Un recurso de amparo presentado por 34 pensionados de lujo amenaza el financiamiento de 10.000 jubilaciones para adultos mayores en condición de pobreza.

En la acción interpuesta ante la Sala Constitucional el 23 de marzo anterior, los quejosos objetan la reforma legislativa aprobada en noviembre anterior, la cual autoriza la deducción de contribuciones solidarias sobre las jubilaciones mayores a ¢2,2 millones mensuales para los pagos con cargo al Magisterio Nacional y el Gobierno, y de ¢2,6 millones para el Poder Judicial.

La legislación vigente establece que todas las pensiones que excedan los ocho salarios más bajos de la escala salarial emitida por Dirección General del Servicio Civil deberán cancelar el 25% sobre el exceso. El sueldo más bajo de dicha escala es ¢278.250.

Lo recaudado se trasladaría a financiar 10.000 pensiones más del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dirigidas a adultos mayores pobres.

Los recurrentes, jubilados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) del Magisterio Nacional, argumentan que el tributo no “es indispensable”para mejorar las finanzas del país y que los cambios son producto de una “intensa campaña de desprestigio”, realizada por la prensa, “contra las mal llamadas pensiones de lujo”.

“De hecho esta reforma y la otra que viene de camino, no son más que un eco de la intensa campaña de desprestigio que ha hecho un sector de la prensa, contra las mal llamadas pensiones de lujo, siendo que las verdaderas pensiones de lujo son una minoría dentro del RTR y ya están suficientemente afectadas, al punto de que prácticamente este aumento en la contribución no les repercutirá, nada o mayor cosa”, expone la representación legal de los 34 pensionados.

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Además, afirman que ya pagan otros impuestos y la contribución solidaria creada por la reforma es una “confiscación ilícita”, que pone en riesgo su patrimonio y que no hubo estudios actuariales para justificar ese importe.

La Nación contactó vía telefónica a Mauro Murillo, abogado de los recurrentes, para consultarle sobre los argumentos legales para oponerse a la deducción, pero en su oficina indicaron que no podía atender.

Entre los 34 recurrentes está Luis Guillermo Carpio Malavassi, exrector de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

A Carpio se le consultó si suscribe las palabras expuestas en el recurso de amparo y respondió que debería revisarlo en detalle.

Agregó que no está en contra de la contribución solidaria, pero sí de la forma en la que se ha impulsado.

De acuerdo con el sitio web del Poder Judicial, el estudio y análisis del recurso de amparo presentado contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional magistrado está a cargo del magistrado Jorge Araya García.

La oficina de prensa de la Sala Constitucional manifestó que la acción “está a la espera de la resolución de fondo”. El asunto se tramita bajo el expediente 20-005878-0007-CO.

Pensiones para los más necesitados

El 23 de marzo, el mismo día que los 34 pensionados de lujo presentaron el recurso de amparo, los legisladores decidieron que los recursos captados por la contribución solidaria fueran al pago de pensiones del RNC.

Esas jubilaciones son de ¢82.000 aproximadamente y actualmente la reciben unas 120.000 personas.

La determinación de los diputados se tomó en medio de la emergencia nacional por la pandemia de covid-19, con el objetivo de apoyar a los más vulnerables frente a la crisis.

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Durante la discusión de la reforma legislativa, el año anterior, se indicó que el rebajo solidario produciría cerca de ¢10.000 millones anuales.

“Cuando negociamos y aprobamos esta ley, imaginamos que esto ( que habría objeciones) iba a pasar, porque cada persona tiene derecho a reclamar lo que considere, pero los diputados estudiamos muy bien esta reforma (...) Creo que en estos momentos, los dineros recaudados por medio de las contribuciones solidarias tendrán un buen destino, que es dar pensiones a adultos mayores en condición de pobreza”, dijo Xiomara Rodríguez, diputada del Partido Restauración Nacional.

Rechazó que los ajustes relacionados a las pensiones de lujo respondan a una “persecución”, como afirman los recurrentes y enfatizó que sí hubo estudios actuariales para respaldar la ley.

Los recurrentes

1. ALBERTO CORDERO FERNÁNDEZ

2. ALFREDO EDUARDO DE LA TRINIDAD AGUILAR CALDERÓN

3. ALONSO CALVO PARDO

4. ANA LUCÍA VILLEGAS ALVARADO

5. ANABELLE CASTRO CASTRO

6. ANTONIO GADEA BALTODANO

7. AURORA SÁNCHEZ MONGE

8. BRAULIO CASTRO CHAVES

9.EDGARDO HUMBERTO VARGAS JARQUÍN

10. EDUARDO ENRIQUE SOLIS PORTUGUEZ

11. EIDA MARÍA SOLÍS ESQUIVEL

12. ENRIQUE VILLALOBOS RODRÍGUEZ

13. GONZALO AGUILAR MONGE

14. GRACE DAMAZIO ACOSTA

15. GRACE HERRERA AMIGHETTI

16. ISABEL MARÍA CARPIO MALAVASSI

17. JORGE ARTURO CARVAJAL GARRO

18. JORGE ARTURO JOSÉ JIMÉNEZ BOLAÑOS

19. LUIS ANTONIO ROJAS ACUÑA

20. JORGE MARIO ELIZONDO SOLÍS

21. LUIS GUILLERMO CARPIO MALAVASI

22. MANUEL ENRIQUE DE JESÚS ZELEDÓN GRAU

23. MANUEL HUMBERTO MURILLO TSIJLI

24. MARÍA DE LOS ÁNGELES MORA MOYA

25. MARÍA EUGENIA SOLANO ARTAVIA

26. OSVALDO SOLANO PERALTA

27. ROBERTO GALLARDO LORÍA

28. RODRIGO DÍAZ OBANDO

29. ROGELIO HERRERA RODRÍGUEZ

30. ROSE MARY JARA SIBAJA

31. TEODORA TSIJLI ANGELAKI

32. TOMÁS PALMA ZÚÑIGA

33. URIEL BARRANTES CARTÍN

34. ZAIDA LIDIT GERARDA JIMÉNEZ RETANA