Once empresas presentaron ofertas para hacerse cargo de la revisión técnica vehicular durante los próximos dos años, mediante un permiso de uso en precario. Así se dio a conocer este viernes, luego de que a las 3 p. m. finalizara el plazo de recepción de propuestas establecido por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Mediante un Facebook live, el jerarca del MOPT, Luis Amador, leyó los nombres de cada uno de los expedientes recibidos.
Entre las oferentes están CRSGS Revisiones Técnicas, que opera en países como Colombia y Ecuador; Consorcio Dekra y otros (México), Consorcio RETEVE, Grupo Empresarial Certigases Costa Rica, Inversiones Médicas de Centroamérica, Cooperativa de Trabajadores de la Inspección Técnica Vehicular R. L., Parques Metropolitanos, Consorcio Farenet (Perú), Opus Group (Estados Unidos, Argentina y Chile), Tenet DFS y la empresa Intersat.
La apertura de los sobres con las propuestas de cada firma, dijo el ministro, será comunicada “oportunamente”. Se procederá con esa fase una vez que, como jerarca de MOPT, tenga autorización en su calidad de presidente de la Junta Directiva del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), ente que de acuerdo a la Ley de Tránsito debe ser el encargado de otorgar el servicio a un privado.
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“Una vez hecha la apertura, necesitamos 10 días hábiles para poder hacer la revisión”, añadió Amador ante la consulta de una de las representantes empresariales sobre el plazo para conocer la firma elegida.
De acuerdo con el pliego publicado por el MOPT para este concurso, los mayores puntajes se darán a las empresas con más experiencia técnica y la tarifa de revisión más baja.
No obstante, el mismo documento indica que de entrada, la compañía seleccionada comenzaría a operar con las mismas tarifas que tenía Riteve, ya que son las que actualmente se encuentran aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
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Entre los requisitos solicitados por el MOPT estaban tener como experiencia dos millones de revisiones en 10 años y un patrimonio de al menos $3 millones al cierre del último período fiscal.
La empresa Riteve, que había sido la encargada de brindar el servicio los últimos 20 años en el país, declinó concursar.
El modelo
El mecanismo empleado por el MOPT ha sido criticado por expertos, incluso, la Contraloría General de la República recibió una denuncia asociada con el modelo de contratación seleccionado.
El fundamento de la queja es que según la Ley de Tránsito la inspección vehicular debe ser contratada mediante autorizaciones y el Cosevi es el ente designado para realizar dicha función, así como la supervisión. Es decir, no debería darse un permiso en precario ni este debió haber salido a concurso por gestión del MOPT.
Otro posible obstáculo es que incluso los artículos de la ley relacionados con este requisito se encuentran actualmente impugnados ante la Sala Constitucional, la cual acogió para estudio una acción presentada por una agrupación ambientalista, preocupada principalmente por la figura de las autorizaciones, que era la vía como operaba la revisión hace dos décadas. Ellos defienden la figura de la concesión.
Amador, sin embargo, en repetidas ocasiones ha defendido el modelo seleccionado, pues asegura que era la única opción viable para dar continuidad al servicio y lograr una baja en las tarifas.
Desde el pasado 15 de agosto, fecha en que venció el contrato con la española Riteve, el país se encuentra sin revisión vehicular y así permanecería por al menos dos meses, según estimaciones del Ejecutivo. Por esta razón, se concedió una amnistía para los propietarios de los vehículos cuyas placas finalizan en 5, 6, 7, 8 y 9, los cuales tendrán entre uno y dos meses para ponerse al día, una vez que el nuevo operador reanude el servicio.
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El cálculo del MOPT es que para mediados de setiembre, la empresa que resulte seleccionada pueda comenzar a operar en las 13 estaciones fijas y cuatro móviles con las que se atendía al parque vehicular del país.