El 2020 fue un año muy difícil en muchos hogares costarricenses, no solo por la llegada de la pandemia de covid-19 sino también por la violencia desencadenada durante los largos periodos de confinamiento y de restricciones a los que se vio sometida la población.
De hecho, un estudio elaborado por el informe Estado de la Nación detectó 32 distritos de la Gran Área Metropolitana (GAM) donde las agresiones contra mujeres y niños, principalmente, mantuvieron niveles muy elevados durante todo el año.
En esa lista roja figuran distritos como Desamparados y La Garita (en Alajuela), San Isidro de El Guarco y Concepción de La Unión (Cartago), Santa Rosa de Santo Domingo y San Pablo de Barva (Heredia) y Los Guido de Desamparados y Colima de Tibás (San José).
A partir de una revisión de los reportes de agresión recibidos por la plataforma de emergencia 9-1-1 dichas comunidades aparecen con la etiqueta de “alta violencia doméstica”.
La investigación del programa Estado de la Nación pretendía determinar si en la GAM -considerada la de mayor generación de incidentes por el sistema de emergencias– hubo algún patrón diferente en los registros de violencia doméstica, o intrafamiliar, durante el primer año pandémico.
Steffan Gómez, uno de los integrantes del equipo, señaló que durante la investigación se determinó que la violencia doméstica o intrafamiliar tuvo en el 2020 un comportamiento similar en cuanto a husos horarios y días con respeto a estudios anteriores.
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Detalló que la mayoría de los incidentes suelen presentarse a final de la tarde entre semana, y entre las 6 p. m. de los sábados y la madrugada de los domingos.
No obstante, Gómez detalló que al analizar los reportes recibidos por el 9-1-1 se lograron determinar diferencias en el comportamiento de la violencia en los 164 distritos de la GAM a lo largo del 2020, lo cual permitió clasificarlos en grupos o conglomerados a partir de tres hipótesis.
Los investigadores concluyeron que si el número de incidencias bajó durante los periodos de confinamiento y subió en Navidad podría existir un situación de invisibilización de la violencia, es decir, que la víctima no denuncia porque está frente a su agresor.
Si el promedio de reportes se mantuvo constante, se consideró que se trata de un distrito que no tuvo fuertes variaciones en medio de la pandemia en términos de violencia.
En el último escenario se ubicaron localidades donde el número de casos empezó alto ese año y se mantuvo así durante los lapsos de confinamiento, periodos de flexibilización de medidas, Semana Santa y fiestas navideñas. “Estos son los distritos donde hubo muchísima violencia y se denunció mucho. Son los de alta violencia”, agregó.
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Aquí es, precisamente, donde se ubicaron 32 distritos. De acuerdo con la revisión, Pavas fue el que generó la mayor cantidad de denuncias durante el periodo de estudio. Luego le siguieron el distrito central de Alajuela y San Francisco de Heredia.
En el grupo de distritos considerados “zonas de invisibilización” se ubicaron 67 sitios entre los que figuran Carrizal y Tambor (Alajuela), Llano Grande y San Nicolás (Cartago), y San Roque de Barva y Ribera de Belén (Heredia).
Finalmente, 65 distritos fueron clasificados en la “zona de violencia promedio”. Entre ellos, están Paraíso y Santiago, en Paraíso de Cartago; y Concepción de San Isidro de Heredia.
Reportes de violencia en 9-1-1
FUENTE: Informe Programa Estado de la Nación, 2021 || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
En cuanto a los datos globales de reportes de violencia en el 2020, un 47% tuvieron que ver con el entorno comunal (riñas, drogas, ataques contra la vida, agresión con arma blanca o arma de fuego), un 37% fue violencia familiar (en su mayoría contra la mujer), y un 16% fue maltrato contra la niñez.
Por cantones, indica el informe, San José, Alajuela y Desamparados se posicionaron como los de mayor cantidad de reportes. Solo en San José se concentró un 9,6% de los incidentes contra la niñez, el 10,9% contra la familia y el 14,2% originado en el entorno comunitario.
Material para más investigación
Esta no es la primera vez que el Programa Estado de la Nación se involucra con temas de violencia. Hace tres años, sus investigadores también exploraron los registros del 9-1-1 para ver cómo se comportaban los patrones de las emergencias.
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En esta última ocasión, el equipo de investigadores consideró necesario darle seguimiento al tema por varias razones. La primera, explicó Gómez, porque ya se habían detectado ciertos patrones sobre la violencia doméstica y era pertinente averiguar si se mantenían o no.
Incidentes de violencia por tipo
FUENTE: Estado de la nación, 2021 || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
Segundo, porque era evidente que varias situaciones vividas en la pandemia metieron presión en los hogares, como el confinamiento por las restricciones sanitarias y que los menores de edad dejaran de ir a clases presenciales, además del llamado ‘apagón educativo’.
“Esto generó una olla de múltiples presiones y nos hizo encender la luz”, reconoció. Los investigadores encontraron que las denuncias de violencia contra la niñez y la familiar arrancaron en el 2020 mucho más fuertes que en años anteriores.
Por ejemplo, en enero de ese año hay reportes de alrededor de 4.500 incidentes contra menores. Por el contrario, en enero del periodo 2016-2019 el promedio estuvo entre 2.500 y menos de 4.000 incidentes.
Lo mismo pasó con las denuncias por violencia familiar: enero del 2020 empieza con 10.500 registros, mientras que en enero entre los años 2016 y 2019, el promedio se situó entre 8.000 y 9.000 casos.
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En marzo del 2020, se declara emergencia nacional por la covid-19, y los incidentes parecen venirse abajo. Pero esto tiene una hipótesis, que corresponderá confirmar con otra investigación.
“La literatura internacional nos alertaba de que la reducción de la violencia en pandemia podría ser invisibilización. Hay literatura que dice que la violencia contra los niños es más difícil detectarla si no van a la escuela porque los entornos de socialización funcionan como mecanismos de detección”, señaló Gómez.
El siguiente paso en la investigación, según afirmó, es identificar las características de los hogares en esos distritos de alta violencia. También determinar cómo se están manejando los casos nuevos y los considerados “reincidentes”.
Estos últimos, deberían activar una alerta en las instituciones responsables de actuar para que hechos de violencia no se repitan. “Ahí es donde queremos entrar con el bisturí para dar mayor precisión para la política pública”, aseveró Gómez.
“La institucionalidad tiene que ser muy consciente sobre dónde están los focos de mayor violencia. Los recursos son pocos y hay que priorizar donde el zapato aprieta más. Este estudio aporta esos puntos calientes. Considerando ese primer elemento, se pueden empezar a establecer mecanismos de prevención”, agregó.