Más de 3.600 empleados de las cárceles, entre policías, cocineros y personal administrativo, podrían verse afectados por la recién aprobada ley para bloquear la señal celular en los centros penitenciarios.

Así lo denunció la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras (UNT), que durante la discusión del proyecto en la Asamblea Legislativa envió un documento a los diputados, donde advertía que la legislación “reñía contra el derecho fundamental de las personas a la comunicación”, según un comunicado del gremio.

El sindicato resalta el caso de los policías que deben permanecer en el centro una semana completa, pues quedarían incomunicados durante ese lapso.

“La UNT, como sindicato mayoritario, apoya todas las iniciativas tendientes a evitar que el crimen organizado siga desde las cárceles haciéndole daño a la sociedad, pero estas medidas no pueden violentar derechos constitucionales de los ciudadanos y en particular de las personas que laboran en los centros penitenciarios donde se aplicará la norma”, señala el documento firmado por el secretario general adjunto, Édgar Morales Quesada.

El gremio demanda que el acceso a la señal de los trabajadores sea garantizado por el reglamento de la ley, que será elaborado por el Ministerio de Justicia junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el Ministerio de Seguridad, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y las operadoras telefónicas. Además, exige un espacio en esta comisión de trabajo.

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La Unión aseveró que usará “las herramientas jurídicas y de movilización de los trabajadores que sean necesarias para garantizar este derecho a los trabajadores del sistema penitenciario y particularmente a nuestros afiliados, donde ya superamos los 2.000”.

Mario Bermúdez, vocero del Ministerio de Justicia, reiteró la intención de la cartera de elaborar una “lista blanca” con los datos de los afectados por el bloqueo.

“Como parte del trabajo de la comisión que elaborará el reglamento, se va a considerar la afectación que se puede presentar tanto para vecinos, como para funcionarios. Este fue un tema que se mencionó en la comisión, y que se va a analizar en la elaboración del reglamento. Y en este aspecto, se van a considerar los distintos tipos de tecnología que hay en el mercado”, explicó Bermúdez.

Nils Ching, subdirector de la Policía Penitenciaria, agregó que los costos de instalar un sistema de este tipo dependerán de los estudios técnicos posteriores.

Dudas pendientes

Ana Lucía Ramírez, directora ejecutiva de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología (Infocom), entidad opuesta al proyecto, manifestó que aún no se pueden estimar costos de su implementación, pues la ley aprobada no estipuló cuál sería la tecnología utilizada, ni cómo se van a intervenir los centros penitenciarios del país.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (Camtic), Hubert Arias, consideró que es “muy complicado, por no decir casi imposible”, aplicar esta tecnología en espacios restringidos como las cárceles.

“Tendrían que ser bloqueos por radiobases. Las radiobases son las que emiten la señal celular, cuando uno va en una carretera la señal va cambiando. Lo que pasa es que la cárcel podría estar servida por más de una radiobase, con la afectación para todos los transeúntes”, dijo Arias.

El proyecto fue impulsado para combatir las estafas telefónicas desde las prisiones. Fue aprobado en el Congreso este 31 de julio en segundo debate y consiste en una reforma a la Ley General de Telecomunicaciones.

Tras la publicación del reglamento, las operadoras telefónicas tendrán nueve meses para efectuar el bloqueo de la señal, de lo contrario recibirán sanciones por parte de la Sutel.