El Servicio Civil deberá aplicar pruebas de conocimiento a todos los oferentes en los concursos públicos que realiza, según un fallo de la Sala Constitucional, dado a conocer ayer.
La sentencia le da a la institución un año para comenzar a evaluar aspectos de razonamiento verbal, numérico, así como conocimientos científicos relacionados con el ámbito en el cual se va a desempeñar el profesional.
Además, la Sala indicó que el valor de las pruebas psicométricas no podrá exceder el 50% del total de la calificación.
José Joaquín Arguedas, director del Servicio Civil, manifestó su alarma ante el pronunciamiento que calificó de “patético”, “descabellado” e “imposible”.
Como ejemplo, el jerarca indicó que más de 40.000 personas participaron en el concurso docente en marzo y que tardarían años en hacerles exámenes a cada una.
“Si tenemos que hacer pruebas especializadas, ¿dónde quedan las universidades y los colegios profesionales? Está bien desconfiar, pero no tanto”, dijo Arguedas.
Asimismo, opinó que se trata de una situación de coadministración por parte de la Sala pues pretende decirle a la institución cómo seleccionar a los funcionarios públicos.
“Esto es algo absolutamente técnico, para lo que tenemos profesionales de todo tipo, desde administradores de recursos humanos, hasta psicólogos e ingenieros industriales”, señaló Arguedas.
El funcionario reconoció que no tiene “la menor idea” de cómo dará cumplimiento al fallo. “Va a ser un embarrijo tan grande que lo que va a quedar es nombrar interinos y esperar que los concursos salgan en 10 años. Empantana de manera brutal al Servicio Civil”, concluyó.
Razonamiento. Los magistrados fundamentaron su decisión en la necesidad de calificar el mérito y la capacidad de los oferentes, según el principio de idoneidad.
“Resulta imposible aspirar al buen funcionamiento de los servicios públicos, si el recurso humano de la Administración no posee el conocimiento científico y nivel de razonamiento requeridos para el desempeño adecuado de su función”, dijeron los altos jueces.
