Hay una marcada disociación entre el discurso del gobierno sobre la gravedad de la situación fiscal y las acciones necesarias para hacerle frente. Cuando se trata de pedir impuestos, se nos presenta un escenario de crisis inminente que no da espacio a mayores dilaciones, al punto que oponerse a más tributos equivale a no amar a Costa Rica. Sin embargo, cuando la atención gira al lado del gasto, el apremio disminuye notablemente. La retórica ahí es de “contención” –nunca de recortes–, se advierte de los “costos políticos” que tendrían ciertas medidas e incluso hay chance hasta el 2020 para presentar reformas estructurales.
Esta incongruencia se ve reflejada en la proporcionalidad del paquete fiscal que impulsa el Ejecutivo. Según cifras brindadas por la ministra de Hacienda en un foro del Instituto de Estudios Fiscales, el 77 % del ajuste en dicho proyecto viene de más impuestos y únicamente un 23 % consiste en contención del gasto. Se supone que este es solo un primer paso y que luego vendrán otras reformas al empleo público y al diseño institucional que generarían ahorros adicionales. Sin embargo, eso es, por ahora, solo una promesa.
Pero si algo debemos tener claro es que ese ofrecimiento hay que tomarlo cum grano salis. Los hechos pesan más que mil palabras. La historia nos indica que siempre que los gobiernos se ven con recursos frescos han perdido el interés en mantener la disciplina en el gasto. La administración Alvarado insiste en que estamos ante un “borrón y cuenta nueva”, pero hace apenas unas semanas su ministro de Educación accedió de buenas a primeras a aumentar en ¢15.000 millones la transferencia a las universidades estatales –al tiempo que Zapote nos advierte de un apocalipsis fiscal–.
Inquieta, aún más, la complacencia que mostró hace una semana la ministra de Hacienda en 7 Días cuando dijo que el gobierno ya hizo la reforma del gasto. Si bien se han adoptado medidas administrativas en la dirección correcta, tampoco se puede afirmar que estamos ante un programa de austeridad como el que uno esperaría de un país con un déficit fiscal del 7,2 % del PIB –al menos que veamos como tal la cancelación del cable en instituciones públicas–.
Si la situación fiscal es tan crítica, el gobierno debe dejarse de medias tintas y anunciar medidas acordes con su retórica. Eso implica verdaderos recortes y no simple contención del gasto.