Los consumidores de combustibles inyectarán en las próximas semanas ¢2.924 millones a la convención colectiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), mediante un ajuste en precios de gasolina y diésel que ya está en trámite.
La gestión se debe a una sentencia judicial que revirtió una decisión tomada por el actual jerarca de la entidad, Juan Manuel Quesada, cuando era Intendente de Energía de la Aresep, en el 2015.
Fue en el segundo semestre de aquel año cuando Quesada, desde su cargo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), resolvió excluir de las tarifas de combustibles rubros de la convención colectiva de Recope, por considerar que las tarifas solo incluyen costos asociados a la prestación del servicio.
En respuesta, trabajadores de la Refinadora interpusieron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, que lo declaró parcialmente con lugar mediante el voto 2019-009926, del 22 de mayo de 2019.
La decisión del Tribunal Constitucional autorizó a que con tarifas se reconocieran ¢2.924 millones para el Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía de Recope. La Refinadora ha admitido que históricamente financia su convención colectiva mediante ajustes ordinarios en el precio de los combustibles.
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Luego del fallo, Recope debía solicitar un ajuste ordinario de tarifas a la Aresep para conseguir el monto que debía trasladar al Fondo de Ahorro.
No obstante, ni la anterior administración de la Refinadora ni la actual han incluido en una solicitud tarifaria los ¢2.924 millones, pese a que esa era la previsión.
Según la metodología de ajuste tarifario, la Refinadora puede pedir un ajuste ordinario una vez al año para costear sus gastos, inversiones y otras obligaciones.
Los ajustes extraordinarios, en cambio, se solicitan cada mes y tienen relación con el costo de los combustibles en el mercado internacional y el tipo de cambio del dólar.
En mayo, la Aresep rechazó ad portas un pedido ordinario de Recope por incumplir requisitos de admisibilidad, pero la previno de que debía incluir los ¢2.924 millones en la siguiente solicitud.
Sin embargo, el propio Quesada, en calidad de presidente de Recope, anunció en junio de este año que no solicitaría ajuste ordinario en 2022. Adujo que no lo haría “para evitar así una afectación en el bolsillo de los costarricenses”.
Alza ya está en trámite
No obstante, sus previsiones al final no se cumplirán y los consumidores sí terminarán pagando ese dinero, pues abogados del Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, Recreación y Garantía habían interpuesto desde el 2016 un proceso contencioso administrativo contra la Aresep para reclamar el dinero. Se tramitó en el expediente N° 16-004760-1027-CA.
Este proceso se había suspendido porque el Fondo y la Aresep acordaron incorporar los dineros cuando Recope incluyera la partida en el ajuste que debía tramitar para ese fin.
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Como Recope nunca incorporó la suma, el Fondo solicitó, el 21 de setiembre, reactivar el expediente, por lo que el Tribunal Contencioso convocó a las partes a una audiencia preliminar este 27 de octubre.
La Dirección General de Asesoría Jurídica y Regulatoria de Aresep advirtió, que si bien se había acordado que Recope pediría la respectiva fijación tarifaria, lo anterior no pasó, pese a que se le insistió en varias ocasiones. En su criterio, hay “una aparente falta de interés actual de Recope de solicitar el ajuste”, según el oficio OF-0748-DGAJR-2022 del pasado 10 de octubre.
La nota aclara que eso no exime a la Aresep de su obligación de subir las tarifas para entregar el recurso a la convención colectiva con el fin de cumplir la sentencia de la Sala IV del 2019, que ordenó reconocer los costos reclamados por dicho Fondo.
“Caso contrario, podríamos estar ante conductas omisivas de la Administración, sujetas a responsabilidad de diversa índole”, indica la misiva dirigida al actual intendente de Energía, Mario Mora Quirós.
Como efecto de la reactivación del proceso judicial, la Aresep abrió este lunes el expediente OF-0863-ET-2022, el cual es un estudio tarifario ordinario de oficio para el cumplir la resolución de la Sala IV.