La tasa de homicidios en Puntarenas y Limón, producto de las luchas por el poder territorial entre bandas de narcotraficantes, crece y supera la de países de alto índice de criminalidad.
Como país, estamos dormidos frente a la gravedad de los hechos si pensamos que no es en Costa Rica, mientras el cáncer de la violencia hace metástasis en las comunidades y toma posiciones discretamente en instituciones locales y nacionales.
Nuestra posición como puente entre Colombia y los países consumidores nos torna especialmente atractivos para el tráfico terrestre de drogas.
Por una parte, el creciente control de mar y aire por Estados Unidos descartó esas vías y, por otra, el desempleo y la pobreza en las costas crea condiciones favorables para la penetración y arraigo del oscuro y peligroso negocio en la institucionalidad.
La penetración encendió las alarmas en los colegios de Limón y Puntarenas, que han sido testigos de asesinatos y violencia a plena luz del día, que no ha sido adecuadamente analizada por la sociedad y la prensa nacional.
LEA MÁS: Aumento de grupos criminales transnacionales en Costa Rica preocupa a gobierno estadounidense
Zonas abandonadas
La violencia, sin embargo, no debe sorprendernos, el abandono y descuido de las regiones durante las últimas décadas por quienes dictan las políticas públicas estimula la desigualdad de oportunidades e ingreso y, al mismo tiempo, promueve y fortalece el negocio del narcotráfico.
Tal descuido no es producto solo de la miopía política, intereses de diverso tipo, tanto de potencias celosas de su hegemonía como de empresarios interesados en la falta de controles aduaneros, sabotean acciones y proyectos tendentes a incidir en las causas y condiciones que permiten el crecimiento de esta hidra.
Durante los últimos dos gobiernos, hubo resistencia a poner en funcionamiento los escáneres donados por el gobierno chino para controlar la salida de mercancías en las aduanas, con el pretexto de que las instrucciones estaban “en chino”.
Lo más grave, no obstante, fue meter en el congelador el proyecto de zona económica especial que abarcaba Limón, San Carlos y Puntarenas, precisamente las regiones más afectadas.
El plan que China le ofreció al país debió haber arrancado en el 2015 para que concluyera en el 2035. Lo interesante de este proyecto es que no se limitaba a las inversiones en equipo e instalaciones, sino que incluía la formación profesional de las poblaciones.
Así, se fomenta capital humano capaz de operar y poner en marcha el plan en una región carente del recurso.
Intereses nacionales
Presiones externas, debidas al temor del crecimiento de la influencia china en la región, paralizaron la iniciativa sin ofrecer a cambio nada más que barcos y armas para controlar los efectos del narcotráfico.
Desde luego que los chinos tienen intereses en nuestro país y en la región por su estratégica posición geoeconómica para tener acceso a los mercados del norte y del sur del continente, pero esto no debe ser obstáculo para negociar con ellos ni con los estadounidenses si se mantienen nuestros intereses en primer lugar.
Lo anterior tampoco significa que por nuestra posición geográfica no debamos considerar los intereses legítimos de todas las partes, pero es el bienestar nacional el que debe orientar nuestra política.
No estamos en la época de las repúblicas bananeras, cuando teníamos que hacer genuflexiones porque si no nos enviaban una cañonera.
El ejemplo es Panamá, que desde que asumió el control del canal despegó económica y socialmente, y se distanció positivamente de nosotros
Lucha oculta
El poder del narco no reside en su capacidad de reclutamiento e involucramiento activo de la población excluida, sino en su poder económico para comprar funcionarios, retrasar y torcer procesos administrativos y judiciales en una institucionalidad ya de por sí lenta y pesada, carente de controles.
Frente a esta modorra y estancamiento que permite y estimula la impunidad, actúa la acción terminante de los gatilleros, que en pocas horas permiten resolver mediante la ley del fusil los asuntos que les interesa.
Como puede apreciarse, es una lucha oculta, pero constante, del narcotráfico por el poder público, que el sistema institucional solo es capaz de enfrentar actuando sobre las causas de desigualdad, creando oportunidades y ajustando la institucionalidad a las condiciones de guerra virtual en que estamos inmersos.
Debemos aprovechar nuestras ventajas geopolíticas, pero, principalmente, transformar la política social, de pasiva a proactiva, involucrando a las comunidades y grupos organizados en las tareas de inteligencia contra la subversión y transformándolos en actores activos de ejecución y apoyo al desarrollo.
No lloremos mañana por la democracia perdida en manos del terror, si podemos defenderla hoy.
El autor es sociólogo.