Luego de pagar las cuotas de los cinco préstamos que tiene, en su cuenta bancaria apenas le quedan ¢100.000 para las compras del supermercado, pagar recibos y costear la gasolina para ir a trabajar.

Fernando, como llamaremos a este hombre de 38 años que pidió mantener su identidad en reserva, cuenta que las deudas empezaron a atormentarlo desde los 17 años.

Él afirma que nunca pudo salir de ellas y ahora más bien acumula cuentas por un total de ¢20 millones. Su esposa también debe ¢14 millones por otros préstamos.

Las deudas no solo han restringido el gasto en alimentación y en otras necesidades básicas de este matrimonio, sino que también frena parte de sus sueños.

“Yo gano ¢679.000 mensuales, pero pago alrededor de ¢579.000. No podemos traer ningún hijo porque no creo que podamos sobrevivir, y la edad de mi esposa hace que ella quiera tener un bebé”, relató Fernando.

El alto endeudamiento hace que cada costarricense destine, en promedio, el 64% de sus ingresos para pagar obligaciones por préstamos bancarios y tarjetas de crédito, según estimaciones del Banco Central de Costa Rica.

“Los parámetros internacionales sugieren que una persona o un hogar no debería tener una cuota del total de sus créditos que supere el 35 o 40% de sus ingresos netos. En Costa Rica, como un todo, es de 64% (por persona)", advirtió Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica.

Ante consultas de La Nación, el Central explicó, este viernes, que para llegar a la conclusión se consideró el porcentaje que representa la carga financiera de una cuota promedio mensual con relación al ingreso disponible por cada persona.

“En promedio una persona costarricense destina 64% de sus ingresos al pago de deuda”, ratificó la institución.

La Casa Presidencial informó, por ejemplo, que “de cerca de 126.000 funcionarios públicos del Gobierno Central, más de 35.000 reciben menos de ¢190.000 al mes debido a las deudas que tienen”.

A ello, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), Pilar Garrido, sumó otro factor preocupante: “En promedio, un 14,5% de las personas servidoras públicas de cada institución reciben un salario líquido inferior al mínimo de ley”. De trabajadores privados, no hay mayores datos.

Otra evidencia del drama que viven las finanzas familiares la aporta un estudio de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), el cual revela que las deudas promedio de los hogares ticos se duplicaron en los últimos siete años.

La investigación señala que la deuda promedio de los hogares se duplicó de ¢4,4 millones en el 2011 a ¢8,6 millones en el 2018. En cambio, el ingreso familiar promedio solo creció un 18% en ese periodo, al pasar de ¢860.000 a poco más de ¢1 millón.

“Hay una relación de deuda de más de ocho veces sobre el ingreso promedio de los hogares. Esto ya sí da un indicio claro de que la deuda está creciendo mucho más rápido que el ingreso”, afirma el superintendente Bernardo Alfaro.

Un síntoma adicional del problema es la conformación de la deuda de los costarricenses: el 54% proviene de los préstamos para consumo (tarjetas de crédito, préstamos para vehículos, viajes y otros gastos personales).

El restante 46% se origina en créditos para construcción o compra de vivienda.

Sin embargo, todos esos números no contemplan la realidad oculta de prestamistas informales que cuentan con tasas de interés de hasta el 100%, como han alertado las autoridades.

Tampoco se consideran las compras a pago que ofrecen almacenes por la adquisición de electrodomésticos y hasta motocicletas, sobre los cuales la Sugef no tiene supervisión.

Tarjetas al límite: ‘Una bola de nieve’

El uso descontrolado de las tarjetas de crédito fue, precisamente, lo que llevó a Dennis Rodríguez, un sancarleño de 28 años, a una situación fuera de control. Hoy, su salario de ¢500.000 está embargado.

“Se me fueron acumulando las mensualidades, hasta que eso se convirtió en una bola de nieve que no podía pararla”, afirmó el joven.

Una entidad financiera privada le dio su primera tarjeta de crédito a los 21 años. Cuenta que en ese momento tenía un buen trabajo como electromecánico y podía administrarla, pero luego se quedó sin empleo y cambió todo.

“Empecé a jalar intereses de una mensualidad más vieja, debía tres meses y venía jalando intereses hasta que no pude solventar esa carga y decidí dejar de pagar”, relató.

“Ya ha pasado bastante tiempo y hace como 15 días me llegó el embargo. Los arreglos de pago que ellos me proponían eran solo de pagar y ya, pero ¿cómo hacía uno para pagar más de ¢1 millón?”, se preguntó.

Además de pagar deudas y sobrevivir, él debe pagar pensión, obligación que impidió que le embargaran una gran parte de su salario. “No sé cuánto iré a durar pagándolo todo, 10 años... no sé”, manifestó.

Según un estudio del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), con datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) la deuda total de los ticos por tarjetas de crédito subió de ¢579.000 millones en el 2010 a ¢1,4 billones en julio de este año (creció más del doble).

"Cada vez nos endeudamos más para consumo. El tema de la apertura comercial, los avances tecnológicos y la mayor importación de productos ha hecho que la gente pueda consumir mayor variedad de bienes y servicios, aumentándose lo que podríamos llamar el consumismo, que es consumir cosas más allá de las que en realidad necesitamos", señaló la economista Roxana Morales, de la Universidad Nacional (UNA).

De acuerdo con la Sugef, a mayo pasado había 1,2 millones de personas con créditos o saldos de tarjetas vigentes con una deuda promedio de ¢11,3 millones por persona.

¿Solución en camino?

En un intento de aliviar la situación, el Poder Ejecutivo presentó el miércoles dos proyectos de ley como parte de un programa de salvamento para personas asfixiadas por deudas (más del 40% de los ingresos comprometidos).

Uno de ellos, pretende que la banca estatal entregue préstamos blandos. Las personas beneficiadas pagarían, a tasas de hoy (11,5%), ¢11.500 por cada millón.

Así, si una persona obtuviera un crédito de salvamento de ¢10 millones, el pago mensual quedaría en unos ¢115.000 más seguros. Por un préstamo del mismo tamaño, con una tasa del 20% y a ocho años, el pago mensual hoy es de ¢210.000

Los plazos de los préstamos con esta modalidad serían hasta por 15 años, y si el deudor aporta garantía hipotecaria, este se extiende a 20 años.

La garantía para quienes se acojan al Crédito de Salvamento será el salario, razón por la cual será obligatorio para los patronos, tanto públicos como privados, aplicar la deducción por planilla.

LEA MÁS: Maestros del MEP ahogados en deudas: la mayoría recibe la mitad de su salario o menos

Asimismo, los beneficiarios no podrán endeudarse con ninguna otra entidad financiera mientras no hayan amortizado al menos el 50% del préstamo, o mientras no haya transcurrido la mitad del plazo del crédito.

A cambio de optar por los beneficios de este programa, las personas estarán obligadas a llevar un programa de educación financiera durante tres años.

Para el presidente de la República, Carlos Alvarado, hasta que no se resuelva el alto endeudamiento de los costarricenses, no se podrá resolver el bajo consumo que afecta la economía y provoca un menor crecimiento económico.

"Hoy estamos hablando de reactivación y le estamos pidiendo a la gente que consuma, cuando ya su margen de consumo lo tuvimos hace cuatro o cinco años. Duplicamos el nivel de endeudamiento, nos los consumimos y ya llegamos al tope", señaló el mandatario.

La otra iniciativa permitiría fortalecer el Centro de Información Crediticia (CIC), pues los datos sobre el endeudamiento de los costarricenses son limitados.

Ministra: Seis respuestas al plan de ‘Salvamento crediticio’

Pilar Garrido, ministra de Planificación, respondió seis dudas al proyecto de ley sobre “Salvamento crediticio”.

1. ¿Cómo se costearía el programa de educación financiera?

"Los programas de educación financiera se costearán con los recursos de los programas de responsabilidad social de los bancos estatales.

2. ¿Cómo procurar que las personas se mantengan dispuestas a llevar el programa?

"La directriz contempla la posibilidad de establecer tanto incentivos, para quienes cumplan satisfactoriamente el programa; como sanciones para quienes no lo hagan.

"El compromiso de las personas, de cumplir con el programa de educación financiera, es un requisito indispensable para acceder al crédito de salvamento.

"La directriz no definió incentivos ni multas, eso lo definiría cada banco. Pero, podrían considerar opciones como rebajar la tasa de interés o dar beneficios en productos financieros, en el caso de los incenitivos; o generar multas y penalizaciones en tasa de interés a modo de sanciones.

3. ¿Cuál es el perfil de las personas endeudadas? En cuanto a edad, nivel educativo, etc.

"Contamos con el perfil de las personas servidoras públicas. En promedio, un 14,5% de las personas servidoras públicas de cada institución reciben un salario líquido inferior al mínimo de ley.

"Entre entidades que sobrepasan este promedio, están: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la Imprenta Nacional, el Ministerio de Seguridad, Dinadeco, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Dirección General de Adaptación Social, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Agricultura, la Dirección General del Servicio Civil y el Ministerio de Cultura.

"No obstante, este es solo una parte del grupo de personas altamente endeudadas. Para completar este perfil con el resto de personas que trabajan en el sector privado, hemos solicitado información adicional a la SUGEF.

4. ¿Hay proyecciones de los efectos que podría tener el proyecto y a cuántas personas beneficiaría?

"Según datos de la SUGEF, más de 96.000 personas físicas presentan una calificación de Nivel 3 en su comportamiento de pago histórico (CPH), lo que implica un comportamiento deficiente con atrasos superiores a 90 días. Se podría inferir que este grupo de personas son candidatos potenciales para el crédito de salvamento; sin embargo, el número definitivo de personas beneficiarias podrá determinarse una vez que los deudores se acerquen a las entidades financieras y concreten la operación.

5. ¿Por qué excluir trabajadores independientes e informales?

"Estamos en una etapa inicial del proyecto. Una vez implementado con personas físicas, se valorará, en una segunda fase, la inclusión de trabajadores independientes. En el caso de los informales, primero se debe realizar la formalización, pues de lo contrario el crédito de salvamento se volvería riesgoso para los bancos.

6. ¿También aplicará para créditos con entidades como Beto le presta o Instacredit?

“Es correcto, el propósito del crédito de salvamento es que, aunque se trate de deudas con entidades no supervisadas, dichos pasivos puedan ser incorporados para refundir en una sola deuda. Las personas deberán aportar toda la documentación actualizada de sus deudas proveniente de las entidades que les están dando financiamiento para que se pueda elaborar el perfil completo de la deuda”.