Por años se nos vendió el relato de que los privilegios de los empleados públicos –anualidades, salario escolar, convenciones colectivas, topes de cesantía abusivos, etc.–, si bien son desproporcionados y ruinosos, también son intocables porque las Cortes los han blindado como “derechos adquiridos”. Puesto que el principal disparador del gasto son las remuneraciones del sector público, esto nos obliga a que el grueso de la consolidación fiscal deba hacerse vía de nuevos ingresos.
Pero un ajuste de esa naturaleza no solo sería ineficaz –aumentar impuestos nunca ha resuelto nuestra maltrecha situación fiscal– y perjudicial para la economía, sino que constituiría un agravio para la mayoría de los contribuyentes que no son empleados públicos. Por eso se vuelve imperativo llevar a cabo medidas que sí o sí tocan los “derechos adquiridos” de la burocracia. ¿Cómo hacerlo?
El artículo del jueves pasado de Paola Gutiérrez reviste una importancia cardinal en esta discusión. Con jurisprudencia en mano, ella desmonta la tesis de que estamos ante concesiones legales pétreas. Las Cortes han señalado que no hay tal cosa como el derecho a la inmutabilidad del ordenamiento jurídico: el Estado está en potestad de reorganizar su relación con los empleados públicos –algo que las circunstancias lo demandan–.
Es cierto que también existe jurisprudencia en contrario. En la Sala Constitucional hay magistrados que enarbolan la bandera de los “derechos adquiridos”. Uno de ellos advirtió durante el debate sobre las reformas a las pensiones del Poder Judicial que “no se puede nunca implementar políticas legislativas regresivas” (Ernesto Jinesta, quien se acaba de pensionar a los 52 años).
Aun así, Gutiérrez demuestra que sí hay bases jurídicas sólidas para plantear reformas estructurales al empleo público que apliquen a los trabajadores actuales –y no solo a los futuros–. La mayoría requerirá aprobación legislativa, pero otras, como eliminar el salario escolar, pueden sancionarse mediante decreto ejecutivo.
De tal forma que estamos ante una cuestión de voluntad política. Si el presidente Alvarado es serio sobre su intención de arreglar las finanzas estatales, le solicitaría de inmediato a la Procuraduría que prepare la defensa legal de un paquete de medidas tendientes a poner coto a estos privilegios que nos tienen al borde de una crisis.
jhidalgo@cato.org