Una vez que la Asamblea Legislativa retorne del receso de Semana Santa, los diputados podrían conocer un proyecto que, además de refinanciar al Sistema 9-1-1, lo facultaría para actualizar sus plataformas y así recibir alertas por mensaje de texto o aplicaciones, como WhatsApp.
Así lo explicó Guiselle Mejía, directora de esa entidad, quien propuso el proyecto que desde el año pasado está en la corriente legislativa bajo el expediente N.° 20.539, que reforma la ley de creación del Sistema 9-1-1.
Ese plan incluye las palabras "reportes de emergencia" donde antes solo decía llamadas, con ese cambio permite que la solicitud de ayuda ante una urgencia se pueda tramitar por mensaje.
Mejía indicó que, de aprobarse la nueva legislación, el próximo año podrán cotizar los equipos y tecnología necesarios para que a partir de diciembre del 2019 se pueda empezar a alertar por mensajes y aplicaciones al 9-1-1. El monto de esta inversión no trascendió.
Hoy, en el resto del mundo, existen otras formas de contactar al servicio 9-1-1. Por ejemplo, en Texas, Estados Unidos, donde ya se aplica una forma de chatear con el operador, de modo que si una persona está en una situación en que corra riesgo de ser escuchada, pueda escribir mensajes.
Eso también permite a personas sordas enviar mensajes de texto, situación que actualmente no pueden realizar ya que el acceso al sistema en Costa Rica es solo por telefonía de voz.
“Ahora como todos los contribuyentes, tanto de telefonía, como los usuarios de Internet, van a hacer su aporte al 9-1-1, en igual justicia el sistema debe usar esa mejor condición de ingresos para ampliar la forma en que recibe los reportes de emergencias”, dijo Mejía.
El estudio para la recepción de mensajes de texto va muy adelantado, con un diseño casi consolidado a lo interno del Sistema 9-1-1, ahora están analizando el de aplicaciones como WhatsApp.
El desarrollo de los códigos tecnológicos también les permitirá conocer el origen de las comunicaciones, para aplicar las multas que procedan cuando se trate de bromas, insultos y otros que distraigan a los operadores de las verdaderas emergencias.
Actualmente se reciben unas 5.000 llamadas indebidas al mes, pero muchas no se pueden rastrear porque son de líneas prepago. La multa es de ¢106.000, y en algunos casos quienes llaman son reincidentes.
“Tenemos que incorporar en nuestro servicio la identificación georeferenciada de las llamadas, de modo que sepamos dónde está la persona que llama. Ese es un proyecto gigantesco que ya se realiza en otros países y que se usa para encontrar a personas extraviadas”, explicó Mejía.
Algunas veces se corta la llamada de alguna persona que avisa de una emergencia, por lo que el registro del origen de esa llamada podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
A futuro, también se pretende que las personas puedan registrarse. Si alguien llama y está previamente registrado, el sistema 9-1-1 tendrá datos que son importantes a la hora de una emergencia, como por ejemplo si tiene padecimientos cardiacos o diabéticos.
“Existen un sinnúmero de oportunidades de mejora, el asunto es que va a depender del momento en que los ingresos se puedan realmente recibir, porque recuerde que eso requiere todo un ciclo presupuestario, autorizaciones y planificaciones y eso en el sector público toma tiempo”, explicó Mejía.
Sistema en condición ruinosa
El objetivo principal del proyecto de ley es modificar las fuentes de financiamiento de dicha entidad.
La misma apenas subsiste debido a que los ingresos que recibe son por un impuesto a la telefonía de voz, la cual se usa cada vez menos desde que el desarrollo tecnológico creó la mensajería de texto y las comunicaciones por Internet.
Hoy en día el Sistema 9-1-1 apenas tiene recursos para los pagos ineludibles y no puede contratar las nuevas plazas de operadores que le urgen ante la creciente demanda del servicio, que va en paralelo al incremento de la violencia en el país.
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A manera de ejemplo, Mejía dijo que si se daña la planta eléctrica, que entra en operación cuando se interrumpe el fluido eléctrico, no hay recursos para repararla.
Si eso sucede, el sistema podría quedar temporalmente fuera de servicio, con el agravante de que ante una emergencia la respuesta sería lenta y crítica.
De igual manera, entre 1995 y el 2016 el registro en llamadas aumentó un 354% y el de incidentes de emergencias subió 563%. Pese a ello, el crecimiento de operadores fue del 150%, por lo que han tenido que optimizar recursos.
Paralelamente, la Superintendencia en Telecomunicaciones (Sutel) está preparando una modificación al Reglamento del Régimen de Protección al Usuario Final, donde se dispondrá que será un derecho de los abonados acceder al Servicio de Emergencias mediante llamada telefónica convencional, mensaje de texto (SMS) o por medio de aplicaciones móviles que incorporen la geolocalización.
La reforma a la ley que se discute en el Congreso permitirá un cobro diferenciado según el plan que cada usuario tenga. Si se trata de un cliente que solo usa datos no aportará nada al sistema 9-1-1, pero si usa más la telefonía, sea fija, móvil, de Internet o Skype u otros, entonces si aporta.
La variación por este cambio es relativamente baja, por ejemplo, si usted tiene un paquete de servicios móviles con voz e Internet de 1,5 megas, actualmente contribuye con ¢87 por mes y pasará a pagar ¢91; mientras que en un paquete de voz e Internet de 4 megas, el cobro variará de ¢56 a ¢91, es decir una diferencia de ¢35.
En caso del cobro por Internet, un empresario que ocupe 10 Megas de acceso fijo simétrico, que cuesta ¢421.283 por mes, actualmente no paga nada y pasará a pagar ¢2.738 por mes.
Buscarán darle prioridad en el plenario
El 19 de marzo la Comisión permanente de Gobierno y Administración aprobó, por mayoría, la reforma propuesta y ahora se busca darle prioridad en el orden del día del plenario para dotar el Sistema 9-1-1 de los recursos que requiere.
El diputado William Alvarado, jefe de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, reconoció que en los pocos días que les quedan en el plenario, la prioridad será sacar un grupo de leyes que tengan consenso y así darle productividad al último mes de labores.
La idea del legislador es sacar adelante “proyectos como este, que son de suma importancia y requieren el financiamiento necesario, porque sin lugar a dudas salvan muchas vidas en este país”, sostuvo.
Maureen Clarke, del Partido Liberación Nacional (PLN), también se mostró anuente.
“Creo que ayuda a resolver el problema del 9-1-1 en este momento, sobre todo desde la perspectiva de que se le va a fortalecer con financiamiento, no solo de la telefonía en general, sino también de las instituciones que se sirven del servicio y eso me parece sustancial”, afirmó.
Igual criterio expresó el diputado del PLN Rolando González, quien dijo que el texto es una solución inmediata para una crisis gravísima.
“Al menos ofrece una solución en el corto plazo, cuando sé, por datos de adentro, que la institución estaría en riesgo de no llegar a fin de año con los recursos presupuestarios de que dispone, es un acto de responsabilidad legislativa dar el sí”, expresó.
Recordó que el sistema 9-1-1 de nuestro país es un referente internacional, por la calidad del servicio que presta.