La Contraloría General de la República (CGR) demandó una mayor coordinación entre las autoridades municipales del centro del país, para hacer frente a los problemas que ocasiona el acelerado y desordenado crecimiento urbano de la Gran Área Metropolitana (GAM).
De acuerdo con un informe elaborado por el órgano contralor, 11 de las 31 municipalidades metropolitanas aún no integran algún espacio intermunicipal que facilite coordinar aspectos de planificación de los territorios con otros cantones de influencia.
“Los datos (...) apuntan a que en la mayoría de gobiernos locales de la GAM no existe un nexo que permita articular la visión nacional y regional de planificación urbana y ordenamiento territorial, con la visión local.
“Esto lleva a que, entre otras cosas, la política pública a nivel regional y nacional, no se expanda al menor nivel institucional geográfico posible (que llegue a los municipios) y por tanto, se pone en riesgo la consecución de metas orientadas a mejorar la calidad del hábitat, la protección y manejo ambiental, la competitividad territorial, la movilidad y el transporte, la gobernanza en la administración de las ciudades, la renovación urbana, entre otros”, señaló el informe.
Aparte de la falta de coordinación, la Contraloría volvió a señalar que 11 ayuntamientos siguen sin tener un plan regulador.
Estos son los municipios de Alajuelita, Aserrí y Tibás, en San José; Heredia, Barva, Santa Bárbara, Santo Domingo, San Rafael y San Pablo, en Heredia; así como Atenas y Poás, en Alajuela.
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Entre los cantones que sí tienen esos instrumentos, indispensables para el ordenamiento del crecimiento urbano, el problema señalado por la Contraloría es que la “mayoría” de los planes tienen una antigüedad superior a los 10 años, sin recibir actualizaciones según las necesidades actuales.
En el caso de los planes reguladores de Belén, Santa Ana y Vázquez de Coronado, cuyos documentos son de hace más de 23 años, señaló el órgano contralor.
“Numerosas fuentes también han recalcado que la urbanización planificada, respecto a su densidad, funcionalidad y desarrollo de infraestructura, en conjunto con el diseño de espacios públicos, edificios, movilidad y transporte, resultan indispensables para avanzar en el objetivo de conformar y consolidar ciudades sostenibles y resilientes”, señala el estudio.
Problemas para sus habitantes
La GAM enfrenta una expansión de su área urbana desde los años 80, cuando los habitantes empezaron a salir del centro de las ciudades rumbo a zonas periféricas.
Ese crecimiento urbano, que se dio de forma poco planificada, derivó en los principales problemas que enfrentan los habitantes de los cantones metropolitanos.
Pueden mencionarse el congestionamiento vial, la poca interconexión del transporte público, la falta de agua potable en algunas localidades o los problemas de recolección de basura.
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También propicia una mayor erogación de recursos públicos, para llevar servicios de infraestructura, salud, educación y seguridad hasta zonas alejadas del centro.
“La urbanización trae consigo desarrollo, pero gestionada sin una visión sistemática y coordinada, es el origen de externalidades negativas que se trasladan a la ciudadanía y al uso de los fondos públicos”, dijo.
Entre esas externalidades destacó los largos tiempos de desplazamiento, las construcciones en las zonas de protección de ríos y la contaminación.
La Contraloría advirtió de que ante la imparable urbanización, es necesario comenzar a pensar en sostenibilidad y accesibilidad a las ciudades en el futuro, así como en las implicaciones para los fondos públicos.
“Ya la actual pandemia está dando grandes lecciones sobre esto”, sentenció.
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