Luis Vargas tiene 36 años y padece escoliosis, una desviación lateral de la columna vertebral que provoca dolores crónicos y se intensifica con el tiempo. Él ha vivido con esta condición desde su adolescencia y dice que el cannabidiol (CBD) le ha ayudado más que los medicamentos convencionales.
“Yo gasto alrededor de ¢50.000 al mes por comprar aceites que son importados y que aquí terminan costando el doble o hasta el triple porque al traerse de manera clandestina, se inflan los precios. Si el CBD estuviera mejor regulado en el país no solo sería más accesible, sino que también más seguro”, comenta el joven.
Él es parte de un grupo de pacientes con enfermedades crónicas que se unieron para pedir a los diputados que el proyecto de ley 21.388 sobre cáñamo y cannabis, que se encuentra actualmente en la corriente legislativa, se discuta desde un enfoque medicinal y no solo desde la óptica de las ganancias económicas.
Para ellos, los legisladores se han enfrascado en un debate que deja de lado el componente de salud pública que implica la aprobación de esta iniciativa y solicitan que se ponga sobre la mesa la necesidad de atender los requerimientos médicos de personas para quienes un derivado de la marihuana ha sido su única salida.
Abigail que sufre de ansiedad, Maricela que vive con diabetes, Steve que lucha contra el cáncer y Christopher que padece de epilepsia también se unieron al llamado que hizo la firma Sfera Legal luego de las publicaciones de La Nación sobre el auge que ha tenido el CBD durante el último año en el país.
De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), el CBD es un compuesto químico de la planta cannabis sativa o marihuana, pero no causa el efecto psicotrópico o la sensación de “estar drogado” que provoca otro componente de la planta llamado tetrahidrocannabinol (THC).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) coincide en que el cannabidiol no produce abuso o dependencia en los humanos y generalmente es bien tolerado con un buen perfil de seguridad.
“Nos dimos a la tarea de entender, conocer y difundir el lado humano de este proyecto. Muchísimas personas en Costa Rica viven con enfermedades y dolores crónicos, y han visto cómo el cannabis los ha ayudado a salir adelante”, comentó Andrea Martín, socia del bufete de abogados que lanzó su campaña este lunes.
Aunque la abogada es enfática en que al proyecto le falta un componente más fuerte respecto al aprovechamiento y uso del cannabis medicinal, considera que es mejor que se apruebe como está para evitar que se archive y se pierda todo el camino recorrido. “En este momento, atrasarlo más para hacer cambios de fondo es dispararse al pie”, dijo.
Su preocupación sería más bien el reglamento que va a emitir el Poder Ejecutivo, porque sería lo único que podría subsanar los vacíos que hay en la ley respecto al apartado medicinal, siempre y cuando se realice con suficiente asesoría científica de médicas, organizaciones productivas y sociedad civil interesada.
La abogada, igual que los pacientes, están claros en que hace falta mucha educación respecto a este tema en el gremio médico, pues persiste la estigmatización y tabú respecto al uso del cannabis para tratar enfermedades y demás patologías. De hecho, ni siquiera el Colegio de Médicos y Cirujanos ha emitido un criterio respecto al aprovechamiento de la planta al alegar desconocimiento y falta de información técnica.
“También nos hemos encontrado con doctores que hasta les da pánico recomendar el cannabis a pesar de confiar en sus propiedades. Tanto por miedo a represalias como por un tema de reputación. Entonces, si el proyecto acapara esto como algo más centrado en salud pública, creo que haría que el personal médico se sienta más cómodo de abordarlo”, dijo Martín.
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Poca posibilidad de avance
El proyecto lo conoce la Comisión de Ambiente en la cual recibió 88 mociones, de las que solo se han visto 22, por lo que todavía falta camino para avanzar a la agenda del plenario, como admitió la diputada independiente Zoila Rosa Volio, impulsora del plan.
La legisladora no cree que la iniciativa sea aprobada en esta legislatura pues, según reclamó, el Ejecutivo lo tuvo “enterrado con una actitud mezquina” por 8 meses. “El problema es que la agenda legislativa va a estar en manos de los diputados hasta finales de octubre y luego vuelve el Poder Ejecutivo que si lo enterró ocho meses, obviamente lo va a enterrar tres meses más”, aseveró.
Volio rechazó que la discusión se haya limitado al aprovechamiento económico y que se haya dejado de lado el enfoque medicinal. No obstante, aclaró que solo puede hablar por sí misma y evitó referirse al abordaje que le han dado sus compañeros.
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“He comentado el caso de muchas personas con problemas inmunológicos como el lupus, entonces desde el plenario, en foros, en entrevistas se le ha dado importancia al cannabis medicinal como componente del proyecto, el otro es el cáñamo que genera toda la reactivación económica. Ambos son importantes”, manifestó.
Para ella, el ámbito medicinal ya está suficientemente abordado en el documento actual y aseguró que uno de los grandes objetivos del plan es mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan.
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