El sistema de emergencias 9-1-1 tendrá una base más amplia de financiamiento a partir del próximo 1.° de julio, fecha en la que empezarán a regir una serie de reformas que buscan equilibrar los ingresos de la entidad.
En la actualidad, el servicio se financia con el equivalente al 1% de la factura de cada cliente por servicios de telefonía de voz sea móvil, fija o IP; sin embargo, son cada vez menos las personas que hacen uso de esta modalidad, lo que provoca un impacto negativo en las finanzas de la institución.
Ahora, con el cambio a la Ley de Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1 (7566), se impone una base de 0,75% pero se amplía el cobro a todas las telecomunicaciones, es decir, ahora incluirá el trasiego de datos por Internet.
La reforma fue publicada este jueves en el diario oficial La Gaceta, pero su entrada en rigor se postergó por 45 días, para que las empresas telefónicas puedan hacer los ajustes respectivos en su facturación.
De momento, estos ajustes no pesarán en las tarifas a usuarios finales por sus servicios de telecomunicaciones.
Guiselle Mejía, directora del Sistema 9-1-1, considera que la modificación más sustancial tiene que ver con el cambio del concepto de "servicios de telefonía", por "servicios de telecomunicaciones disponibles al público", establecido en el artículo 7 de la legislación.
"Al hacer el cambio (en las definiciones) se está incorporando, además de la voz fija y móvil, lo que es el acceso a Internet y además las líneas dedicadas, entonces amplía la base de cálculo, ese es el cambio más significativo", señaló.
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Otra variación relevante es que ahora las multas por emergencias falsas se impondrán no solamente para llamadas, sino que también contemplarían los mensajes de texto, ya que el Sistema 9-1-1 planea en el futuro habilitar esta plataforma para que las personas puedan informar sobre alguna emergencia.
"Lo que se hizo fue cambiar el concepto, porque antes la ley solo decía multas por 'llamadas maliciosas', solo lo dejaba para llamadas".
"Ahora, al ampliar la base de cálculo y tener oportunidad de hacer inversiones para incorporar otros servicios, como la mensajería de texto u otras aplicaciones, cambia el concepto de 'llamadas' a 'reportes'", explicó Mejía.
La multa por estas conductas, según el artículo 17 de la legislación, se mantiene en un 25% del salario base de un oficinista 1, que equivale a ¢106.000.
Baja recaudación
La reducción de los ingresos ha sido tan fuerte para el Sistema 9-1-1 que para el cierre del presente año se esperaba un déficit de entre los ¢800 y ¢1.000 millones.
Empero, con estas nuevas reformas, se espera que el presupuesto total de operaciones para este 2018 llegue a los ¢4.643 millones, lo que permitiría mantener el servicio en funcionamiento y empezar a realizar algunas mejoras tecnológicas.
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"No hemos podido recaudar lo que en principio planéabamos, porque el consumo de llamadas telefónicas cada vez es menor y la reducción es tan grande que lo estamos resintiendo día con día", lamentó Mejía.
El sistema de emergencias 9-1-1 recibe en promedio, entre 10.000 y 12.000 llamadas diarias; de estas, 167 resultan ser falsas.
Nuevos servicios para reporte de emergencias
La directora del 9-1-1 espera que la inyección de estos recursos permita aliviar la asfixiante situación económica de la entidad y financiar el inicio de nuevas iniciativas para mejorar la atención de los usuarios.
Entre los proyectos que esperan concretar en el mediano plazo, se encuentra la posibilidad de habilitar la recepción de reportes de emergencia por medio de mensajes de texto.
"Nosotros tenemos calendarizado el servicio para el último trimestre de 2019, si pudiéramos correríamos más, ese es un compromiso que por mucho tiempo hemos tenido. La población que tiene incapacidad auditiva, en particular, son los que más se van a beneficiar y eso es una alta prioridad del sistema", aseguró Mejía.
La inversión para el desarrollo de esta plataforma rondaría los $200.000.
En un futuro se espera también ofrecer un servicio más completo, por medio de videoconferencias, ya que, según la funcionaria, existe en el país una porción de la población con discapacidad auditiva que no lee ni escribe español, por lo que el servicio por mensajería no es una solución para ellos.