El costo de poner en operación los nuevos hospitales William Allen, de Turrialba, y Monseñor Sanabria, en Puntarenas, pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), aseguró a los diputados la directora de la Dirección Actuarial de la Caja, Carolina González Gaitán.
La funcionaria reveló a los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, de la Asamblea Legislativa, que los datos sobre la puesta en marcha de esos dos hospitales regionales variaron en marzo, en cuestión de pocos días, porque a la Dirección Actuarial se le dio nueva información que cambió las proyecciones iniciales.
Según dijo González a los legisladores, se incorporó nueva información sobre el gasto de operación del hospital de Turrialba, del de Puntarenas y el costo del centro de atención del cáncer, que en la primera versión no se habían facilitado. La directora actuarial no precisó los montos.
“Los costos eran mayores. En general, los costos particularmente los de operación, sufrieron incrementos importantes. En el de Puntarenas, de la primera versión a la última se dio una variación del 40%. Por supuesto, esto afecta las proyecciones actuariales”, dijo la funcionaria.
González reiteró la advertencia de que esto pondría en riesgo la sostenibilidad financiera de la CCSS e implicaría el agotamiento de las reservas del Seguro de Salud a partir del 2027, si se sigue con el ritmo de gasto actual y ejecutando los proyectos como estaba previsto.
La directora actuarial compareció ante los diputados este martes 25 de abril. Anteriormente, acudieron a esa misma comisión legislativa el expresidente de la CCSS, Álvaro Ramos Chaves, y tres directivos suspendidos por el Consejo de Gobierno.
Estas convocatorias ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos son parte de la investigación sobre el estado financiero y actuarial de los seguros administrados por la CCSS, que se registra en el expediente 23.644.
González reconoció que en los escenarios de valuación actuarial no se ha incluido un eventual pago de la deuda estatal con la Caja, el cual podría ampliar cuatro años, o incluso más, el plazo de riesgo visualizado para el 2027.
En una sesión caracterizada por continuos ataques entre diputados de las fracciones de Liberación Nacional y el partido oficialista, la directora actuarial fue convocada nuevamente para una próxima comparecencia, pues quedaron otros asuntos pendientes de aclarar.
Las diputadas oficialistas Pilar Cisneros y Ada Acuña, cuestionaron un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que descalificaría las proyecciones actuariales utilizados por las actuales autoridades de la Caja para frenar el portafolio de proyectos institucional. Cisneros informó de que el Gobierno enviará una nota de protesta a la OIT.
El informe, que oficialmente no lo conoce González Gaitán, fue defendido por los legisladores Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Sofía Guillén, del Frente Amplio.
González Gaitán se hizo acompañar de un miembro de la Junta Directiva de la CCSS, Juan Ignacio Monge Vargas, representante del Poder Ejecutivo en ese órgano, a quien los diputados le pidieron dejar la sala al considerar que podría influenciar el relato de la directora actuarial.
Además, Monge no es abogado, como lo establece la normativa de las comisiones para los acompañantes.
González Gaitán aclaró, ante consultas de los diputados, que su reciente nombramiento como directora actuarial no la condiciona ante las actuales autoridades de la CCSS.
“Mi posición es independiente de la política. Hemos tratado de hacer un trabajo independiente porque somos una unidad asesora no solo de Presidencia sino de gerencias. Así lo dictan las normas de práctica actuarial”, recalcó al defender la calidad técnica de sus informes.