El viernes 31 de marzo, funcionarios del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) concluyeron el traslado de 45 residentes de un hogar de larga estancia, ubicado en San José, quienes pasaban a solo arroz con salchichón, además de estar sucios y expuestos a caídas y otros accidentes.
La directora ejecutiva del Consejo, Emilia Mora, confirmó a La Nación que ella, personalmente, junto con un equipo de profesionales, visitó de sorpresa el hogar y comprobó el desamparo en que tenían a 45 adultos mayores provenientes de familias en estado de pobreza, que habían sido internados ahí en busca de protección y cuidado, que no recibieron.
El caso sirve de ejemplo de una situación extrema de mala calidad del cuido. También alerta sobre lo que podría estar pasando en otros hogares y centros diurnos, tanto de bien social como privados, ante el vacío de normativa en Costa Rica para controlar la formación del personal pagado que cuida a adultos mayores, y para vigilar las condiciones del servicio que esos trabajadores ofrecen.
En Costa Rica existen alrededor de 120 centros o institutos que forman cuidadores o asistentes de personas dependientes, según datos de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras Demencias Asociadas (Ascada). Esta organización apoya a familias con adultos mayores con estas enfermedades neurodegenerativas.
Conapam desconoce cuántos cuidadores o asistentes pueden estar saliendo al mercado, dijo Emilia Mora. Sin embargo, admitió que hay preocupación, pues ha escuchado de sitios en donde la calidad de la formación deja mucho qué desear.
“Es preocupante. El Estado debe garantizar un control con respecto a esta formación para que las Organizaciones de Bien Social (OBS, que administran hogares de larga estancia para población en pobreza y pobreza extrema) tengan un criterio claro para seleccionar al personal cuidador.
“Lo anterior no exime que tengamos cuidadoras de programas de alto nivel que puedan cometer una falta a la ética en su ejercicio. Pero sí, hay un vacío”, advirtió Mora. Apenas hace tres meses, Conapam retomó las visitas sorpresa a los centros adscritos.
Con la creación del Sistema Nacional de Cuidados y Apoyos para Personas Adultas y Personas Adultas Mayores en Situación de Dependencia (Sinca), en junio del 2022, acreditar y normar la formación de cuidadores pagados es uno de los temas prioritarios, confirmó a La Nación César Gamboa Peñaranda, director de la Dirección de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud. El Sinca es resultado de la primera Política Nacional de Cuidados.
Conapam y Salud, así como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), son parte de las instituciones involucradas en ese proceso, que todavía está en construcción, dijo Gamboa.
Entre las tareas pendientes está hacer un mapeo de todos los centros que forman cuidadores, el cual debería estar listo a finales de este año.
Este personal atendería no solo necesidades de adultos mayores con algún grado de dependencia, sino también de menores de edad, personas con discapacidad y enfermos cuyas familias los contratan para cuido domiciliar.
Gamboa también reconoció que hay un vacío en este tema, pero aclaró que Salud cuenta, mientras tanto, con una normativa básica que es la que les ha permitido habilitar los sitios que dan estos servicios a los adultos mayores.
Conapam tiene registrados más de 140 OBS con personas adultas mayores institucionalizadas. Pero hay muchos más, si se toma en cuenta que también funcionan centros privados.
Por su parte, el Ministerio de Salud contabiliza 66 hogares de larga estancia y centros diurnos para adultos mayores, tanto públicos como privados; así como 1.704 centros de cuido de menores registrados. Estas cifras pueden variar.
La habilitación de todos esos centros, explicó César Gamboa, toma en cuenta aspectos básicos como la infraestructura disponible y el recurso humano.
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Sin embargo, todavía no hay quien regule la formación ni se ha definido el sistema para acreditar no solo a estos centros, sino a las personas que obtienen un título en esos lugares y que salen a ofrecer sus servicios a un mercado cada vez más grande y demandante.
“El mapeo nos va a permitir evidenciar cuál es la situación que se tiene desde el punto de vista de la formación, porque sabemos que no hay uniformidad en los centros que están brindando este tipo de servicio.
“Sabemos que no hay claridad con respecto a ese estándar en las universidades que están formando cuidadores. Hay que ser realistas y sinceros: la Política acaba de empezar y sabemos cuáles son nuestras responsabilidades para ir avanzando hacia una mayor calidad en la prestación de servicios de larga estancia”, expresó Gamboa.
Emilia Mora apuesta a garantizar la calidad de esa formación desde las acciones que se ejecuten en el Sinca. A la vez, manifestó, el Consejo promueve que las OBS den un mayor seguimiento al personal que contratan, para que les garanticen capacitación no solo desde la parte técnica, como aprender a manejar la transferencia de un enfermo de la cama a la silla, el control de su higiene y la alimentación.
También, agregó Mora, estas organizaciones deben garantizar capacitación actualizada en derechos humanos para las personas adultas mayores, pues se necesitan cuidadores que respeten su independencia y autonomía.
Escasa vigilancia y control
Se calcula que en Costa Rica hay alrededor de 1,2 millones de personas que necesitan cuidados de otras, pues padecen alguna enfermedad física, mental, o ambas.
De ellas, unas 280.000 no pueden valerse por sí mismas para actividades muy básicas, como comer, limpiarse, vestirse o hacer sus necesidades fisiológicas.
El costo para las familias de contratar cuidadores o asistentes es muy elevado. Ascada lo calcula entre ¢300.000 y ¢500.000 mensuales, según la cantidad de días y horas que una familia esté en capacidad de pagar.
Un estudio del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae) para la Fundación Partir con Dignidad, que respalda a familias con adultos mayores con enfermedades terminales, calculó la inversión mensual promedio en ¢628.310.
Esos datos se publicaron en el 2020 y no incluyen el pago de asistentes; solo compra de pañales, suplementos de alimentación e insumos para atender de úlceras, por ejemplo.
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Según la lista de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contratar un asistente a domicilio de ancianos cuesta ¢15.333 por día, en jornada de 8 horas. Contratarlo un mes rondaría los ¢500.000.
Viviana Solano, de la Fiscalía del Colegio de Enfermeras de Costa Rica, admitió la gran preocupación de esa organización profesional por este tema, uno que cobra relevancia ante los cambios demográficos y epidemiológicos, con más personas adultas mayores en la población, que son las más demandantes de estos servicios.
“Nos preocupa la poca regulación de la creciente producción de cuidadores y asistentes de pacientes. No se conoce el currículum académico que reciben este tipo de personas, que son formadas para una asistencia en las necesidades diarias, llámese ayudar a comer, asistir en el baño, en necesidades fisiológicas o cambio de pañal.
“La figura del cuidador como tal nace de forma sana y con buenas intenciones, pero en el camino se ha deteriorado porque cuando la persona sale al mercado laboral, excede el perfil y empieza con acciones propias del quehacer de otras profesiones. No solo de Enfermería, también de Medicina, Nutrición, Psicología”, advirtió Solano.
Este personal que sale al mercado laboral tampoco es vigilado por ningún colegio profesional, advirtió la vocera de las enfermeras. Lo anterior lo puede convertir en fuente de riesgo para quienes confían y contratan sus servicios.
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Según Solano, el Colegio ha tenido conocimiento de historias de cuidadores que prescriben medicamentos, cambian o suspenden dosis, aplican inyecciones o colocan sondas a enfermos. Todas son acciones que solo puede hacer un profesional en Enfermería.
En el último año, este Colegio recibió 50 denuncias por diferentes causas. Solo entre setiembre del 2022 y enero del 2023, atendió 25, la misma cantidad que llegó en un año.
El riesgo para las familias o centros que contratan cuidadores aumenta cuando hay quienes ofrecen sus servicios presentándose como enfermeros sin serlo. A los interesados en contratar a estas personas, se les recomienda exigirles la licencia de Enfermería.
“Es un tema que nos preocupa, y se ha tratado de buscar alianzas interinstitucionales junto a otras fiscalías. No estamos buscando con esto erradicar la figura de cuidador, que es necesaria, pero es importante que la gente conozca hasta dónde se limita el servicio que puede brindar”, reiteró la vocera.