El Estado invierte recursos en dar casas a los habitantes de precarios sin asegurarse de la recuperación de terrenos y la eliminación de los tugurios anteriores.
Esta situación propicia nuevas invasiones y que los beneficiarios vendan o alquilen sus ranchos a otras familias, según admitieron autoridades de Vivienda.
“Ha faltado que a quién le corresponda asuma la responsabilidad, sentenció Juan de Dios Rojas, gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
”Por ejemplo, si nosotros erradicamos un precario de un predio municipal, le toca a la Municipalidad que se eliminen los ranchos y tomar posesión de ese inmueble para evitar que se vuelva a llenar de ranchos”, añadió Rojas.
La ausencia de coordinación hace menos visible la inversión del Banhvi que, entre el 2009 y el 31 de agosto pasado, otorgó ¢14.000 millones en bonos comunales y bonos para la erradicación de tugurios.
Otros ¢8.200 millones están pendientes de ejecutar.
Los dineros provienen de la recaudación del impuesto solidario que pagan los dueños de casas que cuesten más de ¢121 millones.
“Necesitamos trabajar de la mano con los gobiernos locales porque debe haber una administración que esté interesada en darles mantenimiento a las obras y continuar con el esfuerzo posterior a que el Estado central haya hecho su inversión”, afirmó Ana Cristina Trejos, viceministra de Vivienda.
Franklin Solano, investigador de la Fundación Promotora de Vivienda (Fuprovi), coincide en que las reinvasiones de precaristas son un problema que el país no ha podido resolver.
“Yo trabajé hace 26 años en Fuprovi erradicando el precario Patio de Agua en Coronado, eran 52 familias que se reubicaron. Las familias no se habían trasladado cuando ya habían entregado los ranchos a (otras) familias, los habían vendido o alquilado”, recordó Solano.
“Las familias salieron del precario, pero el precario no se erradicó”, concluyó el investigador.
Esta es una de las razones para explicar el aumento de estos caseríos en el país. Sin embargo, no hay una cantidad precisa.
Más precarios. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), en el 2007 existían 354 precarios y según el último conteo –realizado en el 2012– la cifra subió a 384.
Además, el promedio de familias que vive en cada tugurio pasó de 1,12 en el 2007 a 2 en el 2012.
El Censo del 2011 –del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)– informó de que 296.149 personas viven en 418 asentamientos en precario alrededor del país.
Hortelina Badilla, de 56 años, es una de esas personas. Por más de 20 años ha vivido en el precario Los Diques en Taras (Cartago) con la ilusión de dejar su viejo rancho de madera y mudarse, con su hija y su nieto, a una casa nueva.
“Aquí no hay servicio de agua, muchos bombeamos agua desde pozos o de otras casas y con la electricidad es igual. Yo vivo con miedo de un incendio y que se me encienda el rancho”, dijo Badilla.
“Me gustaría una casa digna para mi familia; tengo un hijo con una discapacidad y la verdad yo no puedo trabajar porque tengo que cuidarlo a él”, manifestó Éricka Castaño, otra lugareña.
En Los Diques viven 2.000 personas, aproximadamente.
