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Los gobiernos de Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia anunciaron este jueves una provisión de $72 millones para la conservación del Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR).
El CMAR, una iniciativa lanzada en 2004 por estas naciones, busca la conservación y uso sostenible de unos 500.000 kilómetros cuadrados de mares, una de las áreas más productivas y con mayor diversidad biológica del planeta que comparten esas naciones.
Este jueves, autoridades de Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica se reunieron en el comité regional ministerial del CMAR para presentar la etapa final del proyecto Más allá del 30x30 de cooperación transfronteriza.
En la cita participaron Susana Muhamad, ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia; Sade Fritschi, ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador; Milciades Concepción, ministro de Ambiente de Panamá; y Franz Tattenbch, ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica.
Durante el encuentro se formalizó un aporte de $16 millones ofrecidos en junio de 2023 por el Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y una contrapartida de $56 millones que aportarán los propios gobiernos, según sus posibilidades de captación de fondos de organizaciones internacionales donantes y recursos propios.
Hace un año, el GEF anunció que su aporte sería gestionado por una agencia implementadora internacional, en este caso la organización no gubernamental Conservación Internacional (CI), que debía elaborar una propuesta de uso de esos recursos.
A partir de ahora, vendrá luego una fase de desembolsos.
La ministra Muhamad declaró a La Nación que este año continuará un proceso de aprobaciones finales con el objetivo de iniciar la implementación en el 2025.
Agregó que los cuatro países decidieron este jueves avanzar con la negociación de un tratado vinculante centrado en la gobernanza del CMAR, un proceso sobre el cual habría una actualización en la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP16) de la ONU, a realizarse en octubre próximo en la ciudad colombiana de Cali.
Muhamad señaló que también se espera que durante ese evento se defina una sede regional permanente para la Secretaría del CMAR y quién será el próximo o la próxima jerarca de dicho órgano de gobernanza.
En tanto se completa el proceso descrito por la ministra, los fondos ofrecidos por el GEF serán los primeros en entregarse a la Fundación Pacífico para la ejecución del Proyecto GEF Más allá del 30x30, informó el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) en un comunicado.
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Creada en 2017 y con sede en Panamá, la Fundación Pacífico moviliza fondos para implementar acciones de conservación marino-costeras. Su directorio lo componen un representante de cada uno de sus cuatro fondos ambientales fundacionales de cada país. Todos los aportes irán a un fondo fiduciario para el manejo efectivo y transparente de los recursos captados.
Cuando comiencen los desembolsos, la organización deberá priorizar acciones de cooperación transfronteriza entre las cuatro naciones, fortaleciendo la gobernanza regional, coordinando y aumentando inversiones en la economía azul, un concepto que reconoce el papel de los mares como fuente económica y la importancia de gestionar sus recursos de manera sostenible.
Los dineros se utilizarán en las industrias del turismo y la pesca de las cuatro naciones, en el resguardo de sus áreas protegidas, y en mejoras a nivel de investigación y otras acciones para favorecer la conectividad regional en la conservación de especies marinas migratorias que pasan por el CMAR.
El costarricense Carlos Manuel Rodríguez, director ejecutivo del GEF y exministro de Ambiente, indicó que Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia son los primeros países del mundo en lograr un acuerdo para la conservación de al menos el 30% de sus océanos de aquí al 2030.
“Ante este logro internacional, el GEF les ofrece recursos para la implementación de ese acuerdo en temas como investigación científica, manejo de áreas marinas, gestión ambiental y participación de la sociedad civil. Estos $16 millones pueden considerarse un premio político a estos gobiernos por haber plasmado en acciones su acuerdo”, dijo Rodríguez.
