Japdeva ofreció el martes al Juzgado de Trabajo de Limón un terreno de su propiedad como garantía en un proceso planteado por el sindicato de la institución, para que se levante el embargo sobre sus cuentas bancarias.
Desde el 10 de mayo, la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) tiene congelado el acceso a ¢5.300 millones en dos cuentas del Banco de Costa Rica (BCR), debido al embargo preventivo solicitado por el sindicato de la institución.
La acción judicial planteada por el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) se realizó para asegurar los recursos que reclaman por una supuesta deuda de la entidad al fondo de ahorro de los empleados.
Ese es el motivo de un conflicto en los tribunales que inició en 2013. El caso fue resuelto inicialmente en contra de Japdeva, pero esta lo llevó a casación a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, donde permanece a la espera de resolución.
Debido al embargo, la entidad ha enfrentado problemas para pagar salarios a sus 576 empleados en las últimas dos quincenas y no ha podido girar las prestaciones para 37 exfuncionarios que se acogieron a alguna de las opciones que ofreció la Ley de Transformación de Japdeva (9764).
“Estamos muy preocupados por la afectación que la medida de embargo está teniendo sobre Japdeva, su estabilidad y arriesgando a los trabajadores así como congelando los fondos para el pago de extremos laborales de las personas quienes se acogieron a la Ley 9764″, expresó la entidad en un comunicado.
El terreno ofrecido como garantía se localiza en Limón centro y, según Japdeva, se tomó la decisión ante la supuesta inacción de Sintrajap para arreglar el problema.
Frente a los problemas que ha enfrentado la entidad a partir del embargo, Antonio Wells, secretario general del Sindicato, recordó que en las luchas no se pueden pensar que las cosas “van a caer del cielo”.
El origen del conflicto data del año 2002 cuando se negoció en la convención colectiva un aumento del aporte patronal al fondo de ahorro.
Ese incremento se cargaría a las tarifas portuarias, no obstante, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) no lo aprobó. Por esa razón, la Administración se quedó sin poder cubrirlo.
Dicho acuerdo implicaba un aporte patronal del 8% para dicho fondo. En el 2006, ese aporte se redujo al 6%.
