A pesar de tener 970 kilómetros cuadrados cubiertos de arrecifes coralinos, Costa Rica carece de leyes para protegerlos.
Estos ecosistemas están seriamente amenazados por la acción de los agroquímicos arrastrados por ríos, el turismo irresponsable, la pesca excesiva y los efectos del cambio climático.
Por esas y otras razones, el 97% de los corales costarricenses presentan graves daños.
La destrucción se ha venido dando paulatinamente, a pesar de que los arrecifes le generan al país $582 millones al año producto de los servicios ambientales que dan; entre ellos, el servir como cuna de especies de alto valor para la industria pesquera, ser barrera natural ante tormentas, y por su potencial turístico y de investigación.
“Si bien se han suscrito convenios internacionales como el Código de Pesca Responsable de FAO , Cites y la Convención de Biodiversidad , falta un instrumento legal específico”, alertó Haydée Rodríguez, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
AIDA, Conservación Internacional (CI) y el Viceministerio de Aguas y Mares –del Ministerio de Ambiente (Minae)–, elaboran un decreto para llenar esa falta de legislación.
“Podría estar muy enfocado en zonificar para diferenciar las áreas de coral del resto. Paralelamente, se regularían los agroquímicos pues no tenemos algo específico (en esta materia) para corales”, explicó Rodríguez.
Además del decreto, se reformará la ley de pesca y la Ley Orgánica del Ambiente para establecer sanciones a quienes dañen estos valiosos ecosistemas.