Ellos apenas representan poco menos de un 10% de los 240.300 asalariados que resultaron afectados por las medidas que se habilitaron para empresas con impedimentos de operación, restricciones sanitarias o caídas de ingresos producto de la emergencia por covid-19.

Dicho de otra forma, al cumplirse ocho meses de la pandemia, todavía hay 217.900 personas que no han podido recuperar la situación laboral que tenían antes de la emergencia.

Tales datos se desprenden del reporte que emitió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) este viernes, con base en la información de los patronos que aplican esos mecanismos.

A pesar de la reapertura de casi todas las actividades —con contadas excepciones, como eventos masivos— la realidad económica del país impide reactivar esos puestos de trabajo afectados.

El economista Greivin Salazar, del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), prevé una lenta recuperación de los empleos.

"Con la apertura de fronteras (aéreas) prácticamente se han reactivado la mayoría de actividades, pero cuando se revisan los números de actividad económica uno se da cuenta que apenas estamos tocando piso y ahora lo que nos espera es un proceso de recuperación, que está enmarcado en un camino relativamente frágil.

“Normalmente el empleo es la última variable que se ajusta. Cuando la economía toca fondo y comienza ese proceso de recuperación, es la última variable que se ajusta y hay que darle su tiempo”, afirmó.

A la fragilidad de esos puestos de trabajo con suspensiones de contrato o reducciones salariales, se suma la alta presión por el desempleo. En setiembre pasado, había 520.230 personas en esa condición, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Esta es la realidad del mercado de trabajo costarricense, en momentos en que economías consolidadas, como algunas europeas, vuelven al confinamiento por nuevos brotes masivos de covid-19.

De verse obligada a implementar medidas similares, Costa Rica quedaría expuesta a una nueva ola de despidos, suspensiones o reducciones.

A esos temores se suma la alta incertidumbre por la situación fiscal del país. Eso propicia un clima que podría retrasar inversiones empresariales y disminuir el consumo de los hogares.

Las débiles finanzas públicas, a su vez, dejan con pocas herramientas al Gobierno para intervenir con fuertes medidas de recuperación de puestos de trabajo, como subvencionar sectores afectados para mantener los niveles de empleo.

LEA MÁS: Alemania cierra restaurantes y sitios de ocio y Francia decreta cuarentena por covid-19

Lo mismo ocurre con el financiamiento de bonos Proteger, creados originalmente para dar apoyo económico a los trabajadores suspendidos por la emergencia sanitaria.

"La incertidumbre en este momento nos está ganando, no solamente por un asunto de las finanzas públicas, sino por el tiempo que se está tardando en ver cuáles las medidas que se tomen al respecto. El entorno internacional también podría estar jugando un poco en contra. Hay una elección trascendental (en Estados Unidos) para todo el planeta y también una segunda ola de covid.

“Es importante reducir esos grados de incertidumbre que, al menos, a nivel interno pasa por el tema fiscal”, afirmó Salazar.

LEA MÁS: Actividad económica se contrae por octavo mes consecutivo ante impacto de la pandemia

Rezago y buena expectativa

El director de la Cámara de Comercio de Costa Rica, Alonso Elizondo, afirmó que las cifras reportadas por el Ministerio de Trabajo presentan un rezago importante.

Usualmente, esa institución tarda semanas en aprobar o rechazar solicitudes de patronos para suspender o reducir jornadas a sus trabajadores. Por esa razón, Elizondo sostiene que la recuperación de los empleos puede estar subestimada.

“Las autorizaciones se reciben muy lento y también se presentan los levantamientos y también muy lento”, aseveró.

Entretanto, Trabajo sostiene que se asume que los trabajadores cuyos patronos no los reportan como restituidos en sus funciones, todavía permanecen con afectación laboral.

"Una vez el Gobierno ha ido abriendo paulatinamente algunos sectores, hemos visto cómo, poco a poco, las personas van retornando a sus puestos laborales.

“Según los datos de la Inspección del Trabajo, ya hay cerca de 22.000 personas (que tenían suspensiones y reducciones) que han retornado a sus puestos de trabajo. Esto representa cerca de 1.700 empresas”, afirmó el viceministro de Trabajo, Ricardo Marín.

En todo caso, el director de la Cámara de Comercio prevé para su sector una fuerte recuperación de esos empleos con medidas laborales a partir del pasado octubre, con ocasión del arranque de la temporada de fin de año.

“La tendencia de traer nuevamente a las personas va a sentirse fuerte en este mes de octubre. Vas a ver mucha gente con contrato suspendido y reducción de jornada volviendo poco a poco al trabajo. Lo importante es que estamos en una época de impulso que puede implicar que se acelere un poco al final”, afirmó Elizondo.

No obstante, el sector no prevé grandes contrataciones de temporada, como ocurría usualmente en años anteriores.

“Decimos que este año el tema de las contrataciones temporales no se van a dar con la intensidad que se daba antes, porque más bien lo que se está buscando es reactivar a la gente que estaba suspendida y reducida”, afirmó Elizondo.

El 49% de las solicitudes de patronos para suspender contratos o reducir jornadas a sus trabajadores provienen del sector comercio.