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El Ministerio de Salud archivó el proceso de contratación directa de un sistema de trazabilidad que permitiría frenar el contrabando de tabaco y generar recursos al fisco.
La ministra de Salud, Karen Mayorga Quirós, adujo razones de contingencia fiscal en una carta del 25 de agosto, dirigida a la proveedora de ese ministerio, Vanessa Arroyo Chavarría, y de la cual tiene copia este diario.
En ese documento, Mayorga califica el servicio como "no prioritario" para el Ministerio de Salud, y asegura que "no es conveniente ni oportuno que la institución realice tan elevada erogación".
La funcionaria se ampara, a su vez, en el decreto ejecutivo de contingencia fiscal, número 40540-H.
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El trámite al que hace referencia la ministra es la Contratación Directa 2017 CD-000028-000900001 para el desarrollo, implementación y operación del proyecto Trazabilidad fiscal de la Ley 9028, que es la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, aprobada en el 2012 por la Asamblea Legislativa.
El sistema de compras Mer-Link menciona un monto de ¢460 millones, pero fuentes cercanas al Ministerio de Salud dicen que el costo anual de implementar ese sistema sería de ¢1.500 millones.
Ese sistema de trazabilidad permite seguir desde su origen y mediante un código de alta seguridad la ruta del producto; en este caso, de cigarrillos.
Según la Red Nacional Antitabaco (Renata), las ventajas más importantes de un sistema con esas características incluyen la detección de prácticas ilegales para la comercialización de tabaco, una reducción de los incentivos para evadir el pago de impuestos o subdeclarar, y un aumento en la recaudación fiscal.
Esto último, en países como Ecuador, ha llegado hasta un 20%. Otras naciones han extendido el sistema a más productos, como licores, medicamentos y perfumes.
El Ministerio de Salud pretendía contratar directamente este producto a Radiográfica Costarricense (Racsa).
Apoyo a licitación pública
En una respuesta escrita enviada a este medio, Mayorga amplía los criterios externados en el oficio a la proveedora, del 25 de agosto.
"(...) me preocupa enormemente que esta administración activa vaya a efectuar una erogación tan elevada a cargo del presupuesto institucional (recursos públicos) con base en un procedimiento administrativo de contratación directa".
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Por eso, un día después, según la ministra, instruyó a la Proveeduría institucional para que archivara el proceso de contratación administrativa.
"La licitación pública viene a ser un proceso de contratación más amplio y transparente que la contratación directa , y que permite una participación abierta (...) por lo que se da una competencia en cuanto a la oferta del servicio que se pretende contratar y, claro está, en cuanto al precio ofertado.
"Esto hace posible que entren varios oferentes y no solo uno, la administración pueda escoger la oferta que mejor convenga a sus intereses y al fin público", afirmó Mayorga.
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La ministra aseguró que programará una reunión –sin precisar la fecha– con los ministros de Hacienda, Presidencia y Planificación Nacional "para analizar en conjunto la conveniencia –desde el punto de vista fiscal– de promover una licitación pública para contratar el proyecto de trazabilidad fiscal".
Renata asegura que detrás de todo esto hay presión de la industria tabacalera para que ese proyecto no avance, y advirtió al Gobierno sobre las intenciones de esos empresarios.
Esa red envió una carta a los diputados, el 29 de agosto, advirtiendo sobre la situación.
"Están inventando hechos y queriendo ensuciar el nombre del Ministerio de Salud y de Racsa", manifestó Teresita Arrieta, de Renata, a los legisladores.
Para Renata, Costa Rica es un ejemplo mundial de lucha contra el tabaco al ser del exclusivo grupo de naciones con controles estrictas para frenar el consumo de ese producto, considerado peligroso para la salud.
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El país firmó el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tiene una ley y un reglamento que prohíbe fumar en sitios públicos.
El año pasado, emitió un reglamento que controla todo lo referente al etiquetado.
El sistema de trazabilidad es una medida en la misma dirección, asegura Renata.
Diferentes organizaciones antitabaco latinoamericanas –más de una decena– solicitaron directamente al presidente Luis Guillermo Solís respaldar "las gestiones iniciadas desde el Ministerio de Salud para lograr que Costa Rica cuente, a la mayor brevedad posible, con dicho Sistema de Seguimiento y Trazabilidad para los productos de tabaco".
Entre esas organizaciones están el Observatorio Ecuatoriano sobre el Control del Tabaco, ACT Promoción de la Salud de Brasil, la Comisión Nacional Permanente de Lucha Antitabáquica del Perú y Chile Libre de Tabaco.
Oposición de la industria
Diferentes grupos empresariales e industriales manifestaron su oposición al sistema de trazabilidad.
Francisco Gamboa, Director Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), confirmó a La Nación que presentaron una un reclamo administrativo para anular el cartel de contratación directa.
"¿Por qué razón? Porque consideramos que se están incumpliendo los procedimientos de concurso público que por exigencia del artículo constitucional 182 deben seguirse, posiblemente con la intención de contratar de forma directa a Racsa para que, por medio de una alianza con un tercero, le provea el servicio al Ministerio de Salud.
"Además, en la oferta presentada por Racsa para cumplir con los requisitos del cartel, se presentaron las cartas de referencia y experiencia en la implementación de plataformas tecnológicas para el control y trazabilidad fiscal legal de los productos de tabaco de empresas extranjeras, que son las fabricantes y las dueñas de la tecnología que se le está ofreciendo al Ministerio de Salud; es decir, que el servicio será brindado por un tercero de forma directa, sin tener que participar en una licitación pública", dijo Gamboa.
Para esta Cámara, "en lugar de andar buscando métodos de trazabilidad fiscal, los funcionarios del Ministerio de Salud deberían ejercer un mayor control sobre las ventas ilegales, y sus inspectores perseguir las marcas ilegales, que no cuentan con los pictogramas de ley, no presentan las listas de ingredientes y además, muchos de sus empaques están en otros idiomas diferentes al español"
Por su parte, el vocero de Tabacalera Costarricense, Arturo Fernández, manifestó "que una lucha efectiva contra el comercio ilícito de cigarrillos debe comenzar por dotar de recursos adecuados a las fuerzas de seguridad que se han dedicado y se dedican incansablemente a incautar este tipo de productos, como lo es la Policía de Control Fiscal".
Ellos no están a favor del sistema de trazabilidad.
La Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), en una respuesta escrita a este medio, manifestó que "cualquier iniciativa contra el contrabando debe ser analizada en la Comisión Mixta de Comercio Ilícito".
"(...) siempre hemos estado anuentes a respaldar todo tipo de comercio legal, dado que el contrabando genera enormes perjuicios para el país.
"Es necesario dotar de los recursos y mecanismos necesarios a las entidades para frenar todo tipo de contrabando. Con mecanismos de control adecuado, se da una mayor recaudación de impuestos y los empresarios formales que pagan sus obligaciones no tendrán que competir con el comercio informal", sostiene la Unión de Cámaras.
Según la Uccaep, el Ministerio de Hacienda informó de que se han han procesado más de 300 casos pero la Fiscalía no ha judicializado uno solo."(...) de nada valen los esfuerzos para mejorar los mecanismos de control, si hay ineficiencia a la hora de procesar los casos", advirtieron los empresarios.
