El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) advirtió que no es posible que un funcionario descuente al mismo tiempo dos o más sanciones con el mismo efecto, si fueron ordenadas por autoridades diferentes, como el caso de una sanción administrativa y una medida judicial.
Así lo estableció el pasado 18 de febrero en una resolución en la que aclara que el alcalde Johnny Araya no puede cumplir simultáneamente las dos suspensiones del cargo dictadas en su contra.
El origen del pronunciamiento fue la sanción que dispuso la Contraloría General de la República (CGR), en agosto pasado, contra el alcalde de San José, Johnny Araya, y varios regidores de ese ayuntamiento, por una investigación vinculada con los contratos para parquímetros en la capital.
Araya y 11 funcionarios más fueron suspendidos por 30 días y sin goce de salario por permitir el pago de una millonaria indemnización y otros dineros sin “fundamento técnico” a la empresa encargada de los parquímetros, por hechos que sucedieron en 2018.
Según la resolución del TSE, Araya alegó que esa sanción de la CGR ya había sido ejecutada, razón por la cual la presidencia del Tribunal previno al gobierno local para que certificara si tal situación era como la exponía el jerarca.
La Dirección de Talento Humano del Ayuntamiento aclaró que sobre Araya actualmente pesa una suspensión sin goce de salario desde la segunda quincena de 2021 y hasta el próximo 19 de mayo, pero por una medida cautelar dispuesta por un juzgado penal (en relación con las pesquisas del caso Diamante).
Así las cosas, el TSE señaló que existe una imposibilidad material de ejecutar en este momento la sanción ordenada por el órgano contralor, ya que conlleva la misma consecuencia que la medida cautelar.
“No es dable disponer que un funcionario, de manera simultánea, descuente una sanción y una medida cautelar que tienen el mismo efecto (la cesación de pago) y que han sido ordenadas por autoridades diversas y de distinta naturaleza (una jurisdiccional y otra administrativa)”, indicó el Tribunal.
Por lo tanto, ahora la Municipalidad de San José deberá informar al TSE el momento en el que Araya cumpla la medida cautelar, se reincorpore a sus funciones como alcalde y empiece a devengar salario, con el fin de que se pueda ejecutar la sanción que ordenó la Contraloría.
Diego Mirada, regidor que denunció a Araya por el caso de los parquímetros, criticó que el político haya intentado librarse de la pena que dispuso la CGR, amparándose en el proceso judicial.
El pasado 23 de febrero, Johnny Araya fue convocado por los diputados para que rinda cuentas ante la comisión especial que investiga las supuestas irregularidades relacionadas con la contratación de obras viales del llamado Caso Diamante.
Aunque la comparecencia estaba agendada para este martes, no se concretó por ausencia de algunos legisladores.
Johnny Araya Monge tiene 64 años y más de la mitad de su vida, 39 años, ha estado vinculado con el régimen municipal, pues desde 1982 entró a la Municipalidad de San José al ser elegido como regidor. (Alonso Tenorio)
