El Hospital San Juan de Dios, en la capital, tiene entre sus planes inmediatos colocar protección balística en portones, puertas, ventanas y paredes de su servicio de Emergencias. Esta es el área de mayor vulnerabilidad porque por ahí ingresan todos los heridos de arma de fuego, víctimas directas o colaterales de la violencia por crimen organizado.
El San Juan de Dios tiene más de 300 cámaras en puntos estratégicos. Este mes está previsto colocar más detectores de metales para proteger las múltiples entradas y salidas de sus casi 70.000 metros cuadrados de construcción. Por ese hospital transitan, diariamente, entre 11.000 y 13.000 personas.
No es el único hospital de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con planes y medidas ejecutadas para reforzar la seguridad. En el viejo edificio del Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas, se hizo una fuerte inversión para colocar malla perimetral electrificada luego de que un individuo intentó ingresar a rematar a un paciente, el 9 de enero del 2023.
El Hospital Tony Facio, en Limón, recurrió a medidas similares luego de que varios individuos entraron a sus instalaciones, subieron al segundo piso y mataron a un integrante de una banda criminal adversaria, el 19 de diciembre del año pasado. En el 2008, vivió un evento similar.
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El aumento de la violencia relacionada con el crimen organizado, concretamente con el narcotráfico, traspasó hace varios años las paredes hospitalarias y obliga a los centros de salud a amurallarse para reducir los riesgos de pacientes y personal.
En febrero pasado, el gerente médico interino, Wilburg Díaz Cruz, afirmó que entre las razones de la saturación en Emergencias está la violencia, que para él se ha convertido en un factor “detonante importante”, vinculado a ajustes de cuentas, asesinatos y accidentes de tránsito.
En la memoria aún está fresco el enfrentamiento a balazos frente al CAIS de Desamparados, el 24 de diciembre del 2016, cuando dos pandillas se enfrentaron en los alrededores del centro médico mientras adentro el personal luchaba por salvar la vida de dos pandilleros.
Sin ir muy lejos, está la balacera reciente, apenas el 11 de agosto, frente al Monseñor Sanabria, en la cual milagrosamente solo hubo daños materiales en el edificio del centro de salud.
Solo al hospital de Puntarenas ingresan, en promedio, cuatro víctimas de armas de fuego al día, y en el San Juan De Dios hasta cuatro por turno, reveló Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae).
La Cámara Costarricense de la Salud, que reúne a centros médicos privados, incluidos hospitales, garantiza que se han adoptado “rigurosas medidas de seguridad física” para salvaguardar a pacientes, personal y recursos.
Citaron controles de acceso con tarjetas, cerraduras electrónicas, cámaras de vigilancia y personal de seguridad capacitado.
Criminales más armados y violentos
La sofisticación de los métodos violentos por parte de bandas criminales se ha intensificado. Esto eleva el riesgo de que las rencillas callejeras por territorios se trasladen con más frecuencia a espacios como escuelas, comercios y, por supuesto, hospitales.
“Esas manifestaciones de violencia van a repercutir sobre todo el tejido social y los centros de salud serán un foco importante porque ahí llegan todas las víctimas”, advirtió la consultora en Criminología, Tania Molina Rojas.
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Hasta este viernes 30 de agosto, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contabilizaba 581 personas asesinadas en todo el país, 64% de ellas (370) por ajuste de cuentas. Un 78,6% de estos homicidios dolosos se perpetró con un arma de fuego.
En todo el año pasado hubo 907 homicidios en Costa Rica, equivalentes a uno cada nueve horas. La tasa de asesinatos subió de 12,5 muertes por cada 100.000 habitantes en el 2022 a 17,2 muertes el año pasado; es decir, un crecimiento del 38%.
En el periodo entre 1990 y 2023, Costa Rica cuadriplicó la tasa de homicidio al pasar de 4 muertes por 100.000 habitantes a 17,2, el año pasado, dijo Molina, quien llama la atención sobre la ausencia de protocolos y capacitación al personal hospitalario ante estos nuevos escenarios.
La directora médica del Hospital San Juan de Dios, María Eugenia Villalta Bonilla, reconoce que este es un tema “muy complejo y difícil”. Según dijo, el hospital es grande y tiene muchas entradas, lo cual les genera una vulnerabilidad mayor ante los eventos que se dan fuera.
Desde el 2022, el San Juan ha solicitado estudios al área de investigación y análisis institucional de la CCSS, para identificar sus vulnerabilidades.
También han contado con asesoría de la Fuerza Pública, Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y la Policía Municipal de San José, dijo Alberto Muñoz, jefe del Servicio de Vigilancia del centro médico.
Esto es lo que ha permitido que el San Juan tenga protocolos, compre equipo y capacite a sus oficiales de seguridad.
Solo en el proyecto de protección balística para Emergencias, el San Juan invertirá $73.000.
El administrador de ese hospital josefino, Adolfo Cartín, informó de que han consultado a expertos en el tema, quienes han dicho que este hospital requiere una inversión anual de $5 por metro cuadrado en seguridad, lo que equivale a unos $500.000, con los que no cuentan. Como sucede en otros hospitales, en el San Juan los recursos para invertir en seguridad no tienen una partida específica.
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El San Juan tiene alrededor de 70 oficiales de seguridad para todas sus instalaciones, en los tres turnos. Alberto Muñoz aseguró que es el único hospital capacitado al 100% por la Policía de la Municipalidad de San José.
“Se les dio defensa personal, uso de la vara policial, la PR24 (bastón de madera para defenderse de agresiones punzocortantes y objetos contusos). Además, se les enseñó varias técnicas de esposamiento tanto en aire como en suelo. Todo el personal cuenta con su equipo de trabajo”, declaró el jefe de Seguridad.
Sicarios entran a matar a hospitales
El Hospital Monseñor Sanabria, en el cantón central de Puntarenas, está rodeado de comunidades que se han convertido en escenario de enfrentamientos entre bandas narco.
Alexis Vargas Matamoros, administrador de ese centro, recordó el 9 de enero del 2023, cuando registraron un “evento muy crítico”: un individuo ingresó con intenciones de matar a un integrante de un grupo enemigo.
“Funcionarios y pacientes se vieron en riesgo pero se activaron los protocolos en tiempo y forma, con respuesta satisfactoria de la Fuerza Pública”, afirmó.
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El ingreso de pacientes con heridas por arma de fuego que quedan internados también aumenta el riesgo de que los persigan hasta el hospital para acabar con ellos.
“Este año, tuvimos una agresión física hacia un funcionario que estaba atendiendo, y eso marcó una condición de alerta para reforzar algunas de las medidas que ya tenemos, sin embargo el incremento de esta violencia nos ha hecho recurrir a muchos medios para reforzar la seguridad”, agregó Vargas Matamoros, quien admitió que se deben adecuar a las nuevas circunstancias del entorno.
El Monseñor Sanabria ha tenido que invertir en reforzamientos del área perimetral con la colocación de mallas más altas y electrificadas. En Emergencias, han implementado el sistema de esclusas; es decir, áreas para revisar a las personas exhaustivamente antes de ingresar a la sala de espera.
Como en el Tony Facio o en el San Juan, en Puntarenas colocaron barras detectoras de metal de mayor sensibilidad, y se reforzó la puerta de la sala de shock, en Emergencias, con un material más resistente. Se pasó, además, de tener 38 cámaras a 134, y se colocaron botones de pánico en los consultorios de puntos estratégicos.
Cuando se pasen al nuevo hospital, ubicado en Barranca, la cantidad de cámaras crecerá significativamente pues contarán con 900 para los 75.000 metros cuadrados de construcción. También se elevará el número de oficiales de seguridad, que pasará de 42 a 156.
¿Medidas serán suficientes?
Andrey Salazar, jefe del área Investigación y Seguridad Institucional, de la CCSS, informó por medio de la oficina de prensa de que a finales del 2022 se inició un mapeo criminológico en los hospitales.
El objetivo, explicó, es realizar un abordaje integral en seguridad con acompañamiento técnico en los diferentes establecimientos de la CCSS. Ese acompañamiento incluye, entre otros, estudios de seguridad a la medida, como el que hicieron para el San Juan de Dios.
También el mapeo busca detectar potenciales riesgos propios de cada establecimiento y señalar oportunidades de mejora. Un elemento fundamental es la coordinación con instituciones de apoyo, entre ellas Fuerza Pública, Policía Municipal, Policía de Tránsito, OIJ y Bomberos.
Los 29 hospitales ya pasaron por ese proceso de mapeo criminológico, precisó Salazar. Actualmente, están con las Áreas de Salud más complejas, que dan más servicios y tienen horarios de atención más amplios. Esto, según el funcionario, aumenta su nivel de exposición a riesgos en seguridad.
Se trabaja con el Ministerio Público y el OIJ en un convenio de colaboración para atender personas bajo los programas de atención y protección a víctimas y testigos del delito que lleguen a los servicios de salud de la CCSS.
La Nación intentó contactar a algún vocero del Ministerio de Seguridad Pública, pero no fue posible.
Para Lenín Hernández, secretario del Sinae, la violencia por crimen organizado “es un tema que se escapó totalmente de las manos”.
Hace 20 años, recordó, cuando trabajó en Emergencias del San Juan, a lo sumo llegaban dos heridos por arma blanca o de fuego por semana. Hoy, atienden hasta cuatro por turno, situación que se agudiza los fines de semana, aseveró.
“El paciente sobreviviente que pertenece a esas estructuras criminales se convierte en un verdadero peligro para los funcionarios. Ahí es donde viene nuestro enorme señalamiento al presidente (Rodrigo Chaves Robles), quien no ha querido comerse la bronca en relación con la inseguridad ciudadana que estamos viviendo todos los costarricenses”, reclamó el sindicalista.
En criterio de la vicepresidenta de la Unión Médica Nacional, Janice Sandí Morales, lo que se está haciendo “es poner curitas en una herida de 20 puntos”.
“Sí, reactivamente se han hecho esfuerzos en los lugares de más riesgo o donde ocurre un evento. Puntarenas es un ejemplo. Pero creo que esto se sale de la capacidad de la CCSS en seguridad. Vamos a tener que solicitar ayuda a entes externos: OIJ, Ministerio de Seguridad”, dijo Sandí, quien asegura que la Unión médica lleva más de 15 años advirtiendo de esta situación.
“Hemos recibido llamadas del hospital de Limón, de colegas metidos debajo de un escritorio porque anda un tipo armado en la consulta buscando a alguien para rematar. Nos hemos reunido con todas las gerencias, hemos ido a muchos lugares. Generamos los botones de pánico en algunas áreas: Barranca, Clínica Marcial Fallas, el Tony Facio… ejemplos de lugares donde hemos intervenido porque la situación se salió totalmente de las manos”, agregó.