Dos organizaciones de pacientes trasplantados de órganos denunciaron a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ante la Fiscalía y la Procuraduría por cambiar el proveedor del fármaco inmunosupresor que les recetan, con lo cual, consideran, se pone en riesgo sus vidas.
La Fundación de Nefrología Costa Rica y la Fundación Vida Nueva confirmaron las denuncias a La Nación, las cuales fueron interpuestas el 20 de octubre. Alegaron que la única razón que les dio la Caja para cambiar de fabricante es económica: buscar un medicamento de menor costo para la institución.
La modificación se dio con el medicamento micofenolato de mofetilo, un inmunosupresor genérico que los pacientes califican de seguro. La CCSS cambió por otro que, según los pacientes, no está precalificado en el país y no ha realizado suficientes estudios de bioequivalencia para demostrar la seguridad y eficacia de su producto.
“Esto preocupa a los pacientes, porque no se valoraron otros factores determinantes para tener la certeza de la calidad, eficacia y seguridad del medicamento. Esto atenta contra los principios de justicia distributiva y no maleficencia de la bioética en las políticas públicas de salud por el uso de fármacos genéricos en trasplantes, los cuales aumentan el riesgo de rechazo”, informaron las organizaciones en un comunicado de prensa.
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El propósito de los medicamentos inmunosupresores es modular la respuesta del sistema inmunológico, para facilitar la evolución clínica del injerto y la calidad de vida del trasplantado. Esto, según los denunciantes, tiene un impacto en la sobrevida del paciente y evita el rechazo del órgano, sea riñón, hígado o corazón, tanto en pacientes pediátricos como adultos.
Para estas organizaciones, el intercambio de medicamentos puede tener efectos adversos. Temen la pérdida del órgano o incluso la muerte.
Las fundaciones, además, cuestionan el proceso de compra seguido por la CCSS para cambiar de fabricante.