La Fundación MarViva desmintió manifestaciones del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en referencia a supuestas acciones tomadas por esa organización defensora de los recursos marinos.
Las declaraciones que habrían generado la controversia surgieron luego de que hace una semana, la Fundación acusó al Gobierno de tomar represalias en su contra por sus lucha contra la intención de revivir la pesca de arrastre.
Tattenbach rechazó los señalamientos pero, en respuesta a consultas de este diario, afirmó que sería muy complicado trabajar con la organización ambientalista debido a presuntos conflictos legales aún sin resolver.
Específicamente, el ministro mencionó la existencia de una demanda presentada en Estados Unidos contra el Gobierno de Costa Rica, liderada por MarViva, además de un recurso de amparo bajo estudio en la Sala Constitucional. Según dijo, será cuando se resuelvan esos asuntos que esperaría continuar uniendo esfuerzos y buscando consensos con la organización para la protección del medio ambiente.
Sin embargo, Katherine Arroyo Arce, directora ejecutiva de la Fundación, afirmó que las referencias hechas por el ministro no son ciertas.
“MarViva lamenta la desinformación a la que, asumimos, ha sido expuesto el ministro por dos declaraciones que son falsas”, declaró.
Arroyo aseguró que en este momento no hay un recurso de amparo impulsado por ellos que esté en espera de resolución, pues el que estaba pendiente fue resuelto por los magistrados constitucionales el pasado 26 de enero.
Mediante ese fallo, la Sala ordenó al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) entregar a la Fundación los estudios sobre pesca de arrastre, según consta en el voto 2024001831.
El grupo ambientalista había solicitado los estudios en noviembre pero como no se los entregaron acudió al tribunal constitucional. El amparo fue admitido el 8 de diciembre anterior.
Caso internacional
Katherine Arroyo también desmintió que la Fundación lidere una demanda internacional, como lo expresó el ministro. Igualmente, negó la existencia de un proceso en tribunales extranjeros.
La vocera explicó que una organización llamada Marine Watch International envió en diciembre de 2022 una denuncia dirigida a Alexa Cole, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales, Comercio y Comercio de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Fue ese documento el que MarViva suscribió junto con otras 17 organizaciones conservacionistas.
La carta denunciaba que Costa Rica permanecía sin tomar medidas correctivas apropiadas contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en referencia a la mención del país en el Informe de Mejora de la Gestión Pesquera Internacional de 2021 enviado al Congreso de Estados Unidos, conforme a la Ley de Protección de la Moratoria de la Pesca con Redes de Deriva en Alta Mar.
En aquel informe del 2021, el Servicio Nacional de Pesca Marina de Estados Unidos señaló a Costa Rica por no gestionar y controlar eficazmente su flota y pesquerías, de acuerdo con las Medidas de Conservación y Ordenación adoptadas por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), y por no proporcionar datos estadísticos esenciales y otra información requerida.
Costa Rica permanecía sin resolver problemas documentados por ICCAT tanto en 2019 como en 2020. La carta de diciembre de 2022 llamaba la atención de las autoridades de Estados Unidos sobre la persistencia de estos problemas en el seno de esa Comisión, en la cual ese país es cooperante.
La representante de MarViva alegó que una denuncia de esa naturaleza no debe compararse con una demanda. Mucho menos, añadió Arroyo, podría afirmarse que fue liderada por MarViva, cuya participación se limitó a firmar la carta de Marine Watch International.
Aclaró además, que el destinatario de la misiva no era un tribunal, sino una agencia del Gobierno de Estados Unidos.
La directora de la Fundación informó que lo sí está en los tribunales nacionales es un proceso encaminado a detener completamente el plan para reactivar la pesca de arrastre de camarón en mares costarricenses. La demanda fue presentada por MarViva ante el Tribunal Contencioso Administrativo y se tramita bajo el expediente 23-002732-1027-CA-4.
La Nación envió consultas este 14 de febrero tanto al ministro Tattenbach como a la oficina de prensa del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre las aclaraciones de MarViva.
La respuesta del jerarca se recibió este jueves. Él afirmó que no existe desinformación en sus manifestaciones y que el error fue omitir referirse al proceso en la vía contenciosa administrativa.
Por su parte, la directora ejecutiva de MarViva dijo que se tenía previsto enviar una aclaración formal al ministro Tattenbach Capra porque, insistió la representante, le inquieta que haga declaraciones afectadas por la desinformación.