Tres instituciones temen que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) reduzca el tamaño del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, debido a la metodología que está usando para delimitar de nuevo las zonas boscosas.
Se trata de la Procuraduría General de la República (PGR), la Defensoría de los Habitantes y la Contraloría General de la República (CGR), las cuales pidieron a la Sala Constitucional la intervención de órganos externos.
En setiembre del año pasado, la Sala reiteró al Minae que, junto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), debe cumplir con una sentencia emitida desde julio del 2019, la cual exige delimitar las 188 hectáreas (ha) de bosque que se habían sacado de Gandoca mediante una ley del 2014 que resultó ser inconstitucional.
A su vez, los magistrados ordenaron a la Procuraduría recuperar las tierras en favor del Estado, una vez realizada la delimitación.
No obstante, como parte del seguimiento de esta última resolución, el procurador general, Iván Vinicio Vincenti, y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, objetaron que el Minae y el Sinac estén realizando estudios de campo e ignorando informes previos, en los que ya se habían delimitado las zonas boscosas por recuperar y los nuevos límites.
Se perderían humedales
Tanto la Procuraduría como la Defensoría de los Habitantes —encargadas de velar por el cumplimiento de la sentencia de la Sala IV— temen que se estén violando los principios de tutela ambiental, de no regresividad en materia ambiental y de irreductibilidad del bosque, así como lo suscrito por Costa Rica en la Convención sobre Humedales Ramsar.
Alegan que el Minae efectúa análisis en zonas donde es evidente que ya se cortó bosque, lo que no reflejaría la realidad del lugar en el momento de la sentencia del 2019.
Según insistieron, las autoridades están ignorando un informe realizado por dos funcionarios del Sinac en el 2021 (oficio SINAC-ACC-OT-OF-698-2021), donde se consignó que había 165,12 ha de humedales en el litoral de Talamanca, en el Caribe sur de Limón.
En su lugar, se daría como válido otro informe del 2024, también del Sinac, que redujo esa área de humedales a solo 71 ha, es decir, un 43% menos “sin justificación alguna”.
El procurador Vincenti insistió en que tres cuartas partes del terreno de Gandoca-Manzanillo están copadas de bosques anegados o inundados, es decir, por humedales, y que esa realidad no se puede obviar ni revertir.
“Debe recordarse que, para el caso de los bosques anegados (situación de la mayoría del bosque en la zona objeto de estudio), sus características se mantienen aun cuando hayan sido desprovistos de sus condiciones originarias.
”El artículo 2 de la Ley de Aguas establece que las aguas enumeradas en el artículo anterior (caso de humedales en zona marítimo terrestre) son de propiedad nacional. El dominio sobre ellas no se pierde ni se ha perdido cuando, por ejecución de obras artificiales, se alteren o hayan alterado las características naturales", consignó Vincenti en un oficio de 11 páginas enviado a la Sala Constitucional el pasado 1.° de abril.
Además, el procurador general cuestionó que tampoco se esté considerando una propuesta de decreto para que el refugio recupere 231,8 ha de terrenos. Ese borrador, consignado en el oficio SINAC-ACLAC-DR-138-2023, se realizó en el 2023 y fue engavetado por el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra.
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Incluso, la Procuraduría solicitó un informe a la Sección de Biología Forense del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para validar los estudios previos.
Por su parte, la contralora general, Marta Acosta, criticó que el Minae esté usando un manual de procedimientos que “no ha sido sometido a aprobación y oficialización”. Así lo consignaron en oficios enviados a la Sala IV entre el 1.° de abril y el 23 de junio pasados.
Ante esas dudas, la defensora sugirió a los magistrados valorar una mayor intervención de los expertos del OIJ, mientras que la contralora planteó la participación de otras instancias técnicas con criterios independientes al Minae, como la Universidad Nacional (UNA) o el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
‘Desperdicio de recursos estatales’
Las objeciones fueron acogidas por la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, quien cuestionó que se omitiera el informe del 2021 y que se estén realizando trabajos desde cero.
“Como señala la Procuraduría, además de referir una situación descontextualizada del bosque existente al momento del dictado del voto 2019-12745, implica el desperdicio de recursos estatales, la repetición y desaprovechamiento del trabajo realizado por el equipo técnico de la comisión conformada al efecto”, recalcó la jerarca en el oficio DH-0657-2025, del 23 de junio anterior.
En reiteradas ocasiones, el Minae ha dicho que ese informe del 2021, denominado Caracterización y Delimitación de los Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca, “no es un documento oficial y contiene errores técnicos graves que impiden su uso como referencia”.
Así lo consignó el viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, en un oficio remitido a la Sala IV, el 13 de enero pasado.
Sin embargo, la Procuraduría insiste en que ese documento “se ajusta a la realidad imperante del lugar” y que el mismo cuenta con el respaldo de un criterio independiente emitido por el Departamento de Biología Forense del OIJ.
Esa dependencia de la Policía Judicial emitió el informe el 17 de setiembre del 2024, a solicitud del abogado del Estado, y consta en el expediente donde se tramita esta acción de inconstitucionalidad en la Sala IV.
Iván Vinicio Vincenti es del criterio de que el Minae no debería estar realizando trabajos de campo en zonas donde ya existen informes previos. Por el contrario, considera que ya tiene los insumos suficientes —el informe de humedales del 2021 y el borrador de decreto del 2023— para definir una nueva delimitación del refugio, ya sea mediante un decreto o una ley.
Reiteró de igual forma la postura de la PGR de que el Estado debe recuperar en sede judicial los terrenos que son patrimonio del Estado y que están en manos privadas, en contraposición a lo sostenido por el Sinac.
“La delimitación de las 188 ha de bosque puede contener terrenos que se encuentren inscritos ante el Registro Nacional, la defensa de la correcta inscripción de estos corresponde definirse en la vía judicial, y no como pretende el Sinac a través de la sobreposición de mapa de bosque contra capa de fincas del Registro Nacional y el Instituto Geográfico Nacional (IGN)”, recalcó el jerarca de la Procuraduría.
La Nación envió consultas al Minae y al Sinac, a través de la oficina de prensa del ministerio, sin que se recibiera una respuesta a la hora de publicar este artículo.
Nueva medida cautelar
A falta de esa nueva delimitación, el abogado del Estado solicitó a la Sala Constitucional imponer una nueva medida cautelar en el refugio, petición que fue acogida el pasado 19 de junio.
Ese día, los magistrados ordenaron suspender los procesos de información posesoria y contenciosos en Gandoca-Manzanillo. La medida detiene la inscripción de inmuebles y permisos de tala en la zona.
En marzo pasado, la Sala Constitucional dictó tres medidas cautelares para “evitar daños graves e irreparables al ambiente”. La resolución de entonces dictaba las siguientes medidas, las cuales siguen vigentes:
1. Se suspende el otorgamiento de concesiones o permisos nuevos y la ejecución de concesiones o permisos ya otorgados, por parte de la Municipalidad de Talamanca, sobre las 20,1 hectáreas (ha) de terrenos clasificados como bosque que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre (ZMT) del refugio.
2. Se suspende la directriz N.° 09-2023 del Minae que dispone que los límites oficiales del refugio son los establecidos en una ley que fue declarada inconstitucional en el 2019. Se trata de la norma N.° 9223, Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, que data de abril del 2014.
3. Se declara la moratoria total sobre el otorgamiento de permisos de tala y aprovechamiento forestal por parte del Minae y el Sinac, en las áreas de los siete bloques de bosque que deben ser retornadas formal, material y normativamente al refugio. Tanto los permisos nuevos como los permisos ya otorgados quedan suspendidos de inmediato, particularmente el permiso otorgado a la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es el empresario Allan Pacheco Dent (011-2024-ACLAC-SLT).