Juan Lara Salas. 18 julio, 2016
Trabajadores del ICE en una marcha por San José realizada el 28 de julio del 2015 contra proyectos de ley para recortar beneficios salariales en el sector público. La entidad buscando bajar su planilla. | ALONSO TENORIO.
Trabajadores del ICE en una marcha por San José realizada el 28 de julio del 2015 contra proyectos de ley para recortar beneficios salariales en el sector público. La entidad buscando bajar su planilla. | ALONSO TENORIO.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) mejoró, la semana pasada, los estímulos para la salida voluntaria de personal, sobre todo para los trabajadores con más antigüedad, pero sin opción todavía para jubilarse.

De paso, la administración advirtió a sus colaboradores de que la opción de irse por cuenta propia expira el 12 de agosto próximo y, también aclaró cómo se cobrarán las deudas que el empleado podría tener aún al momento de abandonar la empresa pública.

Así lo detalla un comunicado enviado a los funcionarios el 12 de julio, en poder de este diario.

Allí se indica que el incentivo para quien renuncie será de cuatro salarios, según el promedio percibido en el último año. En un comunicado de junio, se hablaba solo de tres salarios.

Tienen limitación en este punto los trabajadores próximos a pensionarse o con requisitos cumplidos de retiro.

Otro nuevo incentivo es que los interesados en irse por su cuenta recibirán los aportes económicos que les falten para disfrutar de su plan de pensión complementaria anticipada.

Eso sí, advierte el comunicado interno del ICE, solo podrán optar por esto hombres con edades entre 58 y menos de 60 años y mujeres entre 56 y menos de 58 años.

Esos aportes corresponden al 5,5% del salario vigente del trabajador y el trato es que el ICE anticiparía los aportes que sean necesarios para lograr la cantidad de meses restantes para gozar el beneficio. Así, quien acepte irse y califique, recibirá anticipadamente esa pensión.

El ICE también prometió que mantendrá las tasas de interés vigentes a quienes se movilicen y aún tengan saldos sin cubrir por préstamos hipotecarios con el Fondo de Garantías y Ahorro del Instituto.

Eso sí, aclara que quienes tengan deudas con ese Fondo, donde hayan mediado fiadores, deberán honrar esas obligaciones si las personas deciden acogerse a la movilidad voluntaria.

El pago de esas deudas, añade el ICE, saldría en primera instancia del ahorro acumulado por el trabajador. De ser necesario, también del incentivo económico por la movilidad y, si aún se debiera algo, el empleado deberá autorizar a la entidad deducir el monto de su beneficio de cesantía.

El ICE paga ocho años de cesantía a quien deja la entidad.

Ahorro. Este último llamado al retiro voluntario se enmarca en esfuerzos por lograr la estabilidad financiera.

La Presidencia Ejecutiva autorizó el mes pasado a los gerentes de área a iniciar procesos de reubicación de empleados que consideren necesarios o seguir con la “desvinculación laboral” para lograr ahorro.

La empresa inició en el 2012 un primer plan de movilidad laboral tendiente a disminuir el peso de la planilla sobre sus finanzas.

En cuatro años, el ICE aumentó en 2,5 veces el incentivo salarial otorgado a empleados en propiedad que opten por salir.

En el último proceso se retiraron 405 personas, quienes tenían 20 años o más de labores. A ellos se les canceló un total de ¢22.484 millones, es decir, ¢55,5 millones en promedio por persona.

Los incentivos salariales en los primeros programas se aplicaron a toda la población laboral por igual. En contraste, en el programa del 2015-2016, la estrategia apuntó a un grupo etario específico: trabajadores sin condición de jubilación, pero con antigüedad laboral importante.