La presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), María del Rocío Sáenz, fue destituida por el mandatario Luis Guillermo Solís.
El ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro la llamó para citarla a Casa Presidencial a la 1:30 p.m., donde el mandatario le solicitó la renuncia.
"El presidente me llamó y me dijo: 'Ha llegado el momento de solicitarle la renuncia'; esa fue la frase" dijo la jerarca durante una conferencia de prensa, pocas horas después de que se diera a conocer su salida.
"Acepté la solicitud del señor presidente, a quien agradezco por la confianza durante este período que depositó en mi persona, para orientar los destinos de una institución que tiene 75 años de sostener la paz social de la sociedad costarricense, me voy convencida de que la decisión del incremento del 1% del IVM fue estrictamente técnica y privilegió el derecho de la población a una pensión digna en su vejez, frente a cualquier valoración de índole político", dijo Sáenz.
La jerarca aseguró que aceptó "dócilmente" la solicitud de renuncia, pues cuando se trata de argumentos políticos y no técnicos, no hay "nada que discutir".
Añadió que la mayoría de decisiones que ha tomado la Junta Directiva ya están en firme, y corresponderá al Gobierno definir lo que va a pasar con la mesa de diálogo.
Casa Presidencial confirmó –mediante un comunicado– que el presidente solicitó esta tarde a Sáenz su renuncia al cargo de Presidenta Ejecutiva CCSS, la cual se hará efectiva a partir del jueves 8 de junio, "por considerar necesario un mejor y eficaz traslado de la opinión del Poder Ejecutivo a la Junta Directiva de esa institución".
"El presidente Solís agradeció la honesta gestión de la Dra. Sáenz, así como el enorme esfuerzo desarrollado por ella para estabilizar la situación financiera de esa entidad y asegurar la construcción de infraestructura hospitalaria necesaria para las próximas décadas, con el plan de inversión más grande que ha tenido esta institución", indica el texto.
En declaraciones a RTN Noticias, Solís reconoció que la solicitud obedeció a la decisión de aprobar el aumento de un punto porcentual.
"Pedí la renuncia a la doctora Sáenz porque necesitabamos, especialmente después de haber pasado por los acontecimientos de hace 10 días, que se lograra trasladar al seno de la Junta Directiva con mayor claridad y mayor eficacia el punto de vista del Poder Ejecutivo respecto de temas importantes para el país, en este caso, un punto porcentual del IVM. Me parece que ya fueron varias las ocasiones que esto no ocurrió y como representante del Poder Ejecutivo debíamos tener la certeza de que nuestro punto de vista estaba siendo adecuadamente y eficazmente tramitado", dijo el mandatario.
Solís designó como sustituto al ministro de Salud, Fernando Llorca Castro, quien asumirá de manera inmediata.
Posteriormente, el Gobierno anunció que la cartera de Salud será asumida de manera interina por la viceministra María Esther Anchía.
Mario Devandas, directivo de la Caja, también se refirió a la salida de la jerarca.
"Yo lamento mucho esto. La verdad es que son decisiones que afectan el desarrollo de las actividades. Yo advertí reiteradamente desde noviembre del año pasado que el procedimiento era equivocado (aumento en el aporte obrero). Se había creado la expectativa de que había una mesa de diálogo nacional. Había muchas formas de hacerlo y, desafortunadamente, se optó por otra forma de tomar decisiones que ha provocado mucha conmoción social", añadió Mario Devandas.
Esta decisión se da una semana después de que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobará el aumento de un punto porcentual en el aporte de los trabajadores al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la institución.
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Esa medida; sin embargo, no era avalada por la Casa Presidencial, como lo dijo explicitamente el gobernante.
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Sindicatos presionaron por destitución de funcionaria esta semana
Los bloques sindicales presionaron y exigían la renuncia de Sáenz.
Este lunes, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) y el Bloque Unitario Sindical y Social (Bussco) solicitaron al Consejo de Gobierno remover a María del Rocío Sáenz de su cargo por "los pobres resultados de su gestión".
En el oficio aseguraron que su prioridad era la privatización acelerada de servicios esenciales y añadieron que el deterioro en la prestación de los servicios de salud adquirió "niveles graves", lo cual se ejemplifica en las listas de espera.
También criticaron el aumento en la contribución obrera.
Luis Chavarría, secretario de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), manifestó que "el presidente ha actuado como corresponde en este sentido, ya que la presidenta ejecutiva desobedeció el clamor del pueblo y al presidente y actuó de forma inapropiada aprobando este golpe de rebajo de los salarios del 1%".
"Consideramos que esta acción se hizo para tratar de seguir ocultando todas las anomalías de los supuestos malos manejos de fondos, no solo en los regímenes de pensiones sino en los regímenes de salud que deben ser investigados a toda costa, para que el pueblo pueda conocer quienes son los responsables", agregó.
Empresarios en desacuerdo.
En la otra acera, el vocero de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) rechazó la decisión de Solís de destituir a la jerarca y aseguró que si el Ejecutivo insiste en llevar el tema del ese punto porcentual a la mesa de diálogo, se retirarán, pues se había acordado que la discusión se centraría en la sostenibilidad del régimen en el mediano y largo plazo y no en el punto porcentual.
"Si el Poder Ejecutivo insiste en llevar el tema del 1% a la mesa de diálogo, nos retiramos, pues están irrespetando ese acuerdo y una vez más nos sentimos burlados por este gobierno. Lamentamos que pretendan seguir posponiendo decisiones vitales, tal como lo hicieron con el tema de Empleo Público y por el cual a la fecha tampoco han sido capaces de resolver el tema fiscal que enfrenta el país", afirmó Franco Arturo Pacheco, presidente de la UCCAEP.
Los empresarios también lamentaron que el mandatario "una vez más se deje llevar por presiones y no actúe con la firmeza y seriedad que su cargo requiere".
"Pareciera que el señor Presidente encontró una receta para hacer chocolate sin cacao y esperamos conocer pronto cómo el dará sostenibilidad al régimen de pensiones", enfatizó Pacheco.
Relación deteriorada
El aumento en el aporte laboral no fue el primer choque público que tuvieron la jerarca y el Gobierno.
En octubre del 2015, la Caja mostró su desacuerdo a que la fertilización in vitro se regulara mediante un decreto, incluso envió un informe a la Sala Constitucional en el que pedía a los magistrados anular el decreto ejecutivo, pues consideraba que la técnica reproductiva se debía regular por medio de una ley.
En el informe firmado por la hasta este miércoles jerarca, advertía de que "la autorización de la técnica no podía dejar de lado la regulación de aspectos que pueden alterar, afectar, modificar, variar o violentar elementos esenciales de la vida, de procreación, de filiación, sancionatorios, etc.".
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En esa ocasión, el Consejo de Gobierno rechazó abrir una investigación en contra de Sáenz, la cual había sido solicitada por los abogados de las parejas que demandaron al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por prohibir la técnica.
Incluso el mandatario descartó, en ese momento, separarla de su cargo y "defendió" la autonomía de esa institución pública.
Aunque lamentó la contradicción, Solís dijo (en ese ocasión) que "este no es un régimen autoritario en el que todos se tienen que alinear o irse para fuera".
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Este miércoles, el tema de la autonomía fue precisamente una de las cosas que la jerarca manifestó reiteradamente que se debe analizar.
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