El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, aseguró que firmará el decreto para regular la fertilización in vitro (FIV) en el país, pese a que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) consideró que esa técnica reproductiva se debe normar mediante una ley.
El mandatario explicó que el Gobierno recibió este miércoles las observaciones de la CCSS, las cuales se suman a las del Colegio de Médicos, sobre el texto del decreto para regular la FIV que fue sometido a consulta durante cinco días por el Ejecutivo.
Solís comentó que el Gobierno incluirá las observaciones técnicas y científicas hechas por la CCSS y el Colegio de Médicos al texto del decreto, aunque ambos informes no son vinculantes.
El gobernante aseveró que firmará el decreto en las próximas horas, pero no lo hará en conferencia de prensa ni en un acto público.
Observaciones de la CCSS. La Junta Directiva de la CCSS envió al Ejecutivo observaciones de carácter técnico, médico, económico y jurídico.
Los directivos consideraron que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) no cuestiona las interpretaciones de la Sala Constitucional en las que se establece que la FIV debe ser regulada por ley y no por decreto.
La presidenta ejecutiva de la CCSS, María del Rocío Sáenz, explicó que para la institución se requiere una ley para regular la FIV ya que se trata de derechos fundamentales.
La CCSS informó mediante un comunicado de prensa la mañana de este jueves que los directivos propusieron una serie de ajustes al texto para precisar mejor los procedimientos de la FIV en el país.
También indicaron que el costo completo de realizar un procedimiento completo de fertilidad que incluye la aplicación de otras técnicas previamente, la FIV, la atención prenatal, el parto y los servicios posteriores ronda los ¢20.912.944.
Sáenz agregó que es necesario que el Gobierno garantice los recursos económico necesarios para importar la FIV en el sistema de salud público.
La Corte IDH condenó al Estado costarricense el 28 de noviembre del 2012 y le ordenó regular la FIV para que se aplique en la salud pública y privada.
En el 2000 la Sala Constitucional prohibió la FIV en el país por considerar que atentaba contra el derecho fundamental a la vida.
