El tiempo promedio que tarda la Policía de Tránsito en asignar un oficial para atender un accidente pasó de nueve minutos y 46 segundos en 2023 a 31 minutos y 53 segundos al cierre de marzo del 2026, según un informe de la Contraloría General de la República (CGR).
Dicho lapso corresponde al tiempo desde que el reporte ingresa a la plataforma de la Central de Comunicaciones hasta que se asigna un tráfico; es decir, no incluye el periodo que tarda el agente en desplazarse y llegar al lugar del percance.
Aunque los 31 minutos y 53 segundos corresponden a una media nacional, al desagregar los datos por región destacan casos donde los tiempos para asignar un oficial incluso duplican ese promedio.
Por ejemplo, mientras en la Región Brunca el promedio de asignación es de 12 minutos con 16 segundos, en la Región Chorotega es de 1 hora con nueve minutos y en San José es de 51 minutos.
En junio anterior, el jefe de operaciones de Tránsito, Felipe Venegas, había indicado a La Nación que el tiempo promedio de la llegada de oficiales al sitio del accidente es de 40 minutos.
No obstante, admitió que en ocasiones se puede demorar hasta dos horas, dependiendo de la zona o de condiciones específicas, como la existencia simultánea de otros accidentes en la misma área de cobertura.
En el informe DFOE-CIU-IAD-00003-2026, emitido el 12 de octubre, la Contraloría evaluó las acciones del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y tres direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para reducir los accidentes con personas heridas o fallecidas.
Para realizar las mediciones, el ente fiscalizador analizó el lapso entre el ingreso del reporte a la plataforma de la Central de Comunicaciones de Tránsito y la asignación del policía para atender el percance. Los avisos se reciben mediante el Sistema de Emergencias 9-1-1 y luego se trasladan a esa central.
De acuerdo con datos del MOPT, la Policía de Tránsito atiende en promedio un accidente vial cada 6,5 minutos. Eso significa que los cerca de 700 oficiales que trabajan en tres turnos asisten un total de 222 incidentes por día.
Motocicletas dañadas y menos tráficos
El informe vincula el aumento de los tiempos de atención de los accidentes, entre otras causas, con la menor disponibilidad de vehículos para trabajar en carretera y una disminución en el personal de la Policía de Tránsito, así como la poca eficiencia de la programación de los operativos.
Con respecto a los vehículos, la auditoría indica que las patrullas, motocicletas y grúas en operación pasaron de 518 en 2023 a 386 en marzo del 2026. Además, alrededor de la mitad de las motocicletas institucionales estaban fuera de servicio al momento del estudio.
La Contraloría también advirtió de que existen problemas de planificación para adquirir repuestos y realizar mantenimientos, así como dificultades de reclutamiento y distribución del personal.
La cantidad de oficiales de tránsito pasó de casi 1.000 a 708 en los últimos años. Al considerar las 29 delegaciones y los turnos necesarios para trabajar las 24 horas, el informe estima que hay un máximo de entre 70 y 80 oficiales en servicio por turno en todo el país, incluidos quienes realizan labores administrativas. Algunas delegaciones tienen entre uno y cuatro policías por turno.
Además, casi el 65% de la actividad policial se concentra durante el día, lo que reduce la cobertura nocturna, pese a que identifica esa franja como la de mayor siniestralidad.
En esa misma franja se confecciona el 73,18% de las boletas por infracciones a la Ley de Tránsito.
La CGR también encontró que los 1.167 controles policiales establecidos como parte de las metas institucionales se enfocaron en factores como velocidad, alcohol, casco, cinturón y sillas infantiles, pero sin priorizar su ejecución en las zonas de mayor siniestralidad.
Asimismo, se cuestionó la “efectividad sancionatoria” que promueven los oficiales de tránsito, debido a un alto número de impagos de las infracciones.
Según los datos del ente contralor, a marzo había 879.280 multas pendientes de pago por ¢63.349 millones, lo que a criterio de la CGR genera un efecto directo en los ingresos institucionales.
“Se determinó que las acciones preventivas y reactivas ejecutadas por el Cosevi, Dirección General de Ingeniería de Tránsito (DGIT), Dirección General de la Policía de Tránsito (DGPT), Dirección General de Educación Vial (DGEV), han presentado una baja cobertura en las zonas con mayor siniestralidad del país.
“El despliegue de las intervenciones estatales se realiza sin estrategia, omitiendo dirigir los recursos prioritariamente hacia los cantones de mayor riesgo de siniestralidad para salvaguardar la vida de los usuarios; enfocándose principalmente en cuantificar “productos físicos” (kilómetros demarcados, cantidad de operativos, volumen de pruebas) y no en una visión integral de su efectividad”, concluye el informe.
Señalización y campañas sin medir resultados
En relación con la infraestructura, la Contraloría determinó que la Administración desconoce la efectividad de las intervenciones en señalamiento y demarcación para reducir los siniestros.
Los hallazgos revelan que solo el 29,5% del señalamiento vertical y el 28,51% de los kilómetros demarcados por Ingeniería de Tránsito se dirigieron a los cantones de alta siniestralidad considerados en el análisis.
La Contraloría también cuestionó la capacidad del Cosevi para demostrar resultados de sus programas preventivos y campañas de comunicación.
Durante 2024 y 2025, el Cosevi ejecutó ¢28 millones en programas preventivos como “Centros Educativos y Empresas Seguras”. Según la Contraloría, los accidentes de tránsito en los grupos a los que se dirigen esos programas aumentaron de 2.349 en 2024 a 2.629 en 2025, por lo que concluyó que no se logró demostrar una mejora cuantificable en el resultado esperado para 2025.
En cuanto a las campañas de comunicación masiva, la auditoría reportó una ejecución cercana a ¢919 millones durante 2023 y 2024, pero no registró campañas ejecutadas entre 2025 y el 31 de marzo del 2026.
La Contraloría señaló que los estudios posteriores a las campañas se concentraron en medir la percepción y el recuerdo de los mensajes, sin contar con indicadores suficientes para determinar si estas acciones modificaron el comportamiento de los usuarios o contribuyeron a reducir la siniestralidad.
Como parte de las disposiciones, se ordenó al MOPT y al Cosevi formular una estrategia integral para reducir la siniestralidad; así como estandarizar y compartir los datos de accidentes y de las intervenciones viales.
Además, lo instruyó a establecer una metodología para calcular los costos completos de las obras de señalización, demarcación y semaforización; crear un mecanismo de monitoreo y mantenimiento de señales y demarcaciones; regular de forma coordinada el mantenimiento de la flota policial; y oficializar los procedimientos correspondientes.
Los resultados de la auditoría se analizaron durante la sesión de la Junta Directiva del Cosevi del 28 de setiembre.
Durante la discusión, el director ejecutivo del Consejo, Jeffrey Cervantes, cuestionó la claridad de las métricas utilizadas por la Contraloría y criticó que se diera relevancia a la ejecución presupuestaria sin establecer cómo las intervenciones evaluadas contribuían a reducir las muertes en carretera.
Por su parte, el director de proyectos del Cosevi, Roy Rojas, señaló que los efectos de las campañas pueden observarse a largo plazo y que estas acciones deben complementarse con la aplicación de la normativa y otras intervenciones.
Durante esa misma sesión, la viceministra de Transportes, Sofía Fallas, pidió coordinar una respuesta institucional y presentar un plan para atender las disposiciones de la Contraloría.
En junio anterior, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, reconoció que aún están a unos 300 oficiales de alcanzar la cantidad “óptima” para hacer frente a las necesidades en atención de accidentes, operativos y otras acciones de control preventivo.
En esa oportunidad, Zeledón sostuvo que la meta es reclutar alrededor de 100 oficiales por año durante estos cuatro años, de manera que se logren superar los 1.000 oficiales de tránsito al término del actual gobierno.
La Nación dirigió consultas a la viceministra de Transportes, así como a la viceministra administrativa Suleyka Aymerich, para conocer detalles relacionados con la incorporación de personal, así como las advertencias relacionadas con los vehículos fuera de servicio y las distribuciones de los recursos según horarios y lugares de mayor riesgo. No obstante, la respuesta seguía en trámite al cierre de esta publicación.