor es analista de políticas públicas.