Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) señaló posibles irregularidades en la forma que el Instituto Nacional de Seguros (INS) otorgó, entre 2019 y 2022, contratos de patrocinio a cámaras empresariales, atletas, un equipo de fútbol de la Primera División y fiestas cívicas, entre otras actividades.
Según la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR, el INS entregó fondos públicos a terceros a través de patrocinios sin acreditar que esas inversiones traerían beneficios económicos para la aseguradora estatal.
Entre los patrocinios aprobados en esa condición, según el oficio DFOE-DEC-0955, están los firmados con el Deportivo Saprissa, el atleta olímpico Kenneth Tencio, la agencia de vehículos Veinsa, la Cámara de Exportadores de Costa Rica, la Cámara de Industrias de Costa Rica y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), entre otros. Los convenios ascienden a ¢234 millones.
De los 13 patrocinios analizados por la Contraloría, cinco registran un beneficio económico inexistente o “igual a cero” para la institución, y ocho contabilizan rendimientos menores al monto transferido al patrocinado, lo cual va en contra del artículo 8 de la Ley General de Contratación Pública.
INS, fachada El INS asegura que ya corrigió las deficiencias señaladas por la Contraloría General de la República relacionadas con la firma de patrocinios (Rafael Pacheco Granados)
Esa normativa establece que a la hora de firmar un patrocinio, las instituciones públicas deberán “acreditar” que se trata de “una actividad que le genere ventajas económicas”. Además, el artículo 60 del Manual de Reglamentos Administrativos del INS señala que ese tipo de convenios deben ser justificados “ampliamente” y debe realizarse un análisis de costo-beneficio “entre el monto solicitado en patrocinio versus los beneficios cualitativos y cuantitativos ofrecidos por el patrocinado”.
No obstante, la oficina de prensa del INS reconoció, el 20 de julio anterior, vía correo electrónico, que nueve de los 13 patrocinios revisados por la CGR no poseen un análisis de costo-beneficio, como lo exige la legislación.
Aseguró que cuatro de los 13 contratos de patrocinio cuestionados por la CGR sí cuentan con el análisis técnico, pero no pueden revelarlos debido a cláusulas de confidencialidad. Entre esos están los patrocinios al Deportivo Saprissa por ¢134 millones, el plan piloto de transporte eléctrico del ICE por ¢10,6 millones, un sorteo de vehículos de Veinsa por ¢20,7 millones y del atleta olímpico Kenneth Tencio, por ¢13 millones.
De acuerdo con datos suministrados por el INS, de los ¢234 millones otorgados en estas actividades, ¢86 millones corresponden a patrocinios en efectivo, ¢145,5 millones en pólizas y ¢2,5 millones en ayudas mixtas (efectivo y pólizas).
Entre los patrocinios pactados sin estudios de costo-beneficio están aportes para congresos organizados por cámaras empresariales, colegios profesionales, asociaciones privadas, otros atletas, cooperativas y fiestas cívicas en pueblos.
Por ejemplo, en noviembre de 2019, el INS aprobó ¢3,1 millones a favor de la Cámara de Industrias de Costa Rica para la realización de un foro. Sin embargo, los beneficios económicos de ese patrocinio fueron tasados en ¢2,7 millones por dos publicaciones de media página en revistas (no se indica el nombre), un stand en el evento y nueve entradas de cortesía.
Otro ejemplo es el aval, en noviembre de 2019, de ¢7,5 millones para la organización del Día del Exportador de la Cámara de Exportadores de Costa Rica. Esa transferencia fue aprobada aunque la Dirección de Mercadeo del INS admitió, por medio del oficio DM-00246-2019, que el interesado no presentó un plan de medio o pauta publicitaria que se pudiera cuantificar.
Además de la ausencia de criterios técnicos, el órgano fiscalizador también señala “inconsistencias” en la metodología empleada por el INS para cuantificar la rentabilidad de los patrocinios.
Kathia Castro Cruz, encargada de Relaciones Corporativas del INS, señaló que el informe de la Contraloría General de la República contiene “errores de interpretación”.
Según la funcionaria, para el patrocinio de Kenneth Tencio se acordó, en febrero de 2022, el pago mensual a favor del atleta de ¢1,1 millones, aproximadamente. A cambio, el INS recibiría una publicación en el perfil de Instagram de Tencio cada dos meses, un posteo estático en Facebook al mes, tres historias de Instagram por mes, una asistencia a eventos corporativos cada cuatro meses y uso de camisetas y otra indumentaria con el logo de la empresa en entrenamientos y competencias.
Según los cálculos del INS, esos beneficios tenían un valor de $5.000 (¢3,2 millones mensuales al tipo de cambio oficial de febrero de 2022, aproximadamente). Para respaldar ese argumento, la entidad envió un cuadro de Excel, pero la información no precisa la fuente de la que tomaron los valores de cada publicación en redes sociales y tampoco se puede determinar si esos números fueron hechos antes del informe contralor.
Sin investigación
Copiado!
La encargada de Relaciones Corporativas del INS indicó que no se abrió una investigación administrativa para determinar quiénes fueron los responsables de aprobar los patrocinios sin cumplir los requisitos de ley.
Añadió que asumió ese cargo hasta noviembre de 2021 y que ahora los patrocinios se gestionan a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y deben llevar un estudio de costo-beneficio con valores cuantificables.
“No he iniciado ninguna investigación administrativa porque esa no es mi competencia”, declaró la funcionaria bajo el argumento de que, cuando se otorgaron los patrocinios, ella estaba en otro equipo con otras funciones.
Añadió que desconoce si, además de los 13 patrocinios señalados por la Contraloría, hay otros en los que no se realizaran estudios de costo-beneficio.
En 2020 y 2021 el INS aprobó patrocinios por ¢1.100 millones entre dinero y pólizas. EN 2022, año en el que supuestamente ya se incluyeron los análisis técnicos, otorgaron asistencias por ¢887 millones y hasta junio de 2023 se habían avalado ayudas por ¢235 millones.
Según el INS, ya cumplió con lo ordenado por la Contraloría y estableció que solo se aprueben patrocinios que tengan “réditos positivos valorizables” y revisar la metodología empleada para elaborar estudios de costo-beneficio.
