Recope presupuesta remuneraciones para 185 plazas desocupadas

De acuerdo con información que Recope remitió a la Contraloría General de la República (CGR), para el próximo año incluyó 1.790 plazas en su plan de gastos. Así lo consignó en la sección B del Tomo II de su informe de Presupuesto Inicial del 2024, presentado en setiembre.

Sin embargo, para el cierre de setiembre, la Refinadora tenía solo 1.605 trabajadores, como lo confirmó la propia empresa a La Nación, en su oficio CED-0263-2023 del 2 de noviembre en el cual indicó que ha hecho “ajustes importantes para eliminar la duplicidad de funciones”. Esto implica que, entre plazas presupuestadas, y las realmente ocupadas, hay 185 de diferencia.

Para los 1.790 puestos, la Refinadora prevé gastar ¢41.775 millones el otro año, según detalló al órgano contralor en relación con esa partida de sus gastos operativos (remuneraciones del personal).

La referencia de 1.790 puestos se repite en siete ocasiones en el documento remitido a la Contraloría para aprobación presupuestaria.

La misma cifra de 1.790 plazas se incluyó en el informe de presupuesto inicial para 2023, el cual presentó hace un año, en setiembre de 2022, cuando estimó gastar ¢41.525 millones en remuneraciones para esos puestos: una diferencia de ¢250 millones con respecto a la previsión para 2024.

Diferencia de plazas

Los 185 puestos sin personal asignado representan 10,34% de posiciones adicionales a las plazas ocupadas.

El costo de plazas ocupadas y no, se cargaría sobre todo a las tarifas de carburantes, pues la venta de derivados del petróleo es la fuente de ingresos más importante de Recope.

Así lo indica la Refinadora en su página web, en el apartado de Información Financiera: “RECOPE es una empresa pública que brinda productos y servicios al costo, sus recursos se generan principalmente a partir de la venta de combustibles”.

De los datos consignados en ese sitio en línea, por ejemplo, se desprende que para este 2023 previó generarse 99,8% de sus ingresos vendiendo hidrocarburos.

La Nación consultó a Recope cuál es la razón de presupuestar más dinero en plazas si no todas están ocupadas. También se preguntó si tiene previsto algún tipo de reestructuración interna de su personal que implique eliminar esa diferencia de 185 puestos de trabajo.

De ser así, se le solicitó una estimación del ahorro en remuneraciones y cuándo trasladaría la diferencia a los consumidores mediante una solicitud de ajuste ordinario, pues la Ley 7593 de Aresep autoriza a Recope, en calidad de empresa regulada, a pedir un ajuste ordinario anual de tarifas para así costear sus gastos operativos e inversiones.

‘Reorganización’ de Recope

En su respuesta a este diario, la Refinadora atribuyó la situación a “una constante salida de personal”, sobre todo, por jubilación de trabajadores y el tiempo que se tarda en llenar las plazas; anunció, además, un proceso de “reorganización”.

“La diferencia de plazas aprobadas y los trabajadores activos que mantiene Recope obedece a la dinámica laboral en donde se da una constante salida de personal, principalmente, por temas de jubilación y debido también a los tiempos que implican los procesos de reclutamiento y selección para ser ocupadas”, respondió la entidad a las consultas.

Agregó que la Junta Directiva aprobó en mayo el llamado Plan Estratégico Empresarial, entre cuyos objetivos está la modernización de la empresa bajo una acción específica denominada: “Ajustar la estructura organizacional para cumplir la misión de una forma más eficiente”.

Esa acción incluiría una “reorganización empresarial” que, según Recope, está en etapa de desarrollo. Por lo tanto, añadió, “hasta que esta etapa no finalice no es posible determinar la eliminación o transformación de las plazas”.

Entretanto, en su Plan Estratégico Empresarial alerta que la empresa soporta restricciones por el marco normativo gubernamental que le dificultan “en alto grado su desempeño”, tal y como se lee en la página 9 de esa hoja de ruta hacia la modernización.

Como ejemplo, cita que esas restricciones (las cuales no detalla) le impiden pagar remuneraciones competitivas dentro del mercado salarial del país que le permita atraer y mantener al personal idóneo.

Como efecto de lo anterior, advierte que eso le está provocando “serias dificultades para sustituir los colaboradores que se pensionan, y está elevando el riesgo de fuga de personal altamente calificado”. La empresa se declara “impedida” (por disposiciones normativas) a crear plazas nuevas.