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El Gobierno acumuló en los últimos 10 meses una deuda de ¢50.000 millones con el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Se trata de la primera vez que el Estado se atrasa en los aportes al fondo de jubilación más grande del país.
La deuda corresponde a la cuota que debe pagar el Estado por el salario de cada trabajador. Hasta el 1.° de setiembre del 2016, la contribución era del 0,58%, pero, la Junta Directiva de la CCSS decidió que a partir de ese momento subiera a 1,24% (0,66 puntos porcentuales más), con el objeto de recaudar ¢54.000 millones adicionales por año.
El aporte de los patronos se mantuvo, en 5,08% y, en pocos días, el de los 1.450.000 trabajadores subirá en un punto porcentual en dos tractos, como lo dispuso la Junta Directiva desde enero.
La cuota obrera pasará de 2,84% a 3,84%: El 1.° de julio, medio punto porcentual y, el otro, a partir del 1.° de enero, con lo cual la CCSS espera recaudar ¢100.000 millones más por año para afrontar la crisis financiera del fondo de jubilaciones que beneficia a 250.000 retirados.
Los ¢50.000 millones de la deuda del Estado es el pendiente acumulado a hoy. De no saldarse la obligación, para el final del año se sumarían otros ¢33.000 millones, para un total de ¢83.000 millones, según cálculos de La Nación a partir de datos facilitados por la Caja.
El incremento de 0,66 puntos porcentuales en la cuota estatal lo acordó la Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) como parte de las medidas de corto plazo mientras se deciden acciones de largo plazo, dado que, desde el 2012, los ingresos del fondo se hicieron insuficientes para pagar las pensiones.
Hacienda ha venido pagando el monto correspondiente a la cuota anterior (0,58%), pero no ha abonado el aumento, al cual se opuso desde un principio. Desde ese año, se toman parte de las ganancias de las inversiones para hacer los pagos.
Al detallar cómo ha ido la morosidad estatal en aumento, Jaime Barrantes, gerente de Pensiones de la CCSS, dijo que de setiembre a diciembre del 2016 el acumulado llegó a ¢17.000 millones y, de enero a diciembre de este 2017 sumarán otros ¢66.000 millones más (los ¢83.000 millones citados anteriormente).
Barrantes es quien afirma que esta es la primera vez en la cual el Estado se atrasa en sus obligaciones con el seguro de IVM. La deuda histórica –aclaró– ha sido con el seguro de salud, que cubre los riesgos de enfermedad y maternidad.
Este año, la CCSS pretendía recoger ¢125.000 millones de la cuota estatal al IVM, ingreso que incluye la estimación por concepto del aumento en el aporte.
Hasta el momento, Hacienda no ha comunicado oficialmente cuándo y cómo saldará la deuda.
"Nos dicen que están negociando, pero no han enviado ninguna nota oficial", dijo Barrantes.
Desde el 8 de junio, este medio consultó el tema al nuevo presidente ejecutivo de la Caja, Fernando Llorca Castro, pero él delegó el tema en el Ejecutivo.
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"Es un tema de Hacienda y del Poder Ejecutivo. Ellos están trabajando en hacerle frente a esas obligaciones (...) El Estado, en Hacienda, ha venido analizando todas esas modificaciones y esas nuevas obligaciones que tienen que ser abordadas. Serán abordadas con la misma intención que, bajo el liderazgo del presidente, más bien se ha reconocido una gran parte de la deuda histórica del Estado con la CCSS", dijo Llorca.
"Esto lo quiero recalcar aquí porque el espíritu de esta administración es reconocer sus obligaciones con la Caja, como debe ser, porque la seguridad social así lo requiere...", agregó el funcionario sin entrar en detalles.
"Hemos venido reduciendo las deudas históricas, y esta, tengo entendido que no se va a prolongar ni se va a dejar de atender", sostuvo.
La Nación envió consultas al Ministerio de Hacienda desde el jueves 15 de junio, pero no fueron contestadas al cierre de esta nota.
Medidas paliativas
El aumento en la cuota estatal es solo parte de las medidas de corto plazo que ha establecido la Junta Directiva de la Caja en espera de una nueva reforma integral al régimen de IVM.
Un estudio actuarial de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica indicó que para mejorar la situación financiera del régimen es necesario considerar, entre otras posibilidades, un aumento en la edad de retiro (actualmente, en 65 años), un aumento en las cuotas o la disminución en el porcentaje del salario que recibirá el jubilado.
El estudio determinó que en el 2024 el IVM comenzará a usar las reservas del fondo para pagar las pensiones y, en el 2030, se agotarían esas reservas si no se toman medidas correctivas.
La reforma integral es analizada en una mesa de diálogo, integrada por empresarios, trabajadores y representantes del Estado. La mesa debería tener lista una o varias propuestas a más tardar el 17 de julio. La Junta Directiva de la CCSS es la que decidirá los ajustes finales, pues así lo dispone la Constitución Política en su artículo 73.
No obstante, la discusión de la mesa de diálogo se encuentra paralizada tras la salida temporal de los representantes patronales, que exigen al presidente aclarar su posición sobre el aumento de un punto porcentual en la cuota obrera, otro de los remedios de corto plazo.
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Comienzo atropellado
Cuando el 28 de julio del 2016 trascendió el acuerdo de la CCSS para incrementar el aporte del Estado de 0,58% a 1,24%, Hacienda catalogó de "inaceptable" la decisión de la Junta Directiva pues ese ajuste desencadenó una ola de aumentos en otros regímenes de pensiones.
Esa reforma implicó un aumento automático en el mismo porcentaje en la contribución anual del Estado al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial y a la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema).
En su momento, el ministro de Hacienda, Helio Fallas, criticó a la Caja por la medida, pues el plan se propuso como un subsidio y terminó convirtiéndose en un alza al aporte estatal.
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"Es que la Caja está convencida de que ellos le pasan la cuenta a Hacienda y que debemos pagarla, pero en el contexto del tema fiscal... o sea, parece que la Caja no es consciente de lo que sucede en el país", dijo Fallas en una entrevista con este medio, en agosto del 2016.
En octubre del 2015, el Gobierno canceló ¢25.000 millones para cubrir la deuda por cuotas complementarias y subsidiarias del Estado.
