Hostilidad, dificultades para dialogar y ejercer la actividad sindical, así como sospechas de vigilancia, figuran entre los señalamientos de dirigentes de siete grandes sindicatos de Costa Rica sobre su relación con el gobierno de Laura Fernández.
Algunos de ellos aseguran que las tensiones comenzaron durante la administración de Rodrigo Chaves, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia.
Consultados por La Nación, los líderes gremiales de Undeca, ANDE, ANEP, Sinae Afines, SEC, Anttec y APSE expusieron las tensiones que arrastran con el Poder Ejecutivo.
Las conversaciones con este diario ocurren en un contexto de tensiones entre el SEC y Chaves, a quien su presidente, Gilberth Díaz, acusó de intentar vulnerar la autonomía sindical.
Este medio tramitó consultas a Casa Presidencial, el Ministerio de Educación Pública (MEP), Ministerio de Trabajo, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para conocer sus versiones sobre lo expuesto por los dirigentes sindicales, pero al cierre de edición no se recibieron respuestas.
Undeca: ‘No queda duda que si no todos, muchos dirigentes del movimiento sindical están siendo perseguidos’
Luis Chavarría Vega, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), aseguró que la relación con el gobierno ha sido hostil desde la administración de Rodrigo Chaves y que con Laura Fernández no ha cambiado.
Chavarría, integrante de Undeca desde 1978 y secretario general durante distintos momentos desde 2013, fue reelegido para el periodo 2026-2028. El sindicato cuenta con más de 13.000 afiliados.
“La relación se ha mantenido hostil, no gustó que hiciéramos la denuncia del Caso Barrenador (...). Hubo confrontación cuando Chaves dijo que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estaba quebrada (...). Laura (Fernández) sigue la línea”, aseveró.
El Caso Barrenador es una investigación judicial por un aparente sobreprecio de ¢12.400 millones anuales otorgado por la CCSS en un contrato dado a cuatro cooperativas y una asociación médica para que asumieran la administración de 138 Ebáis.
El secretario general afirmó que se han sentido perseguidos y responsabilizó por ello al gobierno pasado y al actual, pues alegó que esto no ocurría en administraciones anteriores.
Sostuvo que es usual que haya personas extrañas frente al sindicato tomando fotos y videos. Así como presencia de vehículos oscuros en las cercanías de las instalaciones.
“No queda duda que, si no todos, muchos dirigentes del movimiento sindical están siendo perseguidos”, manifestó.
Señaló que es evidente que estas acciones vienen de los organismos que estaban a disposición del expresidente Chaves y que ahora están al servicio de la actual mandataria. “No sabemos si han ingresado, pero no queda duda que (la posible vigilancia) es política de los gobiernos autoritarios”, indicó.
Sinae y Afines: seguimiento de vehículos sin placas
Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), denunció que han sufrido restricciones dentro de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como dificultades para ingresar a hospitales y obtener permisos para ejercer labores sindicales.
Hernández dirige la organización desde 2015. El sindicato tiene más de 12.000 afiliados y celebrará elecciones en 2027.
El dirigente integró Patria Justa, coalición que afirmó haber apoyado la candidatura presidencial de Luis Guillermo Solís en 2014, aunque posteriormente rompió el diálogo con su gobierno. También participó en las negociaciones por la huelga contra la reforma fiscal de 2018, durante la administración de Carlos Alvarado.
Con Rodrigo Chaves hubo acercamientos iniciales, pero, según Hernández, la relación se deterioró cuando el entonces presidente afirmó que la CCSS estaba quebrada y responsabilizó a sus trabajadores por las listas de espera.
Aunque reconoce que durante el actual gobierno disminuyeron los cuestionamientos públicos contra la CCSS y sus funcionarios, sostiene que persisten los obstáculos para la actividad sindical.
Por otra parte, Hernández también denunció presuntos seguimientos hacia él y otros integrantes del sindicato mediante vehículos sin placas, tanto durante la administración anterior como en los primeros meses de esta. Sin embargo, señaló que desconoce quiénes serían los responsables y si tienen vínculos con instituciones públicas o privadas.
ANDE: ‘Trate de no hablar en ese teléfono que ANDE le dio’
Gilda Montero Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), calificó de respetuosa y prudente la relación con el gobierno. Aunque han sostenido dos reuniones con la presidenta y mantienen negociaciones, el sindicato irá a huelga el 11 de noviembre, pues sus afiliados se sienten “burlados” por la falta de pago del costo de vida.
Por otra parte, Montero relató que una persona que trabaja en el gobierno le recomendó no utilizar el teléfono del sindicato. “Me dijo: ‘Doña Gilda trate de no hablar en ese teléfono que ANDE le dio a usted’”, contó. La dirigente interpretó el consejo como una señal de que “el gobierno tal vez mapea a algunos liderazgos sindicales”.
También narró que una persona insistió en reunirse con ella y afiliarse a ANDE. Posteriormente, según dijo, supieron que figuraba entre los firmantes de la fallida Ley Jaguar, impulsada por Chaves, lo que despertó sospechas de un posible intento de infiltración.
“A uno le levantó la sospecha la insistencia de él y el querer conversar conmigo y querer tener una entrevista. Se presentó como dueño de un medio y luego comenzó a buscar a afiliarse y ya por último cuando él tuvo problemas en la filial renunció.
“(...) Entonces, ¿qué nos dio a entender a nosotros? Que una persona quiso infiltrarse para saber cómo funcionamos. Nosotros no tenemos nada que ocultar”, manifestó.
Montero es la primera mujer en presidir ANDE, sindicato de unos 62.000 afiliados. Ocupa el cargo desde 2022 y concluirá su gestión en 2028.
Anttec: No ha habido espacio de diálogo con el gobierno
Sergio Olivares, presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones y Electricidad (Anttec), aseguró que los sindicatos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no han tenido espacios de diálogo con el gobierno actual ni con el presidente ejecutivo de la institución, Marco Acuña. Según afirmó, esta situación se arrastra desde la administración pasada.
Olivares preside desde 2014 la organización, que cuenta con 1.500 afiliados y celebrará sus próximas elecciones en 2027. Anttec forma parte de la Federación Unitaria de Trabajadores del ICE (FUS-ICE), que agrupa a cuatro sindicatos de la institución.
El dirigente aclaró que, dentro del ICE, no han enfrentado restricciones directas para expresar sus opiniones o cuestionar decisiones institucionales.
Sin embargo, explicó que registran denuncias sobre reuniones en las que presuntamente se solicita a los trabajadores no ingresar con teléfonos celulares y se les advierte sobre la posible apertura de procedimientos disciplinarios si presentan denuncias. La organización todavía investiga estos señalamientos.
Olivares también expresó preocupación por posibles prácticas de vigilancia contra dirigentes sindicales y recordó que, en 2011, la Sala Constitucional condenó al ICE por vigilar arbitrariamente al entonces dirigente sindical Jorge Arguedas.
SEC: ‘Quieren destruir al sindicato más beligerante’
Gilbert Díaz Vásquez, presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), quien fue reelecto recientemente y ha presidido la agrupación por 23 años, aseguró que la relación de dicha organización y el gobierno está totalmente “rota”.
Señaló que la inexistencia de un vínculo viene desde la administración del hoy ministro Rodrigo Chaves.
Aunque admite que participó en un encuentro con la presidenta Laura Fernández Delgado, comentó que ese acercamiento “fue light”.
Las tensiones entre el SEC y el gobierno son conocidas. El pasado 19 de agosto, Díaz presentó una querella contra el expresidente Chaves, por el presunto delito de difamación.
También denunció supuestos actos de persecución. Afirmó que, tras la marcha del 20 de octubre, el MEP habría solicitado a las direcciones regionales listas de los funcionarios participantes. Además, relató que frente a su casa suelen estacionarse “carros raros” desde los cuales toman fotografías, aunque reconoció que no puede atribuir esos hechos al Ejecutivo.
Eso sí, Díaz acusó a Chaves de intentar intervenir en las elecciones sindicales mediante un “caballo de Troya”, con supuesta participación del MEP y del Ministerio de Trabajo para generar problemas internos.
Atribuyó las supuestas acciones al propósito de “destruir al sindicato más beligerante y debilitar a una organización que tiene presencia, respeto y poder de convocatoria”.
ANEP expone política antisindical por parte del gobierno de Laura Fernández
Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció la existencia de una política antisindical en el gobierno de Laura Fernández, que, según afirmó, obstaculiza las actividades gremiales y la negociación colectiva, particularmente con el Ministerio de Trabajo.
Vargas señaló dificultades para obtener licencias sindicales y aseguró que existe temor entre los empleados públicos a denunciar posibles violaciones de sus derechos laborales.
El dirigente encabeza ANEP desde 1991. La organización reúne a 13.000 afiliados y más de 160 gremios públicos y privados. Sus próximas elecciones serán en agosto del 2029.
Su relación con gobiernos anteriores ha oscilado entre el acercamiento y la confrontación. En 2014, reconoció coincidencias con la administración de Luis Guillermo Solís y afirmó que la mayoría de afiliados había votado por él, pero menos de un año después cuestionó la falta de respuestas del Ejecutivo.
Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, ANEP también mantuvo acercamientos iniciales por la promesa de revisar la Ley Marco de Empleo Público, antes de que la relación se deteriorara.
APSE: ‘Ha sido un gobierno con poca apertura’
Dennis Javier Solís Cruz, presidente de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), afirmó que hasta ahora el sindicato que representa no ha tenido una apertura real de diálogo o negociación “con condiciones apropiadas” por parte del gobierno.
Solís es presidente del sindicato desde el 1.° de enero del 2026 y se mantendrá en el puesto hasta el 31 de diciembre del 2027, al igual que toda su junta directiva. Este sindicato fue fundado desde 1955.
“El gobierno se ha caracterizado por discursos confrontativos y descalificativos hacia quienes representan oposición”, comentó Solís, quien enfrentó dos procesos judiciales, de los que fue absuelto, luego de ser detenido durante la marcha en defensa del Seguro Social el 8 de noviembre de 2012. En el 2017, APSE reconoció al profesor por “ su trayectoria de lucha en favor de la educación pública y la salud en Costa Rica”. Hoy preside ese movimiento sindical.
Reclamó que el gobierno no haya “respetado la libertad sindical” al no reconocer a su representante legítima en la Junta Directiva de la CCSS. La exdiputada Rocío Alfaro Molina aún no ha sido juramentada aun cuando la Sala Constitucional así lo ordenó.
El presidente de APSE, sindicato que cuenta con poco más de 40.000 afiliados, afirmó que en el caso de ellos no han tenido ningún incidente directo que los haga pensar que están teniendo algún tipo de vigilancia. Sin embargo, afirmó que toman previsiones.
¿Cuánto poder político le queda a los sindicatos en Costa Rica?
Los politólogos Sergio Araya y Daniel Calvo coinciden en que los sindicatos han perdido peso político y capacidad de presión, en parte por las restricciones legales a las huelgas.
No obstante, Araya señaló que algunas organizaciones conservan influencia en sectores estratégicos como educación y salud, donde las protestas pueden afectar servicios esenciales.
Según el analista, un movimiento político podría buscar alianzas sindicales para ampliar sus bases de apoyo, reducir resistencias y fortalecer su legitimidad.
Por su parte, Calvo recordó que los sindicatos tuvieron una mayor capacidad de movilización durante conflictos como el combo del ICE y la reforma fiscal del 2018, pero considera que actualmente su influencia política es menor.