Un hombre indigente, sin identificar y con daños cerebrales, quien cumple siete meses internado en el hospital de Grecia, deberá ser ubicado en un albergue para personas con discapacidad, luego de que se le negara el ingreso por no tener documentos.
Así lo ordenó por unanimidad la Sala Constitucional en la sentencia 2018-11468, tras declarar con lugar un recurso de amparo presentado por el Hospital San Francisco de Asís en contra del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis).
El sujeto lleva internado en el Hospital de Grecia desde diciembre del 2017, lo que pone en riesgo su salud al estar expuesto a infecciones, además de que la situación atenta contra su derecho a una vida digna y de calidad, alegaron los recurrentes.
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La persona afectada no tiene nacionalidad determinada, cédula de identidad, ni familia, y tuvo un accidente vascular cerebral que le impide realizar actividades básicas en la vida diaria.
Los magistrados determinaron que el Conapdis no puede desatender a una persona por no tener documentos y no existe justificación médica, legal ni constitucional, para mantenerlo internado indefinidamente.
La directora del Conapdis, Lizbeth Barrantes, deberá ahora coordinar con las autoridades para que dentro de un mes máximo, contado a partir de la notificación de la sentencia, el sujeto sea ubicado en algún albergue y salga del hospital a menos que una indicación médica indique lo contrario.
“Claramente se observa que aunque el proceso ha sido resuelto favorablemente para el centro hospitalario, el usuario ha debido permanecer en hospitalización más de seis meses, razón por la cual es más que evidente que se requiere de mecanismos más ágiles que permitan una adecuada coordinación y manejo de pacientes en abandono con las instancias involucradas, sin necesidad de activar la vía judicial, ya que lo único que se pretende es el bienestar de la población y la sana y adecuada gestión de los recursos públicos”, indicó el director del Hospital San Francisco de Asís, Luis Diego Alfaro.
El caso lo discutieron los magistrados Fernando Cruz Castro, Fernando Castillo Víquez, Paul Rueda Leal, Nancy Hernández López, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jose Paulino Hernández Gutiérrez y Marta Esquivel Rodríguez.
