El futuro del aumento salarial de ¢7.500 hasta ¢8.500 aprobado a los 63.000 funcionarios de hospitales y clínicas públicos, enfrenta a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual comenzó a discutir este jueves qué hacer con la decisión tomada una semana atrás.
Sin embargo, no se pudo hacer tal revisión porque la representante de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca), Marta Rodríguez, invocó el artículo 26 del Reglamento de Junta Directiva, con lo cual, cualquier discusión o votación se puede suspender por hasta ocho días. De ahí, que retomarán el tema hasta el jueves 22 de setiembre.
Sobre la mesa hay una moción, que no ha sido aprobada, para consultar a la Contraloría General de la República si la CCSS es sujeta de la aplicación de la regla fiscal, y en particular el congelamiento de salarios que impuso la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (conocida como reforma fiscal). Esta ley de 2018 indica que mientras el tamaño de la deuda pública sea mayor al 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre actualmente, se congelan los ajustes salariales en el sector público.
Adrián Torrealba, representante de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), confirmó a La Nación la existencia de esa moción para determinar si ese congelamiento “es aplicable a la Caja. La idea es hacerle una consulta a la Contraloría sobre ese tema. Esa moción, sin embargo, no se pudo conocer y votar porque uno de los directivos se acogió al artículo 26 del Reglamento, que es pedir tiempo para estudiar la situación y, entonces, se traslada la discusión para el próximo jueves”.
Sin embargo, La Nación supo por otra fuente que, de los nueve directivos, se cuentan con los votos de seis –los tres del Poder Ejecutivo y los tres de Uccaep– para someter a revisión el ajuste salarial aprobado. Ante esta situación, la representante de Undeca invocó el artículo 26 que suspende cualquier acto por ocho días. Los otros dos directores representan al solidarismo y cooperativas.
La Nación procuró este jueves conversar con el presidente ejecutivo de la CCSS, Álvaro Ramos, pero, no respondió a las solicitudes.
El presidente Chaves recomendó a los directivos de la CCSS revisar su decisión porque la sanción por no acatar la regla fiscal es la destitución.
“La preocupación es que existe un tema de legalidad. La Junta Directiva debió haber considerado, antes de aprobar el aumento, la ley 9635 (reforma fiscal), que dice claramente que el sector público, dada la situación de deuda que heredamos, no que creamos, no debe dar aumentos de sueldos.
“Y pronunciamientos de la Sala Constitucional donde, transparentemente, dicen que la Caja está exenta de la ley de Responsabilidad Fiscal en lo que se refiere a los gastos de las pensiones y del sistema de salud, nada más”, afirmó el mandatario en una transmisión de Telenoticias de Canal 7.
Adrián Torrealba Adrián Torrealba, directivo de la CCSS, confirmó que la Junta Directiva debate la situación del aumento salarial aprobado. (Mayela López)
