El tiempo que esperan los costarricenses para obtener una cita para concursar por alguna ayuda social del Estado se duplicó de 2020 a 2021, pasando de un promedio de 30 días a casi dos meses (54 días), según datos solicitados por La Nación al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
La extensión del plazo responde a que el año anterior aumentó en un 69% la cantidad de personas que pidieron un subsidio, lo que representó en números absolutos pasar de 110.000 a más de 186.000 solicitudes. Esta cifra es apenas el 13% de los 1,3 millones que intentaron conseguir una cita.
El IMAS explicó que el otorgamiento de citas depende de cada región y la disponibilidad de cupos del momento en esa zona. “Al ser una institución descentralizada, se atiende a las personas de acuerdo con su lugar de residencia, la disponibilidad de cupos son distintos en cada región o localidad”, detalló.
Por ejemplo, en la región Brunca es donde existe la mayor cantidad de beneficiarios, con un total de 34.989 hogares que en conjunto reciben más de ¢12.688 millones. Le siguen las regiones Huetar Caribe, Noreste, Chorotega y en último lugar la Central.
En total, en las 14 regiones delimitadas se ayuda a 255.640 hogares con un presupuesto de ¢96.532 millones.
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La población que más recibe ayudas es la de personas jóvenes, con un total de 205.364 beneficiarios. Le siguen los hogares con jefatura femenina con 173.941 familias y los Hogares Puente Desarrollo con 38.632 viviendas. En los últimos puestos están las personas afrodescendientes (6.643) y las refugiadas (2.319).
Además, los subsidios que más se entregan son los que corresponden al programa de becas Avancemos, en el que se invierten más de ¢53.691 millones para 224.521 hogares. En segundo lugar se encuentra la “atención a familias” con 64.092 hogares y el “cuidado y desarrollo infantil” con 16.967 beneficiarios.
Madres de familia como Mary Maroto, Yesenia Montoya y Lourdes Zúñiga contaron a este diario que para ellas ha sido un martirio acceder a alguna ayuda social del Estado porque a la hora de realizar la solicitud siempre les responden que les hacen falta documentos o que llevaron la información incorrecta.
El IMAS explicó a La Nación que cuando la persona solicita la cita, únicamente requiere su número de identificación, además de datos básicos como su dirección de domicilio, número telefónico y correo electrónico, si cuenta con uno. “Es necesario recordar que la solicitud de la cita se realiza únicamente por la plataforma de contacto, no debe presentarse en ninguna oficina de la institución”, detalló.
Aseguró que “cuando los requisitos documentales estén cumplidos, la oficina regional o unidad local cuentan con un plazo máximo de 10 días hábiles para que se notifique” al solicitante. Sin embargo, reconoció que si las personas no presentan todos los requisitos para su valoración social, el plazo de espera puede variar.
“Por ejemplo, si la persona se presenta a su cita de valoración social con la documentación completa según lo que establece el Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios del IMAS, al finalizar el tiempo de esa cita, que es en promedio 40 minutos, se le brindará respuesta sobre su solicitud.
“No obstante, si la persona no presenta la documentación completa y conforme a lo requerido, a nivel reglamentario cuenta con hasta seis meses calendario para completar o subsanar los requisitos, siendo que la valoración se realizará hasta que se cuente con los requisitos completos”, puntualizó el Instituto.
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La ministra de Desarrollo Humano e Inclusión Social y presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León, reconoció que el aumento en los tiempos de espera ocurre porque la demanda sobrepasa las capacidades del Estado y señala que será hasta inicios del próximo año que se puedan ejecutar acciones para atender la situación.
“Estamos conscientes que los tiempos de espera para conseguir las citas han aumentado en los últimos dos años. Es una realidad que existe una amplia demanda por parte de las personas que buscan los servicios del IMAS, que es además una población en condición de pobreza o pobreza extrema, o bien que presentan alguna condición de vulnerabilidad.
“El contexto económico de los últimos tres años y el contexto también desde el punto de vista de la salud y el aumento ahora de la inflación provoca que muchas familias tengan la necesidad de recurrir a los subsidios estatales y que eso entonces sobrepase las capacidades instaladas que tienen los sistemas para responder”, afirmó León.
¿Cómo apelar?
La entidad destacó que si los solicitantes reciben un no como respuesta, tienen derecho a interponer los recursos necesarios de apelación de forma escrita, tomando en cuenta los siguientes puntos:
1- La persona afectada presenta de forma escrita su apelación ante la jefatura de la unidad local para que se realice una revisión de su solicitud.
2- Si aún existe inconformidad con la respuesta obtenida, puede elevar el recurso ante la jefatura del área Regional.
3- De forma paralela, la persona puede recurrir a la Contraloría de Servicios de la Institución para realizar su descargo.
4- La denuncia puede ser escalada hacia la Subgerencia de Desarrollo Social y a la Gerencia General para agotar la vía.
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Por último, el IMAS recordó que el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube) es la herramienta que determina, a partir de los cálculos integrales de toda la información vinculada con una persona, “si se le debe o no brindar una ayuda económica o técnica”.
Los funcionarios del Instituto utilizan este sistema para realizar la valoración social de la persona, familia u hogar solicitante, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Reglamento para la Prestación de Servicios y el Otorgamiento de Beneficios (incluye documentación sobre ingresos, matrícula educativa, entre otros).
Además, como proceso de comprobación, los datos suministrados por los ciudadanos se validan mediante consultas al historial de beneficiarios, Registro Civil, Registro Nacional de la Propiedad y Registro de Facturas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
“Esta valoración permite la verificación o actualización de los datos de la Ficha de Información Social, cuyos datos se remiten en tiempo real al Sinirube, sistema que devuelve –también en tiempo real– la calificación asignada al hogar.
“Con base en la valoración referida, la calificación otorgada por Sinirube y el criterio profesional, es que se determina si se cumple con los requisitos y parámetros para la asignación del beneficio, y se emite la respuesta a la solicitud presentada”, concluyó la institución.
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