El Ministerio Público estudia si abre una investigación por las muertes de enfermos en espera de trasplante, reveladas por el Ministerio de Salud en una orden sanitaria emitida contra la CCSS, la semana anterior.
“Una vez que se concluya con ese análisis, en días próximos, se definirá si amerita o no la apertura de una investigación penal”, manifestaron los voceros.
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Un informe técnico tomado como base por el ministro de Salud, Daniel Salas, para girar una orden a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), reveló que, al menos, 21 enfermos han fallecido en lo que va del año mientras esperaban un trasplante de riñón.
El documento también destapa un conjunto de fallos en el programa de trasplantes de la Caja, que han provocado el descalabro de esa red.
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Entre ellos, la persistencia de problemas de administrativos como causantes de la pérdida de órganos para trasplantar, la inequidad en la distribución de órganos y tejidos, y la asignación de los disponibles sin cumplir con el criterio de gravedad del receptor establecido por ley.
Las autoridades de la institución, encabezadas por el gerente médico, Mario Ruiz Cubillo, informaron de que presentarán una propuesta de reordenamiento de esa red a la Junta Directiva, el próximo 7 de noviembre.
Defensoría: ‘Desidia administrativa intolerable’
La Defensoría de los Habitantes solicitará este miércoles a las máximas autoridades de la Caja, explicaciones urgentes ante lo revelado por el Ministerio de Salud.
El coordinador del área de Calidad de Vida, Juan Manuel Cordero González, confirmó, además, el apoyo absoluto a la orden sanitaria emitida.
"Coincidimos, con un apoyo decidido, con la orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud. Teníamos conocimiento que Salud vigilaba esto. Nos extrañó, más bien, la posición del gerente médico, quien les confirmó a ustedes que apelarán la medida.
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"Lo revelado es producto de desidia administrativa, y esto no es tolerable teniendo los recursos. Como Defensoría, hemos sostenido que la inequidad en la atención de enfermos entre los centros de atención médica en el país es inaceptable, y reprochable cuando existen los recursos para tratar como iguales a quienes lo son.
“No admitimos que haya personas de primera y segunda categoría en la administración pública; menos, tratándose de los servicios de salud”, dijo Cordero.
El funcionario reconoció que los análisis hechos a lo interno de la Defensoría revelan que el modelo de trabajo en red no ha funcionado por “inequitativo”.
