“Se cuidan enfermos”, “Se dan cursos para cuido de adultos mayores”.
Estos son rótulos que cada vez, con más frecuencia, se ven en cualquier ventana, parada de bus y hasta en postes de luz.
¿Qué experiencia tienen estos cuidadores? ¿En qué condiciones operan esas instituciones? ¿Quiénes son los instructores? Todas son preguntas que ninguna institución pública o privada podría responder con alguna seguridad , pues no existe ningún registro ni control.
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Como afirma el director del Hospital Nacional de Geriatría, Fernando Morales Martínez, estos servicios que ofrecen empresas o personas están “a la libre”.
La situación expone a riesgos a los adultos mayores o pacientes, al igual que a sus familias. En el caso de los atendidos, la falta de conocimiento del cuidador podría complicar el estado de salud de la persona y, en cuanto a los parientes, estos podrían estar pagándole a una persona no calificada como si lo fuera.
La advertencia la hicieron tanto Morales como la presidenta del Colegio de Terapeutas, Viviana Pérez Zumbado.
“Nos están llegando pacientes afectados por un mal manejo de medicamentos, malas maneras de alimentar y con síndromes de inmovilización (debido a un reposo prolongado de pacientes en camas, principalmente)”, informó el jerarca hospitalario.
Pérez, por su parte, llamó la atención sobre casos de masajistas que se presentan como fisioterapeutas, o de señoras que hacen de terapeutas ocupacionales porque saben de manualidades.
Aunque el Colegio no ha recibido hasta ahora ninguna denuncia de agremiados o usuarios, sí se han dado cuenta del llamado intrusismo (personas que se hacen pasar por profesionales).
“Lo que más nos preocupa es la salud pública, es el usuario que debe recibir el servicio de la calidad idónea. Estas empresas (las que ofrecen los servicios) o centros de ancianos no contratan a los profesionales idóneos por abaratar costos”, advirtió Viviana Pérez.
Toda esta situación también es conocida por los ministerios de Trabajo y Salud, y el propio Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam). Pero es poco lo que se ha hecho.
Para explicar el problema, la viceministra de Salud, María Esther Anchía, recordó que ni siquiera hay suficiente recurso humano para verificar estos servicios en los centros privados que cuidan adultos mayores.
Esos lugares reciben visita de las autoridades de Salud solo dos veces al año y se aplicaría un cierra únicamente en caso de denuncias de hechos graves.
En el mismo sentido, se pronunció la presidenta del Conapam, Zulema Villalta, días atrás, cuando informó de que ellos no tienen potestades para vigilar el trato que reciben las personas en las instituciones privadas.
Anchía aseguró que, por tercera vez, se está revisando el reglamento para dar la habilitación, en el caso de instituciones. La norma estaría en el 2017, y reforzaría los controles de calidad.
Necesidad. A pesar del descontrol, es un hecho que los servicios de cuido serán cada vez más necesarios, debido al envejecimiento acelerado de la población.
Según los estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 2014 había 636.800 personas mayores de 65 años en el país, lo que correspondía a un 13,3% de los habitantes. Para el 2050, esa población representaría el 21% de la población.
Como señaló Fernando Morales, para las familias más pobres la principal asistencia debería venir de la Red de Cuido del adulto mayor, a cargo del Conapam.
Aunque actualmente la principal ayuda es en alimentos, medicamentos, productos de higiene, electrodomésticos y dispositivos médicos, también se tiene contemplado la asistencia domiciliar. Esa se ofrece para atender ancianos cuyos parientes no tienen las posibilidades para darles la atención requerida.
Sin embargo, las familias de mejores condiciones económicas deben acudir a la contratación de estos cuidadores .
De acuerdo con el Colegio de Enfermeras, el salario mínimo de estas o estos profesionales es de ¢777.092 por ocho horas diarias. Además, exige el respeto de todos los derechos laborales.
Su preocupación es que así como en algunas partes contratan a personas sin conocimiento, en otras contratan a enfermeras profesionales pero en condiciones de explotación como lo revelan 50 denuncias en estudio.