El Estado podría declarar obligatoria la vacunación contra enfermedades contagiosas como la covid-19 con mecanismos que habilita la Ley General de Salud, con el fin de forzar al personal de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a ponerse las dosis.

Solo de esa manera el Gobierno y las instituciones públicas estarían en posibilidad de iniciar procesos sancionatorios contra funcionarios que se opongan.

Ese es un análisis que hace la abogada laboralista Paola Gutiérrez, de la firma Caboa Legal, luego de que 300 funcionarios de la CCSS, incluido profesionales en salud, declinaran inyectarse contra el nuevo coronavirus.

“El Ministerio de Salud debería valorar el interés nacional y conveniencia de declarar obligatoria la vacuna, aunque sea para los trabajadores específicos como los de la salud. Sin que se haya declarado obligatoria, veo difícil que pueda el patrono, en este caso la CCSS, obligar a sus trabajadores”, afirmó Gutiérrez.

Por su parte, el abogado Alejandro Trejos, de la firma legal BDS Asesores, concluyó que, en este momento, no existe una vía para comenzar procesos contra esos funcionarios.

“No existe un fundamento legal claro que permita afirmar la posibilidad del despido, pero podríamos ver intentos de regular ese tema en las próximas semanas”, aseguró Trejos.

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De acuerdo con la abogada en temas laborales, la Ley General de Salud habilita mecanismos para regular y solventar estos problemas.

En ese sentido, el artículo 150 de esa legislación establece la obligatoriedad de vacunación y revacunación contra las enfermedades transmisibles que el Ministerio de Salud determine.

Del mismo modo, el artículo 345 señala que será el ministro de Salud, Daniel Salas, el encargado de declarar obligatoria la vacunación contra ciertas enfermedades, para controlar la propagación de infecciones.

En diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos no declarar obligatoria la vacunación contra la covid-19 para toda la sociedad, no obstante, afirmó que habrá situaciones específicas donde será necesario.

“Tenemos que convencer y persuadir a las personas y hablar con ellos sobre esto. Hay circunstancias específicas en que los gobiernos tendrán que exigir estos requisitos de las vacunas, pero todos los que trabajamos en salud pública quisiéramos evitar que esto se convierta en un medio general para lograr que la gente se inmunice.

“Estaremos mucho mejor presentándole a las personas los datos, los beneficios y dejar que ellos decidan por sí mismos.

“Puede ser que haya situaciones en países donde haya circunstancias profesionales donde sea requerida la vacuna, o sea altamente recomendada. No podemos imaginar ciertas profesiones en hospitales como los técnicos respiratorios, los médicos y enfermeras en unidades de cuidados intensivos donde habrá una recomendación muy clara de que se vacunen para proteger a los trabajadores y a los pacientes”, afirmó el director de Emergencias de la OMS, Michael Ryan.

En ese sentido, Paola Gutiérrez afirmó que el Ministerio de Salud tiene la potestad legal de declarar la obligatoriedad de la inmunización contra la covid-19 para ciertos sectores, como, por ejemplo, los trabajadores de salud.

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Daniel Salas, jerarca del sector, dijo el jueves que no es recomendable la obligatoriedad.

“Como se ha indicado en otros momentos, no se recomienda establecer una vacunación obligatoria. La CCSS lleva una estrategia interna de diálogo con aquellas personas que no han mostrado anuencia a recibir la inmunización, con el fin de aclarar sus dudas” informó.

No obstante, Leandra Abarca, coordinadora del Programa de Inmunizaciones de la Caja, dijo que ellos solicitarían un criterio legal.

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Derechos

La Ley Nacional de Vacunación establece que es la Comisión de Vacunación y Epidemiología la que crea la lista oficial de vacunas obligatorias, la cual puede ser revisada periódicamente.

Junto con el Ministerio de Salud y la CCSS, esa instancia determina los sectores de la población que deben ser vacunados, y si las dosis son obligatorias o facultativas.

Gutiérrez señaló que el Código Civil permite a las personas oponerse a realizarse procedimientos médicos o a vacunarse, pero solo si esta no está dentro de la lista de inmunizaciones obligatorias.

La Caja confirmó que hay una lista de 309 trabajadores de hospitales que han manifestado su negativa a ponerse la vacuna que los protege contra la covid-19.

Estos funcionarios forman parte del primer grupo a los que se les aplica la dosis, precisamente, por su exposición a la enfermedad que produce el nuevo coronavirus y la labor fundamental que realiza.

La vacuna no solo protege a esos trabajadores de la salud contra la pandemia, sino también a los pacientes que atienden.